A juicio por violar a su hija menor durante más de una década en Mallorca

Durante los momentos más restrictivos del confinamiento decretado durante la pandemia de COVID-19, la menor que figura en el centro de un caso de abuso sexual en Mallorca experimentó un acceso severamente limitado tanto a servicios médicos como a atención psicológica, lo que intensificó su exposición al abuso y dificultó sus posibilidades de solicitar ayuda externa. Este dato, consignado por un medio especializado, forma parte de la documentación relevante analizada en el juicio que se desarrolla ante la Audiencia Provincial de Palma, donde un hombre se enfrenta a una acusación de abusar sexualmente de su hija durante más de una década, según la información compilada por el citado periódico.

De acuerdo con lo publicado por el medio especializado, durante la vista oral los peritos forenses presentaron diagnósticos que documentan graves daños psicológicos en la víctima, describiendo episodios autolesivos, intentos repetidos de suicidio y numerosas hospitalizaciones. Los informes forenses establecieron un vínculo directo entre el sufrimiento de la menor y la falta de respuestas coordinadas por parte de los organismos responsables de la protección infantil, afectando negativamente el proceso de detección e intervención ante el abuso.

Según detalló el medio especializado, la falta de protocolos claros y la deficiente coordinación interinstitucional se destacaron como factores que permitieron la prolongación de los episodios de maltrato y dificultaron la detección temprana del abuso. Las instituciones judiciales, pese a conocer antecedentes de violencia doméstica relacionados con la familia después de la separación producida en 2015, mantuvieron en un inicio un régimen de custodia compartida. Esta decisión, según la valoración de técnicos y especialistas que participaron en el proceso, limitó de manera significativa la capacidad para prever situaciones de riesgo y frenó la adopción de intervenciones preventivas prioritarias.

El acusado, según reportó el medio, ejercía un elevado nivel de control sobre la vida cotidiana de la menor, imponiéndole restricciones estrictas que anulaban sus oportunidades de contacto tanto con docentes como con personal sanitario o entornos sociales ajenos a su ámbito familiar. Técnicos que aportaron su perspectiva en el juicio ante la Audiencia Provincial señalaron cómo este aislamiento progresivo de la víctima complicó la identificación de señales de abuso y retrasó la activación de los servicios de protección adecuados.

Parte de la documentación judicial, reseñada por el medio citado, recoge cómo a lo largo de varios periodos críticos, incluyendo el aislamiento por la crisis sanitaria, la menor se vio privada de consultas médicas rutinarias y de atención profesional psicológica. Esta limitación incrementó la gravedad de su situación, extendió la duración de la exposición al abuso y redujo los canales de denuncia y protección posibles.

Algunos de los episodios denunciados habrían ocurrido en lugares apartados y difíciles de supervisar, como estacionamientos de casinos cerrados, lo cual, según subraya la cobertura del medio, añadió barreras adicionales a la identificación institucional de posibles alertas relacionadas con el maltrato. Expertos comparecientes subrayaron ante el tribunal la ausencia de sistemas automáticos de detección y de protocolos de alarma específicos, lo que, sumado a la inacción institucional, hizo que la víctima se encontrara sin mecanismos efectivos de protección.

El medio especializado recogió declaraciones en las que se sostiene que el acusado, además del control físico y social, utilizó amenazas e intimidaciones para impedir que la menor solicitara auxilio o comunicara lo sucedido a otras personas. Esta situación impidió que figuras adultas de referencia pudieran haber detectado señales o indicios de peligro.

Durante las declaraciones judiciales, múltiple especialistas insistieron en la urgencia de instaurar mecanismos que garanticen supervisión constante y activación automática de alertas en casos en los que existan antecedentes familiares de riesgo, como aquellos documentados tras la separación parental de 2015. Entre las propuestas presentadas para su consideración figuran la puesta en marcha de sistemas de vigilancia continua en situaciones de custodia compartida cuando existan sospechas o antecedentes de violencia, así como la mejora del flujo comunicativo entre servicios sociales, sector sanitario y justicia.

El debate en el tribunal ha girado en torno a la necesidad de revisar los modelos vigentes tanto en lo que respecta a la detección como a la intervención frente al abuso infantil, focalizándose en las complicaciones ocasionadas por la falta de herramientas automáticas y la escasa colaboración entre los organismos implicados en la protección de menores. Según la publicación del medio especializado, la fiscalía solicita una condena de treinta y seis años de cárcel para el acusado y el pago de una indemnización de quince mil euros a favor de la víctima. Esta petición se interpreta, en el contexto mediático, como una respuesta institucional ante las carencias observadas en la protección pública de menores expuestos a situaciones de alta vulnerabilidad familiar.

La cobertura del proceso judicial documenta que el caso está motivando una revisión exhaustiva de los actuales protocolos de prevención, control e intervención en contextos de violencia doméstica y abusos sexuales contra menores, incidiendo especialmente en las dinámicas de gestión de custodia y los mecanismos de seguimiento en familias con antecedentes de violencia. Dentro de las deliberaciones han sido introducidas medidas para potenciar la respuesta inmediata ante cualquier señal de peligro y para el establecimiento de nuevas directrices regionales y nacionales que favorezcan una detección y protección más eficaces.

Las intervenciones recogidas por el medio apuntan a la conveniencia de fortalecer la colaboración ágil y efectiva entre las distintas instancias judiciales, entidades sanitarias y entornos educativos, recogiendo el caso instruido en la Audiencia Provincial de Palma como una referencia central para la futura elaboración de protocolos y recomendaciones que permitan evitar situaciones similares y refuercen las capacidades preventivas y de asistencia en la atención a la infancia vulnerable.