Teresa Peramato promete su cargo como fiscal general del Estado ante el Rey

El artículo 124 de la Constitución Española, que regula las competencias del Ministerio Fiscal y su papel en defensa de la legalidad, figuró de manera central durante la ceremonia en la que Teresa Peramato asumió la jefatura de la Fiscalía General del Estado. Este acto, celebrado en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela y presidido por el rey Felipe VI, se produjo tras la autorización otorgada por el Consejo de Ministros y la promesa de fidelidad a la Constitución por parte de Peramato. Según consignó el medio original, la nueva fiscal general tomó posesión del cargo en un contexto de crisis institucional provocada por la reciente condena de Álvaro García Ortiz, su predecesor, quien fue sentenciado a dos años de inhabilitación por la revelación de datos personales y presentó su dimisión, lo que trajo consigo inestabilidad en el Ministerio Público.

Durante el acto oficial, Peramato pronunció la fórmula de promesa ante el rey y otras autoridades, entre las que se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la presidenta del Congreso, Francisca Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino. Tal como detalló la fuente, el juramento no incluyó el gesto habitual de apoyar la mano sobre el texto constitucional, pero se efectuó ante un facsímil de la Constitución de 1978 abierto en el mencionado artículo sobre el Ministerio Fiscal, señalando la relevancia simbólica y normativa del acto.

Tras la salida de García Ortiz, cuya condena se debió a la revelación sin autorización de datos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, se reforzó la percepción de crisis al interior de la cúpula fiscal. El medio original reportó que este hecho agudizó la urgencia de restaurar la estabilidad, la confianza y la autonomía en la Fiscalía General del Estado, y en este escenario Peramato declaró su compromiso de "sanar" la situación interna de la institución. Su declaración pública ocurrió ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde evitó expresar posturas sobre las críticas lanzadas por el Partido Popular al fallo judicial, limitándose a afirmar: "No hago valoraciones", destacó el medio original. Esta respuesta buscó reducir la confrontación en el escenario político y centrar los esfuerzos institucionales en la reconstrucción de la confianza interna.

Durante la comparecencia ante la citada comisión parlamentaria, Peramato debió responder sobre su idoneidad y su experiencia profesional, así como las estrategias que implementaría para responder a la crisis derivada de la condena y renuncia de su antecesor, informó el medio original. El perfil profesional de Teresa Peramato comprende treinta años en el ámbito de la carrera fiscal, con pasos previos por las fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona; posteriormente se estableció en Madrid, desempeñándose desde 2005 como fiscal delegada en casos de violencia de género. Esta especialización ha marcado su ejercicio profesional y se perfila como uno de los ejes prioritarios en su actuación al frente del Ministerio Público, según reflejó el medio.

La toma de posesión se desarrolló siguiendo los protocolos habituales en los relevos de la Fiscalía General y estuvo rodeada por una amplia representación institucional, reflejando el interés de los poderes del Estado en la estabilidad del órgano rector del Ministerio Fiscal. La cobertura de la ceremonia por el medio original subraya el contexto de presión existente sobre la independencia de la Fiscalía y la necesidad de consolidar su autonomía de los poderes políticos. Durante la evaluación parlamentaria previa, Peramato remarcó la importancia de fortalecer la cohesión interna, recuperar la legitimidad institucional y reestablecer la confianza en el funcionamiento de la Fiscalía, además de insistir en el cumplimiento del principio de legalidad en todos los procesos.

El enfoque en la protección de los derechos fundamentales, especialmente en relación con la igualdad y la defensa de los sectores más vulnerables, se mantendrá, conforme a su trayectoria, como un pilar en la agenda de la nueva fiscal general, de acuerdo con lo que el medio ha documentado a través de sus intervenciones anteriores y actuales. Este posicionamiento coincide con el momento en que la gestión de datos personales y la transparencia institucional han ganado atención tanto en los medios como en el debate político, debido a los hechos que motivaron la salida de García Ortiz.

Durante el desarrollo del proceso institucional, la comunicación de Teresa Peramato ha sido caracterizada, según lo publicado, por un perfil técnico y contenido, priorizando la presentación de sus credenciales y la exposición de criterios estrictamente legales antes que las declaraciones de índole política. El medio destaca que su vínculo profesional con Salamanca y la especialización en violencia de género constituyen referencias constantes en su discurso público, proyectando tanto continuidad como enfoque experencial en su liderazgo.

La participación de miembros de los ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la ceremonia refuerza la importancia atribuida a la normalización del Ministerio Público tras un periodo de incertidumbre y cuestionamientos, señaló la fuente. El Gobierno interpreta la elección de Teresa Peramato como una señal de apuesta por la experiencia y la rigurosidad profesional en el momento en que la Fiscalía General del Estado enfrenta un escrutinio renovado sobre la transparencia, la independencia de sus actuaciones y el cumplimiento de la legalidad. Según la información documentada, la prioridad inmediata de la nueva titular será la reconstrucción de la legitimidad institucional y la estabilidad en el funcionamiento interno, junto a la promoción de políticas que fortalezcan la protección de los derechos ciudadanos y el principio de igualdad.

La transición en la Fiscalía General del Estado, reportó el medio, trasciende el espacio jurídico para situarse en el centro del debate público sobre la autonomía del poder judicial en España y la capacidad de las instituciones para responder a situaciones de crisis, consolidando la confianza social en su funcionamiento y en los mecanismos de control y defensa de los derechos fundamentales.