Feijóo ataca a Sánchez con el 'caso Salazar' y el presidente presume de apoyar a las mujeres ante el "acoso laboral"

Durante el debate en el Congreso, Pedro Sánchez defendió la necesidad de que todos los partidos y organismos públicos, incluidos los ayuntamientos, cuenten con protocolos efectivos contra el acoso laboral y sexual, y remarcó que la normativa vigente exige esa obligatoriedad. Este planteamiento apareció después de que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, empleara el conocido ‘caso Salazar’ para acusar al Ejecutivo de establecer lo que denominó una “cultura de protección al acusado” en el entorno socialista y de no ofrecer suficientes garantías a las víctimas. Según Europa Press, este cruce de alegatos se situó en el centro de un enfrentamiento ideológico en plena sesión parlamentaria.

Durante su turno ante la Cámara, Sánchez argumentó que la problemática del acoso laboral constituye un fenómeno sistémico en España, citando datos del Ministerio de Igualdad para subrayar que una de cada tres mujeres en el país ha sido objeto de estas situaciones en algún momento. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el presidente vinculó ese diagnóstico con las reformas que promovió su Gobierno durante los últimos años, acciones que incluyen la ley de paridad, la mejora del régimen de cotización a la Seguridad Social para cuidadoras familiares no profesionales y el refuerzo del pacto de Estado contra la violencia de género.

Feijóo, en su intervención inicial, focalizó sus críticas en el caso de Francisco Salazar, exasesor en Moncloa, apartado del cargo tras recibir denuncias de acoso sexual. Según consignó Europa Press, el líder del PP denunció que esta persona fue después reubicada dentro del Partido Socialista, cuestionando así la política de manejo interno de estas situaciones. El propio Feijóo sostuvo ante el Congreso que “ahora todo el mundo sabe que, entre el acosador y la acosada, protege al acosador”. Además, recordó que las denuncias presentadas finalmente se archivaron y acusó al Ejecutivo de relativizar el episodio como una disputa interna de partido, una estrategia que, a su juicio, minimizó la seriedad del problema.

Junto a este caso, Feijóo enlazó denuncias similares que involucran a miembros del PSOE en la Diputación de Lugo. Basándose en estos ejemplos, reforzó la idea de que existe un patrón de blindaje institucional en el partido de Gobierno, algo que, de acuerdo con el líder popular citado por Europa Press, afectó negativamente la reputación de las instituciones nacionales.

El debate fue más allá de los episodios individuales al abordar Sánchez la implementación de protocolos de prevención y actuación en todos los partidos. El presidente subrayó, según la misma cobertura periodística, que la normativa actual obliga a la adopción de estos procedimientos. Expresó la intención de su gabinete de expandir esta exigencia a los ayuntamientos con el fin de fortalecer la protección en todo el sector público. Para ilustrar la necesidad de tales medidas, Sánchez citó incidentes ocurridos en ayuntamientos encabezados por el PP, como Algeciras, Estepona y Ponferrada, aludiendo públicamente al caso Nevenka y a la respuesta dada por populares en ese contexto.

En la sesión, Feijóo articuló sus objeciones ideológicas manifestando que el feminismo, a su entender, debe materializarse en políticas concretas y no limitarse a gestos simbólicos. Evaluó nuevamente los protocolos internos de partidos y administraciones, e insistió en la importancia de acciones tangibles para frenar el acoso y la desigualdad en el entorno laboral. Europa Press informó que el portavoz popular consideró insuficientes los mecanismos establecidos por el PSOE y advirtió sobre un agotamiento del actual Gobierno, el cual, según sus palabras, afrontaría “sus últimos meses” ante la acumulación de controversias.

En su derecho de réplica, Sánchez defendió el conjunto de medidas impulsadas desde su Gobierno detallando algunas de ellas, como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y la indexación de las pensiones al Índice de Precios al Consumo. Señaló que estas políticas buscan reducir brechas y ampliar la protección de las mujeres, no solo en el ámbito profesional sino también en el social. También subrayó, siempre en base a la información de Europa Press, la disposición del Ejecutivo a reconocer errores y modificar procedimientos cuando las circunstancias lo exigen, contrastando ese enfoque con el que atribuyó al PP y a su política de alianzas con Vox.

Durante el intercambio, ambos dirigentes plasmaron posturas divergentes acerca de la suficiencia y efectividad de los protocolos y de los mecanismos de reparación a las víctimas. El sector popular puso en tela de juicio los resultados prácticos de las normativas actuales mientras que el presidente resaltó la dinámica de aprendizaje continuo y la necesidad de mantener la concienciación feminista entre los responsables políticos. También enfatizó que la respuesta institucional debe evolucionar de la mano de los avances legales y sociales en materia de igualdad.

El análisis de fondo reflejó, según los extractos y evaluaciones de Europa Press, cómo las diferencias en la interpretación del feminismo y de la gestión del acoso siguen influyendo en el diseño de la agenda parlamentaria. La oposición subrayó la importancia de la transparencia y la revisión sistemática de los protocolos, criticando la supuesta protección institucional a denunciados por acoso y demandó mayor eficacia en la prevención y respuesta. Sánchez defendió el modelo gubernamental como proactivo y predispuesto a la rectificación ante los casos detectados.

Este cruce en el Congreso, cubierto por Europa Press, sirvió para poner de manifiesto los retos pendientes en materia de protección de derechos y de seguridad en los entornos laborales del sector público. También reavivó la discusión sobre el alcance de los mecanismos implementados y la necesidad de actualizar procedimientos internos de las formaciones políticas y administraciones. Las diferencias expuestas durante la sesión confirmaron que la confrontación ideológica y los desacuerdos sobre la eficacia de los protocolos continúan determinando el debate político sobre igualdad y medidas contra el acoso en España.