
Las críticas y recelos sobre la imparcialidad de la justicia no deberían provenir de quienes han estado directamente involucrados en la creación y legitimación del sistema judicial español. Así lo sostuvo Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, al analizar el impacto de recientes sentencias como la que afectó al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la reacción de los principales partidos. Según detalló Europa Press, García-Page instó al Partido Popular (PP) y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a no deslegitimar el modelo judicial que ambos han pactado y defendido durante décadas, señalando que solo quienes permanecen al margen de los acuerdos fundacionales deberían cuestionar la legitimidad de los órganos de justicia.
El medio Europa Press informó que estas declaraciones se produjeron durante una entrevista emitida en La Sexta, en la que García-Page abordó la creciente confrontación política en torno a decisiones judiciales. Según subrayó el mandatario autonómico, utilizar el debate judicial como herramienta para el enfrentamiento partidista solo aumenta la crispación y la desconfianza ciudadana. García-Page hizo hincapié en que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional derivan de fórmulas de consenso impulsadas por PP y PSOE, cuyo respaldo histórico confiere legitimidad a estos órganos. Por ello, llamó a las formaciones mayoritarias a ejercer la responsabilidad que les corresponde ante la opinión pública.
Según explicó Europa Press, García-Page manifestó que alimentar campañas que desacrediten a las instituciones judiciales pone en riesgo la estabilidad y la cohesión del sistema político español. El presidente regional recalcó que los órganos responsables de sentencias mediáticas, como la emisión del fallo contra García Ortiz, cuentan con una legitimidad obtenida a través de acuerdos políticos amplios y prolongados. Según sus palabras, erosionar esa legitimidad tiene consecuencias negativas para la confianza social y para la integridad democrática.
En la entrevista, según consignó Europa Press, García-Page hizo referencia a la existencia natural de discrepancias en las deliberaciones de los órganos judiciales colegiados. Mencionó como ejemplo la sentencia del caso Gürtel para ilustrar que la diversidad de criterios entre magistrados forma parte de la operativa normal del sistema, sin que ello deba interpretarse como motivo suficiente para poner en duda la neutralidad o la validez del modelo judicial configurado.
El mandatario castellano-manchego, según publicó Europa Press, reiteró que el cuestionamiento sobre la imparcialidad del sistema no debería surgir de quienes diseñaron y avalaron los mecanismos de elección y funcionamiento de los órganos de justicia. Insistió en que las normas y estructuras de estos organismos han sido consensuadas, y que quienes participaron en ese proceso comparten la responsabilidad de apoyar las resoluciones judiciales que de él emanan.
Europa Press expuso que García-Page situó la actual confrontación sobre sentencias y organismos judiciales dentro de lo que definió como una "guerra de relatos" promovida desde el panorama político nacional. El presidente apuntó que los debates y controversias sobre el significado de los fallos judiciales responden en mayor medida a la lógica de la rivalidad partidista que a objeciones jurídicas fundamentadas contra la legitimidad institucional.
De acuerdo con lo que relató Europa Press, García-Page manifestó su inquietud por la tendencia a convertir cada fallo relevante en motivo de controversia y cuestionamiento sistemático, fenómeno que, a su juicio, se intensificó tras el caso García Ortiz y otros procesos de alta exposición mediática. Sostuvo que, al prolongarse esta dinámica cuando las sentencias ya se encuentran ratificadas, se sostiene artificialmente un entorno de tensión y desconfianza en la justicia.
Según reportó Europa Press, el presidente autonómico remarcó que la función del político responsable consiste en defender la integridad y legitimidad de las instituciones públicas. García-Page subrayó que partidos como el PP y el PSOE, al haber protagonizado los consensos para el diseño del modelo judicial, están obligados a adoptar un papel constructivo que evite dañar la confianza ciudadana en el sistema. Para él, el debate sobre la legitimidad debería limitarse a las formaciones al margen de esos acuerdos, sin que los actores principales alimenten dudas desde la propia estructura institucional.
Europa Press precisó que el presidente abordó la preocupación por la repetición de este tipo de conflictos cada vez que se emiten resoluciones judiciales con impacto público. García-Page advirtió que, si los discursos partidistas siguen trasladando la polémica a la cuestión de la imparcialidad judicial, se fomentará la polarización social y se debilitarán los fundamentos del pacto institucional sobre el que descansa el sistema de justicia.
En sus intervenciones, de acuerdo a la cobertura de Europa Press, García-Page defendió la necesidad de cerrar el debate sobre la validez de las sentencias cuando estas se consolidan jurídicamente. Estimó que esta actitud contribuye al funcionamiento regular de las instituciones y permite conservar el equilibrio político y social inherente al modelo español de justicia.
El análisis del presidente manchego, según la información difundida por Europa Press, trascendió el caso puntual del exfiscal general, ya que buscó advertir contra el peligro de que los partidos responsables de la arquitectura judicial lideren movimientos orientados a deslegitimar los fallos que derivan de organismos creados y respaldados por ellos mismos. García-Page concluyó llamando a blindar la confianza pública y reforzar la integridad de los órganos judiciales ante los riesgos derivados del debate político, que podría minar el sistema institucional pactado y consensuado a lo largo de los años.
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