El requerimiento judicial dirigido a la Intervención General del Estado (IGAE) para elaborar un informe pericial que aclare si se produjeron daños al erario público mediante contratos menores en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de Cádiz ha reactivado el foco de atención sobre la gestión contractual en la sanidad andaluza. La investigación se inició tras una denuncia presentada por Podemos Andalucía que cuestiona la legalidad del fragmento de cerca de 235,4 millones de euros en adjudicaciones, bajo sospecha de que esta división de contratos permitió evitar los controles legales previstos para importes superiores. Según informaciones de Europa Press, este paso procesal forma parte de la causa instruida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz y toma como eje la evaluación del posible perjuicio económico causado a fondos públicos.
De acuerdo con Europa Press, la solicitud del juzgado gaditano obliga a la IGAE a analizar no solo si las operaciones denunciadas respetaron la normativa vigente sobre contratación, sino a cuantificar con precisión el alcance del hipotético daño causado a la administración. El informe pericial deberá extenderse a cada uno de los expedientes incluidos en la denuncia, revisando tanto los procesos como los criterios empleados para determinar si el fraccionamiento de contratos sirvió para eludir mecanismos de control u otros requisitos legales exigidos. Los resultados de este análisis técnico resultarán decisivos para dilucidar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas o penales.
El proceso judicial ha dado lugar a una notable reacción en el ámbito político andaluz. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, calificó la elaboración del informe como “un paso más” en el proceso de esclarecimiento, de acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press. Sanz aseguró que la gestión autonómica relativa a estos contratos se realizó respetando la legislación: “Tenemos la seguridad y tranquilidad de haber hecho las cosas cumpliendo la Ley”. Según indicó el consejero, la Junta de Andalucía ha mostrado en todo momento disposición para colaborar plenamente con la Justicia, subrayando que la transparencia y la entrega de información constituyen prioridades institucionales.
Europa Press detalló que la causa abierta examina si el método de adjudicación empleado pudo contravenir preceptos legales, en concreto por la presunta utilización de la fragmentación como estrategia para sortear filtros y controles que son obligatorios en gestiones de alto valor económico. El informe pericial pretendido por el juez deberá esclarecer si la administración regional incurrió en actos que generaron un perjuicio económico concreto para los fondos públicos y si estos podrían derivar en consecuencias legales.
En el plano político, la controversia ha derivado en un enfrentamiento entre el Partido Popular de Andalucía (PP-A) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Mientras el PP-A consideró, según informó Europa Press, que la decisión judicial supone un avance en la investigación y defendió la actuación administrativa del actual ejecutivo, el PSOE criticó la eficacia de los controles empleados durante la presente legislatura. Antonio Sanz respondió a estas críticas responsabilizando al anterior gobierno socialista de haber diseñado los sistemas de control ahora cuestionados, argumentando que el PSOE “tiene cero credibilidad”.
Las acciones administrativas del Gobierno regional frente a la investigación guardan relación con la estrategia de transparencia adoptada por la Junta. Sanz recalcó la voluntad de la administración autonómica de aportar toda la documentación solicitada durante la causa y manifestó que el esclarecimiento de los hechos beneficia tanto a la estructura pública como a la ciudadanía. Conforme a lo reportado por Europa Press, la Junta mantiene su compromiso de facilitar información para contribuir a la confianza social en la gestión de los fondos e infraestructuras sanitarias públicas.
La pieza informativa publicada por Europa Press señaló, además, que la polémica entorno a la contratación menor en el SAS pone en debate los límites del marco legal sobre la división de contratos públicos y la eficacia de los controles internos que regulan la adjudicación y fiscalización del gasto. El desenlace de este procedimiento podría incidir en la interpretación de la normativa y en el desarrollo de futuros procesos de asignación de recursos en la sanidad pública andaluza.
La intervención de la IGAE, como órgano encargado del análisis pericial, será determinante para esclarecer la legalidad de los procedimientos empledos y el impacto que estos han generado en las arcas regionales. La Junta continúa reiterando su adhesión al marco legal y señala que las decisiones tomadas en materia contractual han seguido los procedimientos establecidos. El avance en la instrucción mantiene en el centro de la atención pública los procesos de control administrativo y la gestión de los contratos públicos en Andalucía.
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