PP, PSOE, Vox y PNV apoyan la ley de multirreincidencia de Junts en el Congreso con Sumar, Bildu y Podemos, en contra

La reforma penal actualmente bajo estudio en el Congreso prevé la incorporación de penas de entre uno y cinco años de prisión para quienes suministren combustibles a embarcaciones identificadas como narcolanchas, propuesta que, según El País, busca atacar el apoyo logístico a redes de narcotráfico y ampliar el alcance de la persecución penal a colaboradores indirectos con estructuras criminales de alto impacto socioeconómico. Esta nueva previsión se enmarca dentro de un paquete de cambios legislativos impulsados por Junts y respaldados en la Comisión de Justicia por PP, PSOE, Vox y PNV, y enfrentados a la oposición de Sumar, EH Bildu y Podemos, mientras que Esquerra Republicana adoptó una postura de abstención.

El País detalló que la iniciativa avanza una batería de endurecimientos penales, dirigida especialmente contra la multirreincidencia en delitos leves, e introduce la obligación para los jueces de imponer restricciones territoriales a personas con condenas reiteradas por hurtos o fraudes, además de la posibilidad de decretar penas de prisión que hasta ahora solo admitían multa. De este modo, la modificación propuesta busca cambiar tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo declarado por sus promotores de dotar al sistema judicial de herramientas más eficaces para responder a delitos de baja gravedad, cuya reiteración habría generado preocupación social y denuncias de impunidad.

Según consignó El País, a partir de acuerdos previos entre Junts, el Partido Popular y el PNV, el texto de la reforma recoge nuevos artículos enfocados en castigar de manera agravada la persistencia en la comisión de hurtos, estafas y otras conductas repetitivas. En particular, la reforma habilita a los jueces a dictar sentencias de hasta tres años de prisión para quienes acumulen al menos tres condenas previas por delitos leves contra la propiedad, suprimiendo en esos casos el recurso habitual de la sanción exclusivamente económica. Esta sanción se acompaña de una agravante particular orientada a desincentivar la reincidencia, aunque, tal como especificó El País, la multa de uno a tres meses se mantiene para los hurtos que no superen los 400 euros si no concurren circunstancias agravantes.

Por otra parte, la reforma contempla agravantes específicas en el ámbito de los fraudes. En función del daño económico sostenido y las dificultades para prevenir la repetición de conductas únicamente con las sanciones previas, los jueces podrán imponer respuestas más severas, buscando proteger a las víctimas ante perjuicios continuados. El País sostuvo que estas disposiciones buscan mejorar la eficacia de la administración de justicia frente a delitos considerados de bajo perfil pero de alta incidencia para la ciudadanía.

La protección de la información personal adquiere un peso relevante en la nueva normativa, incorporando agravantes para robos de teléfonos y otros dispositivos móviles en activo o con uso comercial, quedando excluidos de estas disposiciones los aparatos sin activar o fuera de cualquier tipo de operatividad. Esta distinción permite clasificar con mayor precisión la gravedad de los hechos y el impacto patrimonial y en la privacidad que el delito puede generar, según relató El País.

Durante el debate parlamentario, los representantes de cada grupo expresaron posiciones contrastantes sobre el alcance y la filosofía de la reforma. Marta Madrenas, en representación de Junts, defendió la medida como una respuesta directa a la reiteración de delitos leves y reclamó contundencia frente al sentimiento de impunidad, reclamando una mayor seguridad ciudadana e insistiendo en mantener la proporcionalidad de las sanciones. El PNV, a través de Mikel Legarda, fundamentó su apoyo en la demanda social de respuestas más duras, aunque señaló la necesidad de evitar excesos y preservar la proporción en el derecho penal, conforme a declaraciones recogidas por El País.

Mientras tanto, la portavoz del PSOE, Mercè Perea, justificó el respaldo de su grupo por la demanda de asociaciones vecinales y autoridades locales, al considerar que el texto final cumple criterios avalados desde ámbitos académicos y sectores progresistas. El Partido Popular, de acuerdo con la crónica de El País, defendió que la reforma permitirá descongestionar la labor policial y judicial, elevando la capacidad de respuesta ante lo que consideró criminalidad de baja intensidad. Por parte de Vox, Carina Mejías señaló que la iniciativa responde a la percepción social de impunidad ante la reincidencia en delitos leves y justificó la introducción de sanciones más severas.

En contraste, los partidos que votaron en contra trasladaron inquietudes respecto a los posibles efectos desproporcionados de la reforma. Enrique Santiago, de Sumar, señaló, tal como publicó El País, que la reforma introduce una lógica altamente punitiva, susceptible de derivar en condenas excesivas para conductas de escasa gravedad, y atribuyó el consenso parlamentario a acuerdos entre sectores conservadores y Junts. Jon Iñarritu, de EH Bildu, alertó sobre el riesgo de que las restricciones territoriales contempladas superen los límites establecidos por el Tribunal Constitucional para las sanciones penales. Martina Velarde, en representación de Podemos, afirmó que la reforma podría perjudicar sobre todo a personas sin recursos, mientras que responsables de delitos económicos más serios no entrarían en el ámbito de la ley. Según El País, Pilar Vallugera, de Esquerra Republicana, argumentó que basar la política criminal en percepciones sociales podría no surtir los efectos deseados y advirtió sobre el riesgo de frustración social si no se alcanzan los objetivos de reducción de la reincidencia.

El cuerpo de la ley redefine las competencias de la justicia para imponer prohibiciones de acceso a determinados municipios, provincias o comunidades autónomas a reincidentes, pudiendo, además, restringir contactos entre condenados y víctimas, aplicando la protección tanto a personas físicas como a colectivos específicos. De acuerdo con El País, estos instrumentos pretenden agilizar y adaptar la capacidad judicial a la lucha contra la reincidencia en delitos menores en todo el ámbito nacional.

En cuanto a los criterios que permitirán agravar la respuesta penal ante estafas, la normativa establece que el error relevante de la víctima, el ánimo claro de lucro y el perjuicio económico real deben concurrir para que el agravante resulte aplicable, según los detalles aportados por el medio.

La tramitación parlamentaria de la reforma se vio condicionada por desacuerdos entre socios de gobierno, lo que motivó retrasos en el calendario previsto hasta que una aproximación entre PSOE y Junts facilitó el desbloqueo de las negociaciones y permitió la aprobación inicial por parte de la Comisión de Justicia, reportó El País. La votación ante el Pleno del Congreso se prevé entre los meses de enero y febrero, tras lo cual el texto será remitido al Senado para su análisis y posible confirmación, describió el periódico.

El País analizó que el nuevo marco legislativo implica una readaptación significativa en la persecución de la multirreincidencia en delitos de escasa gravedad, modificando la respuesta tradicionalmente basada en multas y abriendo la puerta a sentencias privativas de libertad y a medidas restrictivas de libertad de movimientos. El refuerzo de agravantes respecto al uso de información personal robada y la introducción de artículos específicos contra el suministro de combustible a narcolanchas muestran, para el medio, una ampliación del espectro de acción penal frente a nuevas realidades criminales.

El debate político y social sobre la proporcionalidad, la eficacia preventiva de la ley y su encaje en los límites constitucionales sigue abierto, según la cobertura y el análisis publicados por El País.