
La duración de una posible sanción podría llevar a la suspensión de la acreditación parlamentaria del periodista por entre once días y hasta tres meses, según la gravedad de la infracción analizada, en virtud de normas recién modificadas para regular la relación entre los profesionales de la información y la institución legislativa. Esta perspectiva se desprende de la investigación iniciada por el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP), tras la denuncia presentada por el grupo Sumar contra Bertrand Ndongo, periodista de ‘Periodista Digital’, debido a su comportamiento en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Según detalló el medio Europa Press, esta es la primera vez que el órgano consultivo activa el mecanismo disciplinario previsto en la nueva normativa, vigente desde hace pocas semanas.
La investigación impulsada por el CCCP se origina en la reclamación registrada por Sumar por la conducta de Ndongo durante una intervención de la portavoz de la formación, Verónica Martínez Barbero. El periodista habría tomado la palabra sin autorización en el turno de preguntas, interrumpiendo repetidas veces el acto, lo que contravino las normas establecidas para la participación de los medios acreditados. Según publicó Europa Press, esta situación obligó a activar el mecanismo que prevé el reciente reglamento, que cataloga como falta grave cualquier acción que altere el orden en comparecencias públicas y ruedas de prensa en la sede legislativa.
La apertura del expediente contó con el respaldo de la Mesa del Congreso, que tomó la decisión con votos a favor de PSOE y Sumar, frente a la oposición del Partido Popular. Vox tampoco manifestó apoyo y, junto al PP, optó por no integrarse en el propio CCCP. Europa Press informó que el órgano consultivo, que incorpora representantes de todos los grupos parlamentarios excepto PP y Vox, además de miembros de asociaciones periodísticas sin derecho a voto, dispone de quince días para reunir la información relevante y redactar un informe proponiendo, o no, la sanción correspondiente.
Una vez culminada esta fase, la Mesa del Congreso volverá a intervenir, designando a una persona instructora del expediente y debiendo resolver sobre la aplicación efectiva de la sanción en un plazo máximo de seis meses. Si se determina la suspensión, el acceso al Congreso del periodista implicado quedaría vetado temporalmente para la cobertura informativa durante el periodo que se establezca.
El nuevo marco disciplinario fue diseñado con la intención de salvaguardar el desarrollo ordenado de los actos oficiales y proteger tanto el derecho a la información como a la expresión, dentro de lineamientos definidos para todos los participantes, según destacó Europa Press. El reglamento exige que los profesionales acreditados en el Congreso respeten los turnos y las normas dispuestas para intervenir en ruedas de prensa y comparecencias de los diputados, con la finalidad de evitar desórdenes y garantizar la igualdad de condiciones para todos los medios presentes.
De acuerdo con Europa Press, la activación del CCCP en este contexto responde al propósito de regular la interacción entre diputados y prensa, reforzando la transparencia y las garantías para ambas partes. La investigación sobre Bertrand Ndongo representa el debut del sistema sancionador en una coyuntura en que la controversia sobre los límites de la labor periodística y la necesidad de atender al buen funcionamiento institucional cobra un nuevo protagonismo.
Europa Press consignó que hay pendiente otra denuncia por parte de la Asociación de Periodistas Parlamentarios contra Vito Quiles, reportero de ‘Estado de Alarma’, sobre la que la Mesa deberá también pronunciarse. Aunque no se han conocido detalles sobre esta segunda causa, ambos procedimientos han generado un debate dentro y fuera del Congreso acerca de los derechos y deberes tanto de profesionales de la información como de políticos en el desempeño de sus respectivas labores.
Además, la resolución de estos expedientes podría sentar precedentes respecto a las pautas de convivencia en la Cámara baja. El medio Europa Press recogió opiniones de fuentes que interpretan que el alcance de la sanción y el proceso seguido en este primer caso disciplinario podrían influir en la futura regulación de la relación entre prensa y Parlamento, favoreciendo la clarificación de normas y responsabilidades orientadas a mantener el equilibrio entre el ejercicio periodístico y el orden institucional dentro del Congreso de los Diputados.
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