El reconocimiento de la ministra portavoz Pilar Alegría acerca de una reunión mantenida con Francisco Salazar tras su destitución como asesor, en un momento en que ya existían denuncias internas por acoso sexual contra él, profundizó la polémica en torno a la gestión oficial de las alertas institucionales. Según consignó Europa Press, este episodio intensificó las exigencias de investigación y depuración de responsabilidades sobre la actuación de los altos cargos responsables, especialmente en lo relativo al cumplimiento de los protocolos de protección para víctimas de acoso sexual dentro del Gobierno.
De acuerdo con Europa Press, la implicación de Antonio Hernández, debido a su vinculación con Francisco Salazar y a su papel anterior en la gestión de la situación, amplió el alcance de las indagaciones sobre posibles omisiones en la tramitación de denuncias internas. Las peticiones de esclarecimiento no se limitaron a Salazar, sino que incluyeron la revisión de las acciones —o inacciones— de funcionarios con responsabilidad directa o indirecta, en línea con la demanda de transparencia y el refuerzo de mecanismos para salvaguardar los derechos de quienes denuncian situaciones de acoso en el ámbito institucional.
La reacción de las autoridades frente a estas denuncias se colocó en el centro del debate parlamentario tras la intervención de figuras del Partido Popular (PP), quienes, según detalló Europa Press, solicitaron explicaciones públicas y consecuencias políticas. Buena parte de las críticas apuntaron contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a quien el PP acusó de conocer las denuncias y no activar los procedimientos oficiales de respuesta. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, afirmó en declaraciones reproducidas por Europa Press que Montero, con responsabilidades tanto en el Gobierno como en el PSOE, no impulsó ninguna medida institucional frente a la situación denunciada, remarcando que “no hizo absolutamente nada”.
La controversia sobre la actuación de Montero, según reportó Europa Press, llevó a la oposición a cuestionar la coherencia y el rigor del Ejecutivo y del PSOE en la aplicación de sus propios protocolos de protección institucional. El PP recalcó la importancia de que los responsables políticos que hayan tenido conocimiento de los hechos sean sometidos a evaluación, contrastando su respuesta frente a este caso con la mostrada en situaciones similares previas.
Europa Press subrayó que la estrategia opositora incluyó la recuperación de frases previamente empleadas por la ministra Alegría para exigir depuración de responsabilidades ante omisiones relacionadas con denuncias de violencia. De esta forma, los populares pusieron el foco en la continuidad de Montero en su cargo y en la necesidad de homogeneidad en el cumplimiento de los estándares institucionales, considerando esta actitud esencial para preservar o restablecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El debate se extendió también al terreno autonómico. Según informó Europa Press, Jaime de los Santos asoció la reciente aprobación del techo de gasto en Aragón con una maniobra del PSOE destinada a evitar una posible convocatoria electoral, que, en opinión del PP, podría resultar desfavorable para los socialistas. De los Santos sugirió que Alegría habría favorecido un acuerdo presupuestario con el PP aragonés para asegurar la estabilidad de su entorno político, interpretando dicho pacto como reflejo de una actitud defensiva ante la posibilidad de un revés electoral.
El desarrollo de estos acontecimientos intensificó, según reiteró Europa Press, la presión tanto política como institucional sobre el Gobierno y los funcionarios implicados en la gestión de las denuncias internas de acoso. El PP reiteró su exigencia de máxima transparencia en los procedimientos administrativos y reclamó el esclarecimiento de las posibles responsabilidades de aquellas autoridades que, teniendo la capacidad de actuar, optaron por no hacerlo.
Según publicó Europa Press, la controversia reactivó el debate parlamentario y aumentó las demandas sociales en torno a la necesidad de protección efectiva a las víctimas de acoso, así como de integridad y rigor en los procesos internos en la administración pública. El asunto, según ese medio, trascendió la coyuntura propia del Ejecutivo, adquiriendo relevancia en la agenda política y mediática en España, con los temas de transparencia, rendición de cuentas y defensa de los derechos como puntos centrales de la discusión pública.
En el centro de esta disputa se sitúa la demanda por una gestión institucional que garantice la tramitación adecuada de las denuncias, la evaluación objetiva de los hechos y la depuración de responsabilidades en caso de omisión. Europa Press reflejó el efecto de estas controversias en el conjunto de la opinión pública, donde la confianza en la respuesta de los organismos oficiales y la percepción de protección efectiva para las víctimas se han convertido en temas recurrentes en la agenda de control y exigencia ciudadana hacia el Gobierno y el conjunto de sus estructuras administrativas.
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