La jueza de la dana cita como testigos a varios directivos de Transportes por la afección a trenes durante la ríada

La jueza a cargo de la investigación sobre el colapso de Metrovalencia, tras las lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2024, ha solicitado a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) la entrega de documentos internos y comunicaciones oficiales, entre ellos un mensaje firmado por el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. A la vez, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) recibió el requerimiento judicial de presentar un informe completo sobre la cadena de avisos emitidos durante los días críticos, incluyendo el contenido y los detalles técnicos de los mensajes transmitidos por distintos canales como fax, correo electrónico, aplicaciones móviles o plataformas oficiales. La instrucción, según publicó el medio original, se enfoca en esclarecer si las alertas y la gestión preventiva resultaron suficientes ante el episodio de lluvias extremas que paralizó la red ferroviaria y aisló a pasajeros y empleados.

Según informó el medio, la magistrada que encabeza el caso, adscrita al juzgado de Catarroja, ha citado a declarar como testigos a cuatro altos cargos del sector ferroviario y de infraestructuras. Las personas convocadas para testificar son Francisco Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes; Alfonso Novo, director gerente de FGV; José Pascual Rubio, jefe de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de FGV; y Francisco José García Salas, jefe de la Unidad de Servicios al Público. El principal objetivo de las comparecencias es aportar luz sobre la secuencia de medidas adoptadas, la activación de planes de emergencia y la coordinación entre las distintas áreas responsables durante la jornada en que las inundaciones inutilizaron infraestructuras y generaron una situación de aislamiento para pasajeros y trabajadores del sistema ferroviario.

El proceso judicial incorpora pruebas documentales presentadas por el sindicato FETAP-CGT que han resultado clave para que la jueza pudiera reconstruir la cronología de los hechos y de las decisiones tomadas desde las primeras horas del 29 de octubre, cuando se desencadenó el colapso del transporte. Tal como consignó el medio original, la documentación oficial permite trazar la progresión de alertas que desembocó en la suspensión parcial de trayectos y la posterior interrupción generalizada del servicio en Metrovalencia.

La secuencia comienza a las 8:00 horas del 29 de octubre, momento en que Metrovalencia notifica a la plataforma de emergencias “112 Comunitat Valenciana” la suspensión del tramo entre Alginet y Castelló por la agravación de las condiciones en la cuenca de Alginet. Este alerta, según la reconstrucción señalada por el medio, representa el primer registro formal del impacto de las lluvias sobre la red ferroviaria durante este episodio. El sentido de vulnerabilidad del corredor ante fenómenos hidrológicos extremos aparece subrayado en esta primera fase de la jornada.

Horas después, a las 11:30, la sección de Vías y Obras de FGV comunica al Inspector del Puesto de Mando que dos personas han quedado atrapadas sobre el techo de un coche en un barranco situado entre L’Alcúdia y Montortal, tras la crecida repentina de un curso de agua. El medio reportó que el incidente llevó a la intervención de equipos especializados de rescate y aumentó la presión sobre los operadores ferroviarios encargados de coordinar la emergencia.

El nivel de crisis aumentó en la tarde. Tal como detalló la fuente original, a las 17:30 se detectó un fallo en la catenaria de un tren, lo que provocó la evacuación del conductor y de las diez personas que viajaban a bordo mientras la tormenta alcanzaba la mayor intensidad. Al poco tiempo, pasada la 19:00, un maquinista alertó de que el agua alcanzaba la cabeza del carril ferroviario cerca de Paiporta. Solamente el primer tren pudo superar ese tramo; los posteriores quedaron inmovilizados por la inundación. En paralelo, las corrientes de agua llegaron a la estación València Sud, lo que determinó que el personal de seguridad abandonara las oficinas y se dirigiera a los andenes antes de que el espacio quedara totalmente inundado. Según reportó el medio, cerca de cien pasajeros permanecieron dentro de la estación hasta la mañana siguiente, cuando fueron trasladados tras la mejora de las condiciones. Alrededor de las 20:00, varios trabajadores de talleres y otras dependencias continuaban incomunicados, sin posibilidad de entrada o salida de las instalaciones.

El examen judicial no solo analiza el desarrollo de los hechos, sino también la forma en que se aplicaron los planes preexistentes y la eficacia de las alertas emitidas tanto de manera interna como hacia la ciudadanía. Según publicó el medio, existen requerimientos dirigidos a la plataforma “112 Comunitat Valenciana” y a la aplicación GVA112, con el fin de recopilar todas las recomendaciones y avisos difundidos a la población. La jueza solicitó constatar si se emitieron indicaciones relativas a medidas de autoprotección, enlaces a guías para inundaciones, avisos respecto del uso o cierre de garajes y sótanos, y restricciones en áreas de especial riesgo. También se pide verificar la cronología y distribución de las alertas hidrológicas en ramblas y zonas inundables, así como la activación de protocolos ante el riesgo en presas, especificando destinatarios y características formales de los avisos.

El medio señaló que la jueza requirió una revisión exhaustiva de las guías enviadas a viviendas, empresas y conductores, con la finalidad de determinar si la prevención fue suficiente frente a la DANA. La investigación se orienta a valorar la coordinación entre instituciones, la calidad de la información suministrada, y la capacidad de prevención y respuesta durante la emergencia. La comparecencia de los cuatro responsables principales servirá para verificar si la reacción institucional y la ejecución de alertas se ajustaron a los protocolos establecidos para fenómenos meteorológicos adversos.

De acuerdo a la información publicada por el medio, el foco de la investigación reside en identificar eventuales fallos o debilidades tanto en los mecanismos de prevención como en la respuesta ante la emergencia. La instrucción judicial busca una reconstrucción precisa del desempeño de los responsables y del sistema durante la crisis que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, a partir de la recopilación minuciosa de testimonios y documentación relevante.