Sumar quiere llamar a Revuelta y Vox a la comisión del Congreso para saber qué pasó con el dinero recaudado tras la dana

En la mesa de la comisión parlamentaria se ha planteado una ampliación del listado de comparecientes para los próximos días, con la propuesta de convocar a representantes tanto de Revuelta como de Vox, y analizando el posible llamado de portavoces del Gobierno valenciano y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Este movimiento ocurre tras la denuncia interpuesta por Arturo Villarroya, exdirigente de Revuelta y asesor político del eurodiputado Jorge Buxadé (Vox), ante la Fiscalía, en la que se señalan supuestas irregularidades en la gestión de los fondos recabados tras la dana. De acuerdo con la información publicada por el medio de referencia, Sumar solicita a la Comisión del Congreso que aclare el destino de las donaciones reunidas para los afectados por la catástrofe.

El medio detalló que la denuncia presentada por Villarroya cuestiona tanto el destino de las ayudas a los damnificados por la dana como el presunto cobro de cuotas de afiliación sin proporcionar derechos asociados. Estas alegaciones, según la fuente, han generado inquietud en Sumar, aludiendo a la ausencia de datos claros sobre el reparto de los fondos recabados para los damnificados y señalando, además, la posible vinculación de representantes de la esfera política conservadora. Tal como consignó el medio, la iniciativa de Sumar busca interrogar en sede parlamentaria a portavoces de Revuelta y Vox para esclarecer si hubo un aprovechamiento ilícito de la solidaridad ciudadana, considerando la gravedad de una administración poco transparente en contextos de catástrofe.

Nahuel González, diputado de Sumar, explicó públicamente que la inquietud radica en la sospecha de que parte de la extrema derecha pudo beneficiarse económicamente de la tragedia, a través de supuestas campañas de recaudación de fondos que, según sus declaraciones citadas por el medio, pudieron derivar en lucro a costa de la buena fe ciudadana: “la dana fue una tragedia terrible y mientras nuestra gente se moría, nos enteramos ahora de que una parte de la extrema derecha utilizó una supuesta recaudación de fondos y la buena voluntad de la gente para lucrarse, para desviar el dinero”.

La denuncia presentada ante la Fiscalía, según lo reportado, articula dos ejes principales: la falta de supervisión efectiva en la administración de las ayudas solidarias, y la percepción indebida de cuotas de afiliación. Esta acción judicial desencadenó la petición inmediata por parte de Sumar de una investigación en el Congreso, orientada a identificar si la gestión de los fondos solidarios incluyó desvíos o fue utilizada por intereses ajenos a los fines altruistas iniciales. Además, el medio precisó que la petición parlamentaria no descarta la posible comparecencia del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ante las sospechas de vínculos estrechos con Revuelta.

Vox, por su parte, rechazó categóricamente cualquier relación estructural con la organización joven Revuelta y aclaró que esta agrupación no pertenece formalmente al partido, refiriendo el medio que también Revuelta negó de forma taxativa las acusaciones, desestimando la existencia de estafa o desvío de fondos como asegura Villarroya.

El procedimiento previsto por Sumar incluye, según el medio, al menos una reunión crucial de la comisión en la próxima semana, tras la cual podrían celebrarse una o dos sesiones en enero, si bien no se ha confirmado la convocatoria de portavoces de Vox o Revuelta. Simultáneamente, la diputada de Compromís, Agueda Micó, propuso llevar el caso al Tribunal de Cuentas, con la finalidad de auditar el flujo y destino de las donaciones solidarias para los damnificados por la dana, lo que podría dotar a la investigación de una dimensión técnico-jurídica.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís y miembro también de Sumar, defendió a través de su cuenta en la red social X que la investigación debería alcanzar dimensión penal y ser coordinada por la Audiencia Nacional. Según la cita recogida por el medio, “la Audiencia Nacional debe investigar ‘al entorno’ de Abascal, a los cachorros de Vox, por banda criminal. Mala gente envuelta en la bandera que robaba a quienes intentaban ayudar a familias destrozadas por el barro”.

El medio reseñó que Sumar argumenta la necesidad de garantías de máxima transparencia en la fiscalización del destino de fondos en emergencias y exige que el Congreso actúe hasta eliminar cualquier duda sobre la gestión de los recursos. Nahuel González insistió en que todo el proceso debe producirse con celeridad y ratificó que el caso adquiere gravedad por el supuesto beneficio a costa de las personas afectadas por la catástrofe.

La propuesta de ampliación de la investigación parlamentaria cuenta con el respaldo de los partidos que conforman la coalición de investidura, lo que permitiría avanzar con prontitud en los llamamientos a comparecer. Así lo refirió el medio, indicando que la agenda institucional prevé tomar las primeras decisiones en relación con el caso a comienzos del próximo año, en función de la composición definitiva de la lista de comparecientes.

Hasta el momento, la investigación se había enfocado en los efectos sociales y económicos de la dana. No obstante, ahora podría abarcar también la revisión de los sistemas solidarios, los mecanismos de control aplicados en la recaudación y la identificación de responsables en posible desvío de fondos, de acuerdo a la información publicada. El procedimiento refleja la preocupación de entidades y plataformas de apoyo a los perjudicados por la tragedia, y sitúa en el debate público el asunto de la transparencia y la fiscalización de las iniciativas solidarias en situaciones de emergencia.

Según indicó el medio, las posiciones de los principales partidos continúan ajustándose respecto a las responsabilidades y los límites de la investigación, mientras la atención comunicativa se mantiene centrada en la evolución de una pesquisa que, además de escrutar el uso de fondos y ayudas, pone a prueba la credibilidad de las campañas impulsadas en este tipo de contextos. De este modo, el curso de las pesquisas y los procedimientos jurídicos y parlamentarios mantiene abierta la cuestión sobre la fiscalización de los fondos y las relaciones entre organizaciones juveniles y partidos implicados, consolidándose como uno de los principales asuntos en la agenda pública e institucional que recoge el medio de referencia.