Hazte Oír se querella contra Francisco Salazar por presunto acoso sexual

La destitución de Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia fue anunciada oficialmente el miércoles en el Boletín Oficial del Estado, el mismo día en que la asociación Hazte Oír presentó una querella ante los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Según informó Hazte Oír, la denuncia se basa en varios testimonios de empleadas que relataron supuestas conductas inapropiadas atribuidas a Francisco Salazar, ex alto cargo de Moncloa, en instalaciones relevantes como la sede del PSOE y distintas dependencias de Moncloa. Además de Salazar, la querella señala directamente a Hernández y a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, por supuesta omisión del deber de perseguir delitos y presunto encubrimiento.

El medio Hazte Oír detalló en su comunicado que su decisión de acudir a la justicia respondía a un contexto de insatisfacción con la gestión institucional y partidaria tras recibir las denuncias de las trabajadoras sobre responsables cercanos al Gobierno. El mismo comunicado argumentó que Antonio Hernández habría actuado como “cómplice” y “encubridor”, según testimonios recogidos por la organización, mientras que sobre Francisco Martín Aguirre pesa la sospecha de un supuesto abuso de funciones que podría haber dificultado el inicio y avance de investigaciones internas después de los primeros reportes.

La inquietud por el caso se incrementó tras la destitución de Hernández, quien había sido definido como la mano derecha de Salazar y expresó a los medios su intención de dimitir de todos sus cargos tanto en el Gobierno central como en la estructura del PSOE andaluz, afirmando que consideraba su salida como lo más apropiado en la nueva coyuntura. Tal como recogió Hazte Oír, la destitución de Francisco Salazar como secretario general de Coordinación Institucional de Moncloa y su renuncia como dirigente orgánico del PSOE se hizo efectiva el 5 de julio, después de que las denuncias fueran conocidas por órganos internos.

En los documentos remitidos a los medios, Hazte Oír amplió que la respuesta del Gobierno y del PSOE incluyó el cese inmediato de los implicados al procesar las denuncias en los órganos correspondientes, además de la activación de protocolos para la protección de las posibles víctimas. Fuentes del Ejecutivo consultadas por medios nacionales reiteraron que estas medidas se adoptaron en atención a la gravedad de los hechos y con el objetivo de facilitar el desarrollo de las pesquisas con la colaboración de las instituciones pertinentes.

Según la querella presentada, Hazte Oír consideró insuficientes las medidas administrativas implementadas y cuestionó la eficacia de los protocolos vigentes tanto en la administración pública como en el ámbito interno del PSOE cuando las denuncias afectan a altos mandos políticos. En la nota oficial de la asociación, reproducida por varios medios, se afirmó que “Salazar, Hernández y Aguirre habían recibido toda la protección del PSOE”, en referencia a la falta de contundencia institucional ante las acusaciones, y subrayaron la necesidad de intervención judicial para garantizar la integridad de las investigaciones y la protección de quienes presentaron los testimonios.

El comunicado oficial de Hazte Oír, publicado por diversos medios nacionales, denunció lo que denominan una pasividad institucional y pidió mayor transparencia y la creación de mecanismos eficaces que permitan a las trabajadoras de la administración pública presentar denuncias de acoso sexual con garantías de confidencialidad y protección contra represalias. La organización también reclamó reformar procedimientos internos y legales de partidos políticos y organismos estatales para impedir la ralentización, interrupción o el archivo de casos cuando involucran a altos cargos.

En respuesta, tanto el Gobierno como el PSOE, citados por fuentes oficiales en medios periodísticos, defendieron la actuación conforme a los protocolos vigentes y subrayaron que las decisiones fueron proporcionales a la gravedad de las denuncias. Añadieron que los ceses inmediatos y la atención prestada a las empleadas denunciantes reflejaban una voluntad de asegurar tanto la protección de los derechos de las víctimas como la objetividad y legalidad en el proceso.

Las actuaciones judiciales, según explicó Hazte Oír en declaraciones a los medios, buscan la determinación de posibles responsabilidades desde el ámbito penal y administrativo. La organización insistió en que su iniciativa se orienta a promover investigaciones “imparciales y exhaustivas” y en fortalecer estructuras de protección para el personal denunciante. De acuerdo con el comunicado, la confiabilidad social e institucional depende en buena medida de la respuesta frente a hechos como los que motivaron la querella.

Hazte Oír agregó que el avance de este caso permitirá verificar la magnitud de las actuaciones ejecutadas por el Gobierno y la gestión partidaria, además de establecer precedentes respecto a la obligación de los organismos de control y supervisión en este tipo de situaciones. La asociación incorporó en su denuncia la demanda de reformas de fondo en la estructura institucional con el objetivo de evitar que casos de acoso sexual o laboral puedan recibir cobertura por parte de los entramados de poder político, lo que, a juicio de la organización, incrementaría el riesgo de impunidad.

La entidad concluyó en su nota, difundida por varios medios, que la vía judicial adquiere carácter prioritario cuando las respuestas internas no parecen ofrecer garantías plenas de objetividad, e insistió en la importancia de fortalecer los mecanismos de apoyo y resguardo para quienes reporten acoso laboral desde entornos oficiales. Además, la organización destacó la expectativa de la sociedad y de las personas afectadas en torno al esclarecimiento de los hechos y la eventual responsabilidad de Francisco Salazar, Antonio Hernández y Francisco Martín Aguirre ante la justicia y los órganos de control político y administrativo.