
El debate en el Congreso de los Diputados giró en torno al futuro del Sáhara Occidental y la preocupación por la falta de compromiso claro con el derecho de autodeterminación, un asunto que, según expresaron varios grupos parlamentarios, podría prolongar la inestabilidad en la región y repercutir en las relaciones entre Marruecos, Argelia y España. En este contexto, la sesión plenaria estuvo marcada por el cuestionamiento al respaldo ofrecido por el Gobierno español al plan de autonomía propuesto por Marruecos, así como la reiterada exigencia de mayor transparencia respecto a los acuerdos alcanzados con Rabat, de acuerdo con la información recogida por Europa Press.
Durante la comparecencia en la Cámara baja, solicitada por el Partido Popular, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ofreció explicaciones sobre la actual política española después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó el mandato de la Misión para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) e instó a avanzar en negociaciones fundamentadas en el plan marroquí. Europa Press detalló que tanto representantes de la oposición como socios del propio Ejecutivo recordaron el cambio de postura del Gobierno respecto a este conflicto y resaltaron la falta de información detallada sobre los compromisos pactados con el Gobierno marroquí.
Las intervenciones críticas no se limitaron a palabras, sino que señalaron aspectos concretos del proceso. Carlos Floriano, portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Popular, denunció que el Congreso carece de claridad sobre el contenido del plan presentado por Marruecos y lamentó la ausencia de consenso entre las fuerzas políticas. Floriano declaró que “la falta de transparencia y oscurantismo son las constantes en la relación con Marruecos”, acusando al Gobierno de priorizar los intereses de Rabat y de alejarse de la tradicional defensa de los derechos del pueblo saharaui. Europa Press especificó que estas críticas se extendieron al terreno de la política fronteriza y aduanera, particularmente en lo relativo a la situación en Ceuta y Melilla, territorios para los que, según el Partido Popular, continúan pendientes compromisos desde la hoja de ruta acordada en abril de 2022.
Vox sumó su voz al poner en duda la seguridad y el uso de nomenclaturas marroquíes en los comunicados oficiales españoles, e insistió en la falta de garantías para ejercer una autonomía real en el contexto político actual de Marruecos. Carlos Flores Juberías, portavoz de Vox en la correspondiente comisión, amplió estas críticas durante la sesión.
La controversia respecto a la política del Gobierno trascendió las filas opositoras. Entre los partidos aliados del Ejecutivo se manifestaron también discrepancias por el giro en la posición española. Tesh Sidi, diputada de Sumar y de origen saharaui, destacó ante el Congreso, según Europa Press, que el apoyo al plan marroquí difiere de lo comprometido en el programa electoral socialista de 2019. Sidi censuró que el ministro Albares apenas hiciera mención a la situación de los refugiados saharauis, e introdujo cuestiones adicionales como la distribución y control de aguas en Canarias, el estatus de Ceuta y Melilla, y la gestión migratoria, ejemplificada por la llegada de menores en 2022.
Agustín Santos, también de Sumar, recordó la importancia de que cualquier esfuerzo político incluya el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, advirtiendo sobre el impacto regional que podría acarrear la omisión de este derecho, según consignó el medio Europa Press. Formaciones como Esquerra Republicana subrayaron la incongruencia del Ejecutivo, al apoyar el acuerdo agrícola que la Unión Europea mantiene con Marruecos mientras, a su juicio, el proceso de descolonización del Sáhara Occidental sigue abierto. Francesc Álvaro Vidal, diputado de ERC, puso en evidencia lo que consideró un doble estándar en el Gobierno, al contrastar la defensa de los derechos humanos en Palestina con el silencio respecto a la situación en el Sáhara.
Junts, a través de su portavoz Marta Madrenas, pidió aclaraciones sobre si España seguirá respaldando un referéndum de autodeterminación en el territorio, señalando la larga duración del conflicto y la falta de responsabilidad histórica asumida por el Estado español. El diputado Jon Iñarritu, de EH Bildu, se sumó a los cuestionamientos en torno a la consistencia del reconocimiento a Palestina y a la débil aceptación, tanto interna como externa, de la actual política sobre el Sáhara, como recogió Europa Press.
El Partido Nacionalista Vasco, por medio de Maribel Vaquero, solicitó al ministro explicaciones sobre la actitud del Gobierno ante el reconocimiento del derecho de autodeterminación, opinando que la actual postura contribuye a fortalecer la posición internacional de Marruecos sobre el territorio. Podemos abordó otro ángulo en voz de Javier Sánchez Serna, quien advirtió, de acuerdo con Europa Press, sobre posibles efectos de la estrategia de Estados Unidos y la Unión Europea, que podrían encumbrar a Marruecos como referencia política en el norte de África y afectar de manera directa a Ceuta, Melilla, Canarias y las relaciones de España con Argelia.
El ministro José Manuel Albares respondió defendiendo la transparencia y la legitimidad del enfoque gubernamental, argumentando que este coincide con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional. Detalló que la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU recibió el apoyo de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Grecia, Guayana, Panamá, Corea del Sur, Sierra Leona, Eslovenia y Somalia, mientras que China, Rusia y Pakistán se abstuvieron y no hubo votos en contra. Dirigiéndose a los diputados, cuestionó: “¿Todos ellos están equivocados?”, reportó Europa Press.
En lo que respecta a las preocupaciones sobre el papel de Canarias en las relaciones bilaterales con Marruecos, Albares aclaró que la participación de las autoridades canarias ocurre solo si la agenda lo requiere, remarcando que las cumbres bilaterales implican exclusivamente a representantes nacionales.
Europa Press informó que las demandas de claridad y transparencia dominaron la discusión en la Cámara, con reiteradas exigencias para salvaguardar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y esclarecer los compromisos adquiridos con Marruecos desde el Gobierno central. El resultado inmediato fue la acentuación de las diferencias tanto en el seno de la coalición gubernamental como en el conjunto de la oposición, todo ello en un contexto de incertidumbre respecto a la política exterior española y la nueva orientación de su respaldo al plan autonomista de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
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