Irene Montero atribuye la sentencia contra García Ortíz al "golpismo judicial" contra el que el PSOE es "impotente"

Irene Montero expuso que la condena impuesta al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, forma parte de una dinámica en la que sectores de la derecha han favorecido procesos de judicialización para frenar avances sociales y bloquear gobiernos progresistas en España. Montero vinculó esta sentencia a lo que denominó “golpismo judicial”, haciendo responsable de la situación tanto al propio Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por su actitud “impotente” ante estos hechos, como a figuras del poder judicial como el juez Marchena, a quienes atribuyó una colaboración con intereses conservadores para perjudicar a la izquierda política. Estas consideraciones fueron compartidas durante una intervención televisiva recogida por Europa Press, en la que la dirigente de Podemos detalló los mecanismos que, según su visión, explicarían una estrategia de confrontación institucional destinada a limitar las posibilidades de fuerzas progresistas en el poder.

Según publicó Europa Press, Montero remarcó que la influencia de los sectores conservadores en el ámbito judicial se manifestó en la pérdida de un escaño de Podemos en el Congreso, resultado que, afirmó, no habría sido posible sin la colaboración de algunos miembros del PSOE y la actuación del juez Marchena. Además, identificó el fallo que supuso dos años de inhabilitación a García Ortiz como un episodio más de una serie de acciones que, a su entender, forman parte de una estrategia para obstaculizar la consolidación de gobiernos de coalición integrados por partidos progresistas, incluida la propia formación de Podemos.

La eurodiputada relacionó este fenómeno con una década de actividades orientadas a judicializar la política, fenómeno que, según señaló a Europa Press, se tradujo en la fabricación de causas contra dirigentes de la izquierda con el fin de impedir la entrada de Podemos al gobierno estatal y bloquear la formación de ejecutivos con presencia relevante de fuerzas progresistas. Montero describió la existencia de demandas que calificó como “falsas” y planteó que la reiteración de estas campañas legales ha generado las condiciones que desembocaron en la reciente sentencia contra García Ortiz. En sus palabras, la situación actual responde a una tendencia que “se venía avisando desde hace tiempo”.

En su repaso a casos emblemáticos, Montero aludió al episodio de Victoria Rosell, afirmando que la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género fue blanco de una denuncia que impulsó el exministro popular José Manuel Soria. Montero sostuvo que esa operación incluyó la participación de un “juez corrupto” y la fabricación de “pruebas falsas” con el objetivo de perjudicar la carrera política de Rosell. Según recopiló Europa Press, Montero identificó este caso como un ejemplo del uso de instrumentos jurídicos y mediáticos para deslegitimar a representantes de la izquierda y condicionar el desarrollo de normas democráticas.

El medio Europa Press recogió también que Montero asoció la reiteración de estas maniobras al contexto político en el que la derecha se percibe en retroceso institucional. La dirigente de Podemos empleó la expresión “se ponen el traje del fascismo” para caracterizar la respuesta de los sectores conservadores cuando intuyen la proximidad de una alternancia de poder, interpretando estos comportamientos como una vía para intensificar enfrentamientos y limitar la consolidación de proyectos políticos alternativos a los suyos.

Desde su análisis, la representante de Podemos atribuyó a la dirección del PSOE una falta de respuesta proporcional ante lo que definió como “golpismo judicial y mediático”. Según su valoración, el PSOE no ha generado consecuencias efectivas frente a estas prácticas ni ante la posibilidad de una escalada institucional similar en el futuro. Extendió esta crítica al modo en que el partido socialista ha gestionado cuestiones sociales, citando como ejemplos la política de vivienda y la situación del sistema de salud, políticas que consideró insuficientes frente a las demandas ciudadanas.

Montero reclamó, según consignó Europa Press, que la defensa del sistema democrático necesita de una implicación más activa por parte de la izquierda. Invitó a las fuerzas progresistas y, particularmente, a Podemos, a asumir un papel principal en la protección de los derechos sociales y la consolidación de conquistas logradas durante etapas de amplia movilización social, citando avances históricos como el reconocimiento del derecho al aborto y la implantación de la jornada laboral de ocho horas. Montero sostuvo que la organización y la fuerza de la ciudadanía han sido elementos esenciales para contrarrestar lo que consideró la apropiación de España por parte de intereses privados que buscan persistir en el poder al margen del mandato popular.

En sus comentarios difundidos por Europa Press, Montero concluyó que, si el PSOE carece de la voluntad política, herramientas o capacidad para responder ante estos desafíos, se hace necesario dotar de mayor protagonismo a una izquierda que esté dispuesta a enfrentarse de forma decidida a lo que definió como “derecha golpista” y a participar activamente en la protección del marco democrático.