El Senado interroga hoy a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y testigo en el 'caso Begoña Gómez'

La revisión exhaustiva de los circuitos financieros asociados a la financiación de cátedras y proyectos mediante colaboraciones entre la universidad y empresas privadas centró buena parte del enfoque de la comisión parlamentaria, interesada en determinar hasta qué punto los recursos externos pueden condicionar los procesos de selección y la gestión universitaria. De acuerdo con información publicada por Europa Press, la sesión en el Senado contó con la intervención de Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), quien se presentó en calidad de testigo dentro del proceso abierto, conocido como ‘caso Begoña Gómez’. El objetivo de la comparecencia era profundizar sobre los sistemas empleados para el reconocimiento profesional y la designación de altos cargos en instituciones públicas de educación superior.

Europa Press detalló que la comisión investiga la posible incidencia directa o indirecta de empresas privadas en la imparcialidad de los procesos de selección para cargos de responsabilidad en la universidad. El análisis observa especialmente la creación de cátedras patrocinadas, con atención particular a las implicaciones de asociaciones en las que intervienen actores como Juan Carlos Barrabés. El procedimiento de investigación recae sobre la trazabilidad de los fondos externos, así como en la influencia que estos puedan ejercer sobre la igualdad de condiciones en los procesos de promoción y designación de personal académico y directivo.

Los senadores presentes recalcaron, según reportó Europa Press, la necesidad de que los expedientes correspondientes a los concursos públicos contengan información completa y accesible, permitiendo que los méritos de cada candidato puedan ser evaluados objetivamente. La verificación rigurosa de la experiencia profesional, equiparando su valoración a la de los títulos universitarios, fue señalada como uno de los puntos clave para reforzar la objetividad en la selección. Para ello, se exige la presentación de documentación técnica e informes internos, ofreciendo así soporte documental y metodológico a la hora de tomar decisiones sobre los responsables de áreas clave.

De acuerdo a la normativa vigente en la Universidad Complutense de Madrid, citada por Europa Press, la acreditación de idoneidad para acceder a cargos de gestión no se limita al análisis de titulaciones oficiales, sino que también contempla el reconocimiento formal de recorridos profesionales debidamente certificados. Este modelo implica la obligación de evaluar informes técnicos y permite que se lleven a cabo entrevistas específicas y auditorías administrativas para complementar la valoración del expediente.

Durante la comparecencia de Doadrio, Europa Press consignó que el exvicerrector defendió que los mecanismos internos implementados por la UCM cumplen con la legalidad vigente y se sustentan en dictámenes técnicos para cada uno de los concursos y procesos de selección. Su testimonio fue requerido para esclarecer y aportar información sobre los controles aplicados en la validación de méritos y los requisitos exigidos a quienes aspiran a ocupar puestos directivos.

La auditoría promovida desde el Senado, según recogió Europa Press, responde a una iniciativa impulsada por el Partido Popular y prevé llamar a otros responsables de la UCM implicados en la administración de cátedras financiadas externamente y en la gestión de fondos procedentes de colaboraciones privadas ligadas a proyectos docentes e investigativos. El proceso de supervisión busca clarificar si los incentivos financieros afectan la neutralidad al momento de seleccionar personal, identificando así posibles escenarios donde emergen conflictos de interés.

Europa Press añadió que los parlamentarios examinaron también el uso de plataformas digitales y soluciones tecnológicas diseñadas para los trámites y la gestión de concursos de selección universitaria. Se puso de manifiesto que la digitalización de estos procesos debe ajustarse a las normas institucionales y garantizar que la transparencia y la fiscalización pública no se vean obstaculizadas. El empleo de herramientas tecnológicas requiere una alineación estricta con la regulación interna para impedir cualquier forma de opacidad respecto al acceso a la información y al seguimiento de las decisiones adoptadas.

Además de reclamar transparencia y controles efectivos, los miembros de la comisión insistieron en la necesidad de establecer mecanismos de supervisión continua sobre las metodologías de valoración de méritos y en una fiscalización adecuada de la gestión de fondos provenientes del sector privado. Se subrayó la importancia de detectar tendencias que puedan evidenciar adjudicaciones recurrentes a los mismos perfiles o zonas del procedimiento donde los controles necesitan mayor refuerzo.

En el marco de la auditoría parlamentaria, informó Europa Press, el Senado planteó interrogantes respecto a si los protocolos implementados por la universidad bastan para salvaguardar la independencia académica y administrativa, en un contexto en el que la obtención de recursos de entidades externas ha adquirido un peso significativo en la financiación de proyectos universitarios.

Europa Press anticipó que las siguientes sesiones parlamentarias recogerán nuevos testimonios y revisarán tanto los procedimientos de selección como la administración de fondos y la eficacia de los sistemas de transparencia. El propósito final es consolidar garantías que fortalezcan la integridad de los nombramientos directivos, afiancen la confianza ciudadana en la gestión de la universidad madrileña y aseguren que tanto el mérito profesional como el adecuado manejo de fondos respondan a estándares objetivos y accesibles para la sociedad.