Nadal (PP), tras el fichaje del expresidente del PNV: "¿Para esto quería entrar el Gobierno en Telefónica?"

El reciente fichaje de Andoni Ortúzar, exdirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), y de Marcos Contreras, vinculado a CriteriaCaixa, como consejeros en Movistar+, ha suscitado respuestas inmediatas dentro del nacionalismo vasco y en ámbitos políticos a nivel nacional. Según Europa Press, Maitane Ipiñazar, parlamentaria y secretaria del Euzkadi Buru Batzar, indicó que en el seno del PNV se percibe este tipo de designaciones como habituales, considerando el perfil profesional y la experiencia de Ortúzar tanto en el sector público como en el privado como factores que acreditan su participación en la dirección de la compañía. Estos movimientos, sin embargo, se producen en paralelo a la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a cerca de 6.000 trabajadores de Telefónica, situación que ha acentuado el escrutinio político y social sobre los procesos de selección de altos cargos en empresas estratégicas.

De acuerdo con Europa Press, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia de Marc Murtra, presidente de Telefónica, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para dar explicaciones acerca de los recientes nombramientos en la filial de contenidos Movistar+ y detallar las pautas que han guiado la integración de perfiles como el de Ortúzar y Contreras en la alta dirección. La petición parlamentaria se produce mientras Telefónica avanza en su plan de reestructuración, en el que la reducción de plantilla se contempla como una de las principales medidas en discusión dentro de la negociación colectiva.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sumó un elemento distintivo al debate al señalar en un acto público, según recogió Europa Press, la existencia de presuntos acuerdos políticos que facilitarían la entrada de representantes de diferentes fuerzas —desde la derecha nacionalista vasca hasta la izquierda independentista catalana y bilduetarra, según sus palabras— en puestos de dirección en empresas estratégicas. “Esta coalición no va a romper porque a los socialistas, a la derecha nacionalista vasca, a la izquierda bilduetarra, a los independentistas catalanes, de izquierda a derecha, les une el amor por intereses privados, la colonización de empresas y los sillones en instituciones públicas”, afirmó Ayuso, citada por el mismo medio.

Entre las voces del Partido Popular que manifestaron inquietud ante estos acontecimientos figura Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, quien en la red social X cuestionó: “¿Para esto quería entrar el Gobierno en Telefónica?”. La frase, difundida por Europa Press, refleja la línea argumental del PP sobre la supuesta intervención del Ejecutivo en la gestión de los recursos humanos y el liderazgo de empresas como Telefónica. Sergio Sayas, portavoz adjunto popular, remarcó por su parte la coincidencia entre el proceso de despidos y la incorporación de dirigentes políticos: “En plena negociación de despidos, sí tiene un puesto para el PNV, le da un puestazo a Ortúzar. Así funciona el sanchismo: Contra los trabajadores pero con los amiguetes”. Estas expresiones, consignadas por Europa Press, amplifican la polémica y refuerzan el cuestionamiento sobre la legitimidad y el trasfondo de las recientes designaciones.

El nombramiento de Marcos Contreras, vocal independiente de CriteriaCaixa ―accionista relevante de Telefónica―, también fue destacado por Europa Press como parte de la remodelación de la cúpula de Movistar+. Sobre el perfil de Andoni Ortúzar, el medio detalló su formación en Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco, así como una trayectoria profesional ligada a la comunicación institucional y a la gestión pública y mediática, incluidas sus funciones en EiTB y la presidencia del PNV. Desde el círculo nacionalista vasco, según Europa Press, se ha defendido la idoneidad de Ortúzar para desempeñar funciones de responsabilidad empresarial, basándose en su experiencia y competencias en ámbitos diversos.

A raíz de estos nombramientos, el PP no solo reclamó explicaciones en sede parlamentaria, sino que envió varias preguntas escritas al Gobierno con el objetivo de esclarecer la cadena de toma de decisiones que ha desembocado en la incorporación de nuevos nombres a la dirección de Telefónica y su filial. Según expuso Europa Press, estas iniciativas pretenden arrojar luz sobre la relación entre las reestructuraciones internas y la posible influencia de acuerdos políticos en sectores claves de la economía.

Europa Press remarcó que la situación de incertidumbre ha intensificado la atención sobre los criterios de selección y las prácticas de buen gobierno dentro de empresas consideradas estratégicas. Telefónica, en este proceso de redefinición organizativa, encara tanto la presión interna de los trabajadores afectados por el ERE como la externa generada por la opinión pública y el debate parlamentario. La secuencia de acontecimientos mantiene el interés de distintos actores políticos y empresariales, que observan de cerca los pasos de la compañía y las justificaciones que puedan presentarse en torno a la dirección tomada dentro del holding y especialmente en Movistar+.

Según expone Europa Press, las iniciativas del Partido Popular se sitúan en un contexto parlamentario de vigilancia frente a las posibles consecuencias que los acuerdos políticos puedan tener sobre la gestión de empresas con peso en la economía española. El seguimiento por parte del medio apunta también a que la controversia rebasa el marco puntual de los despidos y las designaciones para implicar cuestiones de gobernanza, transparencia y el equilibrio entre intereses públicos y privados en la configuración de la cúpula empresarial de Telefónica.

La cobertura de Europa Press concluye que la evolución del caso continúa siendo monitoreada, con expectativas sobre una respuesta institucional que permita esclarecer la motivación y el alcance de los cambios en la alta dirección de la operadora. El desarrollo de este proceso queda así a la espera de nuevos pronunciamientos tanto desde el Parlamento como desde la dirección de Telefónica y su filial Movistar+.