Las Cortes piden al Tribunal de Cuentas una fiscalización especial de la fundación de Vox, con apoyo del PP y PSOE

El mandato para revisar detalladamente las cuentas de la Fundación Disenso abarca el periodo comprendido entre 2020 y 2025. Según Europa Press, el objetivo de la auditoría especial, aprobada en el Parlamento con el respaldo del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), apunta a esclarecer el origen, destino y registro de los fondos administrados por la entidad asociada a Vox, tras conocerse denuncias relacionadas con desvíos y transferencias presuntamente irregulares por parte de antiguos dirigentes del partido en Baleares. Este proceso de fiscalización, solicitado por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, implica evaluar si existieron desviaciones de fondos públicos asignados a los grupos parlamentarios autonómicos y transferencias que favorecieron de forma indebida a la Fundación Disenso, detonando el debate sobre la transparencia en el uso de recursos institucionales.

El medio Europa Press informó que la decisión parlamentaria se adoptó en el contexto de una creciente preocupación por el manejo y justificación de los fondos canalizados a organizaciones vinculadas a partidos políticos. A la iniciativa de escrutinio sumaron sus votos Sumar y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), lo que garantizó una mayoría suficiente para encargar una revisión especial al Tribunal de Cuentas, encabezado por Enriqueta Chicano. Únicamente Vox mostró desacuerdo con la auditoría, considerando que la medida responde a intereses políticos y se centra de manera exclusiva en su fundación, dejando de lado a otras entidades vinculadas a diferentes fuerzas políticas.

Europa Press destacó que la propuesta cobró fuerza a raíz de las denuncias de exdirigentes de Vox en Baleares, quienes señalaron posibles desviaciones de recursos institucionales en beneficio de la fundación. Los impulsores de la auditoría alegaron la existencia de operaciones susceptibles de contravenir el uso previsto de fondos públicos, por lo que insistieron en la necesidad de documentar exhaustivamente cada transferencia, el origen de los recursos y su posterior utilización, con la exigencia de justificar minuciosamente cada movimiento financiero.

Durante la discusión en la Cámara, el diputado socialista Ferran Verdejo habló de un “historial de sospechas sólidas” en la gestión de la Fundación Disenso. Según recogió Europa Press, Verdejo acusó al presidente de Vox, Santiago Abascal, de utilizar la fundación como canal para asegurar la entrada recurrente de fondos, planteando la hipótesis de que esta estructura puede eludir ciertos controles habituales al no considerarse un partido político. Desde las filas de Sumar, la diputada Engracia Rivera sostuvo que Disenso había funcionado como vehículo para movilizar cuantiosas sumas públicas, cuestionando la opacidad de las contrataciones y la generación de contenidos señalados de desinformar y discriminar.

La senadora del PNV María Dolores Etxano respaldó públicamente la auditoría, indicando —de acuerdo con Europa Press— que interesa clarificar si Vox usó la fundación para gestionar fondos, operando de manera similar a un partido pero sin rendir cuentas con el mismo grado de exigencia legal. Etxano subrayó que la pesquisa permitirá contrastar estos procedimientos y analizar el riesgo de que estructuras alternativas puedan escapar a los controles de supervisión financiera.

La respuesta de Vox, según reportó Europa Press, se centró en rechazar categóricamente las acusaciones. El diputado Juanjo Aizcorbe sostuvo que los señalamientos carecen de fundamento y tienen motivación política. Aizcorbe recordó que las cuentas de la fundación han sido ya objeto de inspecciones oficiales sin detectarse ninguna anomalía y mencionó como antecedente que el Tribunal Supremo anuló previamente una sanción de 238.000 euros que el Tribunal de Cuentas había impuesto a Vox por recaudar donaciones con el fin de interponer una acción legal contra el expresidente catalán Quim Torra. Además, expresó la disposición de Vox a aceptar la fiscalización con la condición de que se incluya a todas las fundaciones políticas sin distinciones. El parlamentario apuntó a Europa Press que, a su juicio, existe una presión reiterada sobre su formación y manifestó escepticismo sobre los resultados efectivos del proceso, haciendo referencia a casos de exoneración previos.

El PP, por su parte, apoyó la investigación pero introdujo matices acerca de su necesidad. Según lo indicado a Europa Press por el diputado popular Luis María Beamonte, el Tribunal de Cuentas habitualmente ya somete a revisión las cuentas de las fundaciones, de modo que la nueva auditoría podría resultar redundante. Beamonte insistió en el principio de transparencia, afirmando que la disposición a ser auditado forma parte de la exigencia de rendición de cuentas en el sistema democrático, aunque advirtió que el ente fiscalizador no valora la afinidad ideológica de los gastos. Igualmente, denunció posibles situaciones de doble vara en la fiscalización, mencionando causas abiertas contra fundaciones asociadas al PSOE como la Fundación Pablo Iglesias.

Pepa Rodríguez de Millán, portavoz de Vox en el Congreso, criticó la coincidencia coyuntural de PP y PSOE para exigir la auditoría, y puso de manifiesto contradicciones en la postura del PP, que usualmente diferenciaría sus criterios de control de los socialistas. De acuerdo con Europa Press, Rodríguez de Millán consideró innecesaria la fiscalización de Disenso al haber sido ya revisada por los órganos competentes y sostuvo que no aparecerán novedades en los resultados. La dirigente también señaló que Vox propuso una extensión del mandato de la auditoría a todas las fundaciones y entidades relacionadas con partidos institucionalizados, pero el PP no apoyó esta propuesta. Desde su perspectiva, el Parlamento solo estaría avalando una fiscalización de algo que previamente se fiscalizó, incrementando la presión política sobre su formación.

Según el análisis recogido por Europa Press, la controversia en torno a la Fundación Disenso da visibilidad a la discusión sobre los niveles de transparencia y la rigurosidad de los controles del destino de fondos públicos administrados por entidades filiales o afines a partidos. La decisión sobre la fiscalización coincide —de acuerdo con el medio— con un debate más extenso acerca de los mecanismos de supervisión de organizaciones que, aunque realizan actividades de relevancia política, pueden operar fuera de las exigencias legales que rigen a los partidos formales. El desarrollo y desenlace del proceso de auditoría encomendado al Tribunal de Cuentas y sus conclusiones servirán para determinar si se produjeron irregularidades o si, por el contrario, la administración financiera de la Fundación Disenso respondió a los estándares normativos vigentes entre 2020 y 2025. Europa Press concluyó que tanto la investigación avalada por las Cortes Generales como la evaluación del Tribunal de Cuentas marcan un episodio relevante en la vigilancia del uso de recursos públicos destinados a entidades vinculadas al escenario político nacional.