En su declaración judicial, Pilar Montes relató que fue la encargada de gestionar una reserva en el restaurante El Ventorro para el expresidente Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana el día en que se produjo la tragedia de la dana, gestión realizada una semana antes del suceso y sin que existiera ninguna solicitud previa para otro local. Según informó el medio, Montes también precisó que, por instrucciones de Mazón, la factura de dicha comida la asumiría el Partido Popular, y añadió que ha realizado otras reservas en el mismo establecimiento, las cuales también fueron abonadas por la formación política. A partir de estos hechos logísticos, la testigo vinculada estrechamente al gabinete del entonces presidente ofreció detalles ante la jueza de Catarroja sobre las actuaciones de la agenda oficial y las comunicaciones mantenidas el día de la catástrofe que dejó 230 víctimas mortales.
De acuerdo con lo publicado por el medio, Pilar Montes, quien actualmente ocupa el cargo de directora general de Relaciones Institucionales, aseguró en calidad de testigo que la tarde del 29 de octubre de 2024 no recordaba haber mantenido una conversación telefónica con el expresidente Mazón. No obstante, indicó que intercambiaron mensajes vinculados a un viaje previsto para el día siguiente. Tal como consignó la fuente, Montes respondió a preguntas sobre el listado de llamadas presentado por Mazón ante Les Corts, incorporado a la causa, y en el que constaba una comunicación a las 19:42 horas entre ambos. Sin embargo, la testigo expresó: "Esa llamada la he visto publicada", reiterando que no recordaba haber conversado directamente con Mazón a esa hora.
Según detalló la publicación, la mañana de la catástrofe, Salomé Pradas, por entonces consellera de Justicia e Interior, remitió a Montes un documento titulado "Resumen Dana" para que lo imprimiera y lo entregara a Mazón. Este documento estaba vinculado a una comparecencia pública prevista sobre el temporal. Montes, tras imprimir los materiales, los entregó al conserje del Palau para que el expresidente los recibiera antes de su comunicación con la prensa.
El medio también reportó que, en lo relativo a la gestión de la agenda institucional, Montes sostuvo que Mazón tenía la tarde libre y sin actos oficiales agendados para el 29 de octubre. Añadió que, cuando el presidente abandona el Palau, incluso aunque la agenda sea privada, el equipo de seguridad activa un protocolo especial, información que se traslada previamente al jefe de seguridad y a los conductores. La agenda de actos fue enviada al personal correspondiente el día previo a la tragedia.
Durante su testimonio, Montes explicó que solo mantuvo esa tarde contacto por WhatsApp con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, interacción que no guardó relación con la emergencia por la dana. Detalló que alrededor de las 20:00 horas Cuenca la instruyó sobre la necesidad de cancelar la agenda en Madrid correspondiente al día posterior a los hechos. Posteriormente, Montes verificó si también debía suspender los compromisos de Mazón en Alicante programados para el 30 de octubre, a lo que Cuenca respondió en sentido negativo.
Montes puntualizó ante la jueza, según recogió la publicación, que no realizó ninguna suspensión de la agenda oficial de Mazón el día de la catástrofe. La testigo también manifestó que el expresidente, al salir del Palau durante la mañana, mencionó que tenía la intención de regresar, conducta que consideró habitual ante reuniones privadas que no siempre se consignan en la agenda oficial.
El proceso judicial iniciado a raíz de la gestión de la dana mantiene como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a su exnúmero dos, Emilio Argüeso. Según recordaron las fuentes judiciales referidas por el medio, la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024 provocó 230 fallecimientos y daños materiales de gran magnitud en la Comunitat Valenciana. La causa centra las pesquisas en determinar la respuesta institucional frente al episodio meteorológico extremo y la gestión de los responsables políticos ante los hechos y las consecuencias.
En distintos pasajes de su declaración, Montes aseguró que la organización de agendas privadas y oficiales así como la comunicación con personal de seguridad se ajustó a la normativa habitual, destacando la ausencia de intervenciones específicas en la agenda oficial posterior a la comunicación con Cuenca. El detalle de sus gestiones ayudaría a esclarecer las decisiones tomadas en el entorno del expresidente en una jornada que supuso uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de la región, según repasaron los informes judiciales citados por el medio.
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