El PP insta a la vicepresidenta Montero a dar explicaciones ante los casos de acoso sexual: "No ha venido a dar la cara"

Durante las recientes indagaciones sobre la respuesta del PSOE ante denuncias internas de acoso sexual, fuentes citadas señalaron que María Jesús Montero, vicepresidenta primera y vicesecretaria general del partido, mantuvo encuentros privados con posibles víctimas en los que, presuntamente, habría instado a estas personas a no presentar formalmente sus reclamaciones ante instancias oficiales. Según detalló el medio consultado, esta información salió a la luz después de la renuncia de José Tomé a la presidencia de la Diputación de Lugo, hecho que coincidió con la difusión de varias acusaciones dentro del entorno socialista y que ha intensificado el escrutinio por parte de la oposición sobre las actuaciones de la dirección del PSOE en la gestión interna de estos casos.

De acuerdo a lo publicado por el medio citado, tras la dimisión de Tomé, la presión política se incrementó sobre Montero, especialmente después de que esta no acudiera al Pleno del Congreso el miércoles, justo el mismo día que se oficializó la renuncia. El Partido Popular, mediante distintas declaraciones, exigió públicamente que la vicepresidenta explique no solo su papel en el tratamiento de las recientes denuncias, sino también si tenía conocimiento previo sobre los hechos y qué medidas concretas implementó para dar respuesta a las víctimas implicadas.

Según consignó el medio, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se refirió a la gestión interna de los casos denunciados, vinculando la renuncia de Tomé a situaciones previas que implicaron a figuras como Francisco Salazar, antiguo asesor de Pedro Sánchez. De manera expresa, Muñoz sostuvo que las denuncias permanecieron bajo reserva y que los protocolos y códigos internos del PSOE, diseñados para abordar el acoso sexual, operarían más bien como mecanismos de control, filtrando o conteniendo la información en vez de derivarla directamente a la justicia ordinaria.

El medio recogió las consideraciones de Muñoz sobre los efectos de estos protocolos, señalando que el recurso a soluciones internas implica obstáculos adicionales, ya que dificulta a las presuntas víctimas el acceso a procesos judiciales y a la búsqueda de respaldo institucional fuera del ámbito del partido. De acuerdo con sus declaraciones, “la existencia de códigos internos se convierte en un filtro que excluye muchas veces la intervención de los tribunales y limita la transparencia de cada caso”.

En el desarrollo de su intervención ante la prensa y según detalló el medio citado, la portavoz popular insistió en que los canales internos actuales dan prioridad a resolver los conflictos dentro del partido, antes que fomentar la intervención de instancias judiciales o la supervisión de organismos ajenos a la formación política. Desde su perspectiva, este proceder contribuye a la opacidad en la gestión de los expedientes y reduce la eficacia de las garantías ofrecidas a quienes presentan sus denuncias.

Tal como informó el medio, el Partido Popular también hizo hincapié en la distancia existente entre el posicionamiento público del PSOE en materia de género y el manejo de este tipo de situaciones a nivel interno. Los representantes conservadores cuestionaron de forma reiterada si los protocolos utilizados realmente cumplen su función de proteger a las víctimas y garantizar la transparencia que demanda la opinión pública.

Hasta el momento, según reportó el medio, ni María Jesús Montero ni otros portavoces de la dirección socialista han ofrecido declaraciones sobre los hechos, pese a las solicitudes persistentes tanto de la oposición como de diversos sectores críticos que han manifestado su preocupación por las circunstancias en que se registraron las ausencias, como la de Montero en el Congreso. El Partido Popular interpreta la falta de comparecencia como una señal de rechazo a proporcionar información detallada sobre el tratamiento de las denuncias y, a su vez, como una muestra de déficit de transparencia en la gestión interna del PSOE.

El medio explicó que la estrategia opositora busca mantener la presión pública y parlamentaria sobre la vicepresidenta y la cúpula socialista hasta conseguir detalles sobre la tramitación de las denuncias de acoso sexual en todos los casos recientes, incluido el de Tomé. Entre los argumentos presentados, la bancada conservadora advierte sobre el riesgo de que la elección de resolver las controversias mediante caminos internos socave la credibilidad institucional y el compromiso real del partido con las políticas de igualdad.

Como parte de su análisis, la portavoz popular, según citó el medio, resaltó que la atención de la opinión pública y de los medios se ha dirigido de manera especial hacia el papel de Montero, ante la proliferación de señalamientos respecto a posibles maniobras para acallar o dilatar la tramitación de denuncias. Paralelamente, el debate ha girado hacia la funcionalidad de los protocolos internos en los partidos políticos y su efectividad para proteger a quienes se animan a denunciar.

El medio abordó además la posibilidad de que la evolución de las investigaciones internas y la insistencia de la oposición por una mayor apertura institucional influyan en las decisiones que adopte la directiva socialista. Las repercusiones de este proceso alcanzarán tanto a las bases del partido como a la percepción social sobre la capacidad del PSOE para garantizar derechos y aplicar normativas de transparencia. Los siguientes pasos de la dirección socialista y la respuesta ante las sucesivas demandas de claridad serán seguidos de cerca tanto en el Congreso como en la esfera pública, de acuerdo a la cobertura del medio.