La principal empresa del 'caso hidrocarburos' pide al juez que cite a los exjefes de gabinete de Maroto y Ribera

El escrito presentado por Villafuel incluyó la solicitud de que varias personas responsables de la elaboración y entrega de documentación para obtener su licencia, como la técnica María del Mar Delgado y otro profesional vinculado al proceso, sean citados por el juez. Esta acción se suma a la petición anterior de que comparezcan exjefes de gabinete de los ministerios implicados, con el propósito de revisar con profundidad las actuaciones administrativas que desembocaron en la obtención de la licencia de operador mayorista, según informó Europa Press. El trasfondo de estos requerimientos está vinculado a la investigación judicial en marcha sobre las presuntas anomalías administrativas y fiscales que rodean a Villafuel, empresa identificada como pieza central del 'caso hidrocarburos', uno de los procesos más extensos sobre fraude fiscal instruidos por la Audiencia Nacional.

Tal como publicó Europa Press, la defensa de Villafuel cursó un escrito ante el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, donde solicita la comparecencia de Marc Isaac Pons, quien formó parte del gabinete de la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, así como la de Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete en el Ministerio de Industria dirigido por Reyes Maroto. Según detalló Europa Press, la declaración de Pons resulta esencial para aclarar su implicación directa en la tramitación que concluyó con la autorización de Villafuel como operador mayorista en el sector de carburantes. En el caso de Díaz Bidart, Villafuel pretende definir si su intervención se limitó a los cauces formales o si actuó como mediador en aspectos ajenos al procedimiento administrativo regular.

Según consignó Europa Press, la fase actual de instrucción pretende arrojar luz sobre las decisiones y gestiones impulsadas por altos cargos y técnicos, que resultaron determinantes en el proceso de concesión de licencias a la empresa. Paralelamente, el magistrado Pedraz dictaminó la prórroga de la instrucción penal hasta junio de 2026, lo que permitirá un análisis profundo de las fases y mecanismos administrativos en el proceso de licenciamiento, así como el escrutinio de las eventuales conductas irregulares que pudieran constituir delito en el ámbito de la tributación aplicable a la comercialización de hidrocarburos.

La investigación, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, se focaliza en detectar posibles fraudes relativos al impuesto sobre el valor añadido (IVA) durante la circulación y venta de combustibles. Las pesquisas se apoyan en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estas diligencias han aportado datos sustanciales respecto a los supuestos métodos fraudulentos, que, según el análisis de la UCO difundido por el medio, consisten en la adquisición de una operadora mayorista por parte de grupos organizados. Dichas operadoras adquieren combustible en depósitos fiscales desembolsando únicamente los impuestos especiales, con el compromiso de ingresar el IVA a la Agencia Tributaria tras vender el producto a las gasolineras minoristas.

Europa Press explicó que el fraude se consuma cuando, tras realizar la venta y recaudar el IVA, las operadoras deciden no transferir esos fondos al fisco. Esta práctica origina deudas fiscales equivalentes al importe total del IVA cobrado a los minoristas ya que los operadores, en la compra inicial, apenas pagan cuotas sujetas a este impuesto. El sumario recoge que la retención de estos fondos representa un elemento clave en la estructura delictiva objeto de investigación, y constituye el punto central de la causa bajo el juez Pedraz.

Además, los documentos analizados por la UCO y recogidos por Europa Press añaden que el perfeccionamiento del modus operandi de estas redes ha incluido la creación de sociedades interpuestas. La función de estas empresas pasa por dificultar la huella de los responsables directos, a la vez que blindan a las operadoras frente a eventuales sanciones administrativas o a la posible retirada de licencias, lo que impide su actividad en el sector petrolero. Europa Press resaltó que conseguir y mantener la habilitación para operar como mayorista de hidrocarburos resulta crucial para las entidades investigadas, lo cual se traduce en complejas estrategias defensivas.

En el contexto de la misma investigación penal, figura también Víctor de Aldama, quien según los análisis aportados a la causa y reportados por Europa Press, participa como supuesto intermediario en la trama. Su vinculación al caso Koldo y su presunta colaboración en las operaciones que conforman la red de fraude fortalecen los fundamentos de la instrucción mantenida por el juzgado.

De acuerdo con Europa Press, la respuesta del juez Pedraz a las peticiones impulsadas por Villafuel será determinante para el desarrollo posterior de la causa penal, con potencial repercusión en los procedimientos administrativos de los organismos públicos competentes en la acreditación y vigilancia de operadores del sector.

Finalmente, la Audiencia Nacional, tal como informó Europa Press, continuará recabando pruebas y testimonios al menos hasta 2026. El objetivo de este proceso es delimitar las responsabilidades legales y administrativas de los actores implicados, tanto en la esfera empresarial como en la institucional, dentro de un sumario que se mantiene como uno de los mayores procedimientos judiciales en curso sobre presunto fraude fiscal en el ámbito de los hidrocarburos en España.