La afirmación de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, acerca de la imposibilidad de acceder a los mensajes clave por el reemplazo y la custodia de su antiguo teléfono móvil en el área informática de la Generalitat, activó nuevas demandas en el proceso de investigación sobre la gestión de la emergencia generada por las lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana. La federación sindical FETAP-CGT, que actúa como acusación popular en el caso, presentó a la magistrada responsable del caso una petición formal para que se empleen herramientas técnicas en la recuperación de registros digitales considerados esenciales. Según detalló Europa Press, la organización sindical considera fundamental identificar la localización y evaluar el estado técnico del terminal anterior de Cuenca, centrándose especialmente en los mensajes cruzados durante la jornada crítica.
De acuerdo con el medio Europa Press, la iniciativa de FETAP-CGT se intensificó tras la entrega judicial, por parte de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, de todas sus propias conversaciones de WhatsApp con el entonces presidente Mazón y con Cuenca. Esta colaboración individual aportó registros relevantes que forman parte de las diligencias orientadas a analizar el proceder institucional frente a las inundaciones y sus consecuencias. A partir de ese punto, FETAP-CGT instó al juzgado a aplicar mecanismos adicionales para asegurar que todas las pruebas digitales pertinentes—y en particular las almacenadas en los dispositivos de altos funcionarios—queden a disposición de la investigación, permitiendo reconstruir de modo exhaustivo la secuencia de decisiones asumidas durante la gestión de la catástrofe.
La petición dirigida a la magistrada incluye la solicitud de informes tanto a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions como al área encargada del parque de terminales móviles de la Generalitat, con la finalidad de determinar el paradero exacto del dispositivo utilizado por Cuenca. Europa Press informó que esta solicitud pretende esclarecer si, desde el punto de vista técnico, resulta viable extraer los mensajes de WhatsApp correspondientes al 29 de octubre de 2024, reconocidos por la federación como elementos con posible valor probatorio en la indagación de responsabilidades institucionales. En caso afirmativo, FETAP-CGT propuso que el teléfono sea remitido al órgano judicial, quedando su análisis y cotejo pericial bajo la supervisión directa de la Letrada de la Administración de Justicia, con prioridad en los periodos y conversaciones circunscritos al episodio de emergencia.
Entre los argumentos puestos ante la jueza, la federación sindical insistió en que la integridad y conservación de las comunicaciones digitales entre altos cargos representan un elemento decisivo para evaluar las decisiones y actuaciones adoptadas, así como para delimitar las posibles responsabilidades institucionales en el manejo de emergencias. Según publicó Europa Press, la federación subrayó que la eliminación o inaccesibilidad de estos registros podría suponer la pérdida de pruebas relevantes para la reconstrucción de los hechos, en especial en el contexto de las inundaciones que afectaron gravemente distintas zonas de la Comunitat Valenciana y que generaron un impacto material de peso en la región.
El proceso judicial, que continúa en curso, abarca la revisión de actuaciones tanto administrativas como políticas ante el episodio de lluvias extremas, incluyendo la evaluación de los canales de comunicación utilizados entre los máximos responsables de la administración autonómica. Según expuso el medio Europa Press, la propia declaración de Cuenca explicó que el cambio de dispositivo se realizó en julio de 2025 como parte de los procedimientos internos regulares de la Generalitat, insistiendo al juzgado en su disponibilidad para colaborar si los mensajes requeridos siguen presentes en el terminal depositado en la dependencia informática.
La dinámica procesal introduce nuevas responsabilidades para los órganos de gestión técnica de la Generalitat en relación con la custodia y acceso a datos electrónicos de antiguos equipos móviles. FETAP-CGT destacó ante la magistrada que el avance de los recursos tecnológicos permite recuperar información, siempre que el soporte físico original permanezca resguardado en dependencias oficiales. Europa Press indicó que esta línea de actuación representa un refuerzo en el compromiso de transparencia y exhaustividad en la recolección de pruebas digitales, en respuesta al requerimiento de preservar toda la evidencia posible acerca de las decisiones y los interlocutores que coordinaron la respuesta institucional durante la crisis.
La actuación de Salomé Pradas, quien se encuentra investigada en la causa judicial y quien entregó íntegramente sus propias conversaciones digitales, constituyó un antecedente inmediato para la intensificación de las solicitudes de recuperación de registros. Según publicó Europa Press, esta colaboración contribuyó a abrir una nueva fase en la instrucción, centrada en esclarecer el origen, custodia y acceso a todos los intercambios de WhatsApp entre los cargos que estuvieron a cargo de liderar las tareas de coordinación durante las inundaciones.
FETAP-CGT justificó la necesidad de examinar minuciosamente los registros correspondientes al 29 de octubre de 2024, jornada en la que se dictaron instrucciones clave y se articularon los mecanismos de respuesta ante una emergencia natural que impactó el funcionamiento normal de la administración autonómica. El medio Europa Press puntualizó que la federación resaltó ante la jueza responsable del caso que la naturaleza digital de estos registros requiere un abordaje especializado para evitar la desaparición de evidencias que puedan resultar determinantes para el proceso.
La colaboración de los departamentos internos de la Generalitat, según consignó Europa Press, adquiere especial relevancia en la fase procesal dedicada a recopilar y conservar pruebas sustanciales relativas a la gestión institucional de la Dana de octubre de 2024. Por su parte, la labor desarrollada por la federación sindical se orienta a consolidar la preservación y el análisis de la evidencia electrónica, considerando que en investigaciones similares la recuperación de datos digitales ha influido en la reconstrucción de los hechos y en la determinación de la actuación de los responsables públicos.
El caso permanece abierto y los órganos judiciales siguen examinando distintas esferas de la administración valenciana con el objetivo de establecer si la gestión oficial se ajustó a los protocolos y requerimientos legales ante emergencias como la registrada aquel día. Europa Press añadió que la petición de FETAP-CGT no solo busca clarificar la secuencia de comunicaciones y respuestas frente a la emergencia, sino también sentar precedentes en la protección y utilización judicial de pruebas digitales en procedimientos sobre gestión de crisis.
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