Los mismos tres exaltos cargos, citados este miércoles por otro caso de residencias en los juzgados de Collado Villalba

La reanudación de la investigación judicial sobre la gestión de residencias de mayores en la Comunidad de Madrid avanza con la citación y comparecencia de exresponsables autonómicos y médicos de enlace, bajo el escrutinio de si las personas mayores que residían en estos centros experimentaron restricciones arbitrarias en el acceso a hospitales públicos durante la primera ola de la pandemia de covid-19. Según informó El País, el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba concentró su examen en la presunta denegación de asistencia hospitalaria tras la aplicación de unos protocolos distribuidos en marzo de 2020, que, en opinión de algunos de los investigados, establecieron limitaciones basadas en criterios que podrían ser considerados discriminatorios.

Tal como detalló El País, el exdirector de Coordinación Sociosanitaria Francisco Javier Martínez Peromingo declaró ante el juzgado que en reiteradas ocasiones, y por distintos canales, alertó a su superior Carlos Mur acerca de la naturaleza excluyente de los protocolos que recibieron los geriatras de enlace de hospitales. Peromingo afirmó que los documentos transmitidos determinaban condiciones que restringían la derivación hospitalaria de residentes en centros de mayores, y comunicó su preocupación por escrito y a través de mensajes de WhatsApp.

El proceso judicial también incluye la comparecencia de médicos de enlace de hospitales designados para la atención a residencias. El geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, según consignó El País, señaló ante el magistrado que no tuvo acceso a los protocolos bajo revisión y que su práctica clínica se guio exclusivamente por criterios médicos aplicados caso por caso. Este especialista y su homólogo del Hospital Puerta de Hierro figuran entre los profesionales investigados por su papel en la atención brindada a mayores al inicio de la emergencia sanitaria.

El caso que impulsó específicamente esta diligencia judicial involucra la muerte de una mujer residente en Sanitas Torrelodones. El examen se centra en averiguar si existieron efectivos obstáculos en el acceso a atención hospitalaria derivados de la aplicación de los protocolos, lo que habría tenido implicaciones directas en la atención y resultado sanitario de quienes habitaban en dichos centros.

De acuerdo al informe de El País, las comparecencias de Peromingo, Mur y Pablo Busca —todos ex altos cargos del gobierno regional madrileño— se producen en el contexto de una investigación reactivada tras un periodo de inactividad judicial. La ausencia a citaciones previas por parte de Mur y Busca llevó a la acusación particular a contemplar la solicitud de órdenes de busca y captura, con el objetivo de asegurar la presencia de ambos ante el órgano judicial.

El proceso no se limita a esclarecer las actuaciones individuales, sino que extiende el análisis a la legalidad de las decisiones adoptadas por autoridades sanitarias durante los primeros meses de la pandemia y la eventual existencia de responsabilidad penal. El medio El País explica que la causa examina si los protocolos elaborados por la administración autonómica introdujeron prácticas discriminatorias o contrarias al derecho sanitario, elementos que solo podrán determinarse en función de la documentación, testimonios y pruebas aportados en la instrucción.

La investigación ha contado con periodos de discusión acerca de la posibilidad de unificar los diversos procedimientos abiertos sobre la gestión residencial. El País reportó que a raíz de las similitudes entre casos y protagonistas, se sugirió trasladar todos los procedimientos al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid para la constitución de una macrocausa, aunque el titular de ese juzgado desestimó finalmente la propuesta. La Audiencia Provincial de Madrid aún debe pronunciarse sobre la consolidación o no de los casos.

En el expediente en curso obra documentación diversa: comunicaciones administrativas, protocolos oficiales, informes médicos y testimonios que permitirán a la autoridad judicial reconstruir los hechos y atribuir posibles responsabilidades. Como destaca El País, el foco de las pesquisas recae tanto sobre los responsables de idear estas directrices como sobre quienes las aplicaron en hospitales concretos, como el Puerta de Hierro y el Gregorio Marañón.

Las recientes diligencias destacan por la gravedad de las imputaciones formuladas contra técnicos, responsables políticos y médicos, a quienes se investiga por la presunta aplicación de normativas que limitaron la atención al colectivo más vulnerable de la pandemia. Según lo publicado en El País, el proceso adopta un carácter amplio y exhaustivo, abarcando un análisis detallado de todos los aspectos administrativos y clínicos vinculados a la atención de personas mayores residentes durante la fase más crítica de la emergencia sanitaria.

El ámbito judicial y social sigue de cerca el desarrollo del caso, que permanece abierto en tanto se resuelven cuestiones procesales y se incorporan nuevos testimonios y documentos. El País recalcó en su cobertura que la instrucción pretende delimitar con precisión si las decisiones tomadas durante los momentos más agudos de la crisis se relacionan con posibles conductas delictivas, vulneraciones de derechos, o si respondieron a las condiciones excepcionales del contexto sanitario.

La revisión activa de las piezas documentales, sumada a la incorporación de los testimonios de quienes diseñaron y ejecutaron las medidas, apunta a definir el grado de responsabilidad, en su caso, de los diferentes niveles implicados en la gestión sanitaria a escala autonómica. Mientras tanto, la instrucción permanece pendiente de futuras decisiones judiciales sobre una posible acumulación de causas y de la conclusión de la revisión probatoria, en un proceso que, según El País, sigue generando controversia pública y judicial sobre el impacto de la gestión y las políticas sanitarias adoptadas al inicio de la pandemia en la Comunidad de Madrid.