
La constitución de una comisión gestora en la federación socialista de Lugo marca una nueva etapa tras la suspensión provisional de militancia de José Tomé, quien ya había dejado la presidencia de la Diputación de Lugo y la secretaría provincial del Partido Socialista. Según publicó el medio, esta decisión responde a la presentación de una denuncia de acoso ante la Oficina contra el Acoso de Ferraz y a la apertura de un expediente disciplinario que sigue en curso. El PSOE exige a Tomé que abandone la alcaldía de Monforte de Lemos y su acta de diputado autonómico, reclamando el cese en todos los cargos públicos e institucionales mientras se desarrolla la investigación interna.
De acuerdo con la información de la fuente, la dimisión previa de Tomé de sus responsabilidades provinciales buscaba, según sus propias declaraciones, facilitar la tramitación de la investigación y evitar que su continuidad pudiera condicionar el desarrollo del debate interno del partido. Sin embargo, tanto la dirección nacional como la gallega del PSOE han considerado estos pasos insuficientes, motivando la adopción de medidas complementarias de prevención, con la argumentación de preservar la integridad del proceso y la protección de todas las partes implicadas.
El medio consignó que la Secretaría de Organización del PSOE, liderada por Rebeca Torró, oficializó la suspensión de militancia como una acción de carácter preventivo, apoyada en la gravedad de las acusaciones y conforme a los estatutos y protocolos internos del partido. Esta suspensión, recalca Ferraz según la fuente, no representa un pronunciamiento sobre la culpabilidad de Tomé, ni prejuzga el resultado de la investigación en curso. La instrucción del expediente, abierta a partir de la recepción de la denuncia y la documentación asociada por la Oficina contra el Acoso ubicada en la sede nacional del PSOE en Madrid, se concentra en el examen de las pruebas y testimonios relevantes.
Según lo detallado, la comisión gestora tiene entre sus cometidos la tutela provisional de la federación provincial del partido, la garantía del funcionamiento cotidiano y la observancia estricta de la legalidad interna mientras Tomé permanece apartado de la dirección. El mandato de la gestora, respaldado por la Secretaría de Organización nacional y por la ejecutiva gallega, incluye la salvaguarda de la representación socialista de Lugo en los órganos internos y la prevención de cualquier vacío de poder o parálisis institucional. Ambas direcciones han insistido, según reportó el medio, en que la estrategia adoptada pretende anticipar posibles interferencias y asegurar el cumplimiento puntual de las decisiones de los órganos del partido.
El PSOE ha recalcado, tal como transmite el medio, su política de tolerancia cero frente a conductas de acoso, resaltando públicamente la frase: “No protegeremos jamás a quienes las practican”. Esta expresión, incluida en el comunicado oficial del partido reproducido por la fuente, subraya la determinación de la dirección socialista de no amparar a ningún militante denunciado por estas prácticas, independientemente del cargo que ocupe. El partido ha garantizado igualmente que José Tomé conserva plenamente la presunción de inocencia y todas las garantías jurídicas y procesales recogidas en los reglamentos internos durante la investigación.
La apertura del expediente disciplinario, según informaron fuentes de Organización y recogió el medio, coincide con la implementación de protocolos de actuación diseñados para asegurar la transparencia, la protección de las partes afectadas y la coordinación entre los órganos nacionales y autonómicos del partido. El PSOE ha remarcado que la duración de la suspensión de militancia y su eventual prórroga dependen exclusivamente de los plazos y resultados que determine la Oficina contra el Acoso, que sigue recopilando información y valorando las pruebas hasta la finalización del proceso.
El medio señaló que Ferraz ha puesto especial atención en la necesidad de mantener la separación entre el ámbito de la instrucción interna y la vida política local, tratando de evitar que el expediente disciplinario altere el funcionamiento ordinario del ayuntamiento de Monforte de Lemos o del Parlamento gallego. Las acciones adoptadas incluyen, además de la suspensión de militancia, la vigilancia de la correcta aplicación de las garantías estatutarias y la supervisión constante del desarrollo de las diligencias por parte de la dirección socialista.
El desarrollo del expediente disciplinario contempla distintas fases, según publicó el medio: desde la recopilación de pruebas hasta su valoración por los órganos internos relevantes, la deliberación y la eventual publicación de las decisiones finales. En cada etapa, el partido ha reiterado que se respeta el marco normativo interno y la transparencia comprometida por la dirección socialista en casos de esta naturaleza.
Estas actuaciones se inscriben, de acuerdo con la información difundida, en la política interna del PSOE de actuar de inmediato y de acuerdo con el reglamento ante denuncias de acoso, evitando cualquier tipo de protección interna, y defendiendo tanto los derechos procesales de los implicados como los principios estatutarios y democráticos del partido. Durante todo el proceso, la Oficina contra el Acoso centraliza la instrucción del caso, asegurando que tanto el análisis documental como la recepción de testimonios respondan a los estándares fijados por los protocolos socialistas vigentes.
La salida efectiva de Tomé de la presidencia de la Diputación de Lugo y de la dirección provincial ha permitido la constitución y entrada en funciones de la gestora, que se ocupará de preservar la ordenación política de la estructura socialista lucense y de garantizar el funcionamiento ordinario sin interrupciones ni injerencias en tanto se sustancia la pesquisa. La dirección del partido recuerda que la gestión de este tipo de denuncias responde a pautas uniformes para todo el territorio y que la transparencia y el respeto a los derechos de todas las partes resultan prioritarios.
Ferraz, según puntualizó el medio, mantiene su compromiso de seguir el procedimiento hasta el desenlace final, que establecerá si José Tomé puede reincorporarse o si, por el contrario, se formaliza su exclusión definitiva del partido y de cualquier función pública bajo sus siglas. La gestión integral del caso Tomé implica una coordinación permanente entre los órganos nacionales, gallegos y provinciales, en busca de un desenlace ajustado tanto a los reglamentos internos como a las exigencias de convivencia política dentro del Partido Socialista.
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