La decisión del Tribunal Supremo respecto a la eliminación de datos del teléfono móvil de Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, señaló que no existía obligación normativa para proceder a ese borrado el 16 de octubre de 2024, justo un día después de activar el caso en su contra. Este aspecto se suma a los elementos examinandos en la condena por parte del máximo órgano judicial, que sancionó a García Ortiz por divulgar información confidencial sobre el empresario Alberto González Amador, vinculado al entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El fallo ha desencadenado una escalada de presión hacia el Gobierno y generado una reacción inmediata en el plano político, de acuerdo con Europa Press.
El Supremo concluyó que García Ortiz incumplió un "reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación", destacando la gravedad de haber compartido a los medios un correo electrónico donde González Amador, pareja de Díaz Ayuso, admitía su disposición a confesar. Junto a la publicación de una nota de prensa citando expresamente al empresario, el tribunal identificó una vulneración seria de la confidencialidad que debía guardar el fiscal general. Según el texto recogido por Europa Press, el alto tribunal recalcó que “no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”, refiriéndose a la explicación ofrecida por García Ortiz sobre sus actuaciones.
El origen del caso se sitúa durante la etapa en que García Ortiz ostentaba el cargo de fiscal general del Estado y, según publicó Europa Press, filtró a la prensa datos reservados relativos a procedimientos abiertos sobre González Amador, lo que motivó la denuncia formal y el posterior proceso judicial. El contexto de la filtración resultó altamente sensible, debido a la naturaleza de la información contenida en el correo electrónico, que requería un especial celo dada la inclusión de datos personales y la existencia de un procedimiento en curso.
La primera reacción política llegó por parte de Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, quien manifestó a través de la red X que “el Gobierno en pleno debería dimitir” debido a esta “sentencia histórica” que, en palabras del dirigente, supone la primera condena a un fiscal general del Estado durante la etapa democrática. Tellado criticó la postura del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al que acusa de amparar la defensa pública de alguien que, según la sentencia, incumplió el deber de reserva atribuido legal y éticamente a su cargo.
Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, expuso ante los medios que el fallo acredita la comisión de un delito por parte del exfiscal general, mostrando su confianza en la exhaustividad de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, el órgano jurisdiccional más alto del país, según consignó Europa Press. Muñoz reconoció no haber accedido al fallo completo en ese momento, aunque mostró su respaldo a la labor del tribunal.
En línea con las declaraciones anteriores, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, sostuvo que la conducta de García Ortiz constituyó un acto “ilegal” al redactar y difundir notas de prensa con referencias a datos protegidos y secretos de particulares. Gamarra manifestó, de acuerdo con Europa Press: “Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez. Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme”.
El análisis realizado por el Supremo abordó tanto la filtración del correo electrónico como las condiciones del borrado de datos telefónicos. Según Europa Press, la sentencia subrayó la inexistencia de una norma que obligara a García Ortiz a eliminar el contenido de su dispositivo móvil el 16 de octubre de 2024, dotando de una perspectiva importante a la investigación sobre su actuación con información sensible tras la apertura formal de diligencias judiciales.
Este episodio ha avivado la discusión sobre la protección de datos en el marco de la administración de justicia y la responsabilidad de los titulares de altos cargos públicos cuando surgen procedimientos en su contra, reportó Europa Press. Las voces del Partido Popular han exigido la dimisión del Gobierno y destacan lo que consideran una vinculación directa entre la defensa ejercida por el Ejecutivo y las actuaciones condenadas del ex fiscal general.
La respuesta institucional por parte del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez no se ha producido tras la divulgación del fallo ni después de las demandas de dimisión por parte de representantes de la oposición, informó Europa Press. El desarrollo del caso mantiene al Gobierno bajo una intensa presión política derivada de este proceso judicial que involucra a la cúpula de la Fiscalía General del Estado y a altos cargos de la administración central, según la cobertura de Europa Press.
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