PSOE exige a PP que expulse y haga dimitir a alcalde de Estepona: "García Urbano se encamina hacia el banquillo"

El análisis judicial sobre la posible injerencia de relaciones personales en la contratación pública y el uso de fondos municipales en Estepona ha cobrado un enfoque central en el avance de la instrucción, dando pie a un escrutinio detallado sobre la legalidad de los acuerdos y la gestión administrativa. El caso, que involucra directamente al alcalde José María García Urbano y a una funcionaria municipal, se mantiene abierto sin la aplicación de medidas cautelares que los aparten de sus puestos, mientras la presión política y social sobre el Partido Popular y las autoridades locales se intensifica, según difundió Europa Press.

Tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona de ampliar el periodo de investigación, la instrucción ha permitido a las partes extender la recopilación de documentos, solicitar nuevas declaraciones y acumular pruebas adicionales para esclarecer si las prácticas administrativas obedecieron a intenciones deliberadas de alterar los procedimientos regulares. Europa Press informó que este aplazamiento del plazo ha dotado a la investigación de nuevas herramientas para verificar el cumplimiento normativo y verificar potenciales irregularidades en el Ayuntamiento.

De acuerdo con Europa Press, tanto el alcalde García Urbano como la funcionaria señalada continúan en sus funciones debido a que el procedimiento judicial no ha derivado en suspensión de empleo ni en la imposición de restricciones administrativas o disciplinarias. Esta continuidad contrasta con la incertidumbre que reina en Estepona, alimentada por la falta de declaraciones concretas por parte de la dirección local y provincial del Partido Popular, lo que ha propiciado una oleada de pronunciamientos ciudadanos que reclaman mayor transparencia y garantías de control sobre la gestión municipal mientras el proceso sigue abierto.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha endurecido su posicionamiento público ante esta situación. Según reportó Europa Press, Josele Aguilar, secretario provincial del PSOE en Málaga, solicitó de manera enfática que el PP expulse a García Urbano y le exija la renuncia a la alcaldía durante el periodo de investigación judicial. Aguilar puso de manifiesto el contraste entre los protocolos que el Partido Popular demanda en casos similares que afectan a otros partidos y la respuesta del propio PP ante un caso que afecta a uno de sus miembros, exigiendo coherencia y responsabilidad política inmediata en ambos escenarios.

En sus declaraciones a Europa Press, Emma Molina, secretaria general del PSOE en Estepona, remarcó la urgencia de que la dirección popular asuma el compromiso de separar al alcalde del gobierno local, con el objetivo de “evitar la vergüenza de ver al alcalde de nuestro municipio sentado en el banquillo acusado de malversación de caudales públicos”. Molina insistió en la importancia de revisar exhaustivamente los expedientes administrativos y establecer controles internos más estrictos mientras se esclarecen los hechos.

Europa Press detalló que el PSOE no ha circunscrito sus demandas solo al ámbito local, sino que también ha dirigido sus exigencias a figuras destacadas del PP en Andalucía, tales como Juanma Moreno Bonilla, Patricia Navarro y Carolina España. De acuerdo con la cobertura del medio, el PSOE pidió explícitamente que la cúpula regional defina su postura respecto al caso de Estepona y actúe en consonancia con los principios de responsabilidad ética y política.

El expediente judicial en curso examina tanto la posible manipulación de las adjudicaciones municipales mediante vínculos personales como la legalidad y el destino de los fondos públicos, con vistas a determinar si existieron desviaciones que pudieran conducir a la atribución de cargos penales. Europa Press precisó que, de confirmarse las sospechas, la causa podría derivar en la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial, lo que implicaría no sólo la suspensión de los cargos investigados, sino también consecuencias en el plano institucional y político.

La prórroga del periodo instructor, concedida por el juzgado, se considera una oportunidad para recabar elementos probatorios adicionales y delimitar con más precisión la magnitud de las sospechas sobre la gestión municipal. A lo largo de esta ampliación, el tribunal tiene previsto solicitar más documentación y tomar nuevas declaraciones, con el fin de aportar mayor claridad a las circunstancias bajo revisión. Según especificó Europa Press, el proceso afecta no solo a la rutina administrativa, sino que también incide directamente en el debate político sobre la integridad institucional y la ética en la administración pública local.

Las reacciones en Estepona han movilizado a diferentes colectivos sociales, que intensifican su demanda en favor de procedimientos transparentes y la instauración de sistemas efectivos de fiscalización. Europa Press consignó que las exigencias de estos grupos convergen con las de la oposición política, que pide una supervisión rigurosa y la aclaración plena de los hechos para recuperar la confianza ciudadana en el ayuntamiento.

Mientras la vigilancia sobre la administración local se incrementa, tanto la actividad política como la legal se desarrolla bajo una atención pública reforzada. Europa Press subrayó que el seguimiento mediático y las observaciones de la ciudadanía han elevado el nivel de exigencia hacia los responsables municipales, sometidos a una presión continuada para garantizar que el proceso se desarrolle bajo principios de claridad y buen gobierno.

La evolución del expediente judicial y una posible imputación formal de los implicados, así como la decisión de la Audiencia Provincial respecto a la apertura de juicio oral, dependerán de los resultados obtenidos durante la fase ampliada de instrucción. Mientras tanto, el puesto de alcalde ocupado por José María García Urbano y la ausencia de posicionamientos públicos por parte del Partido Popular sostienen un clima de expectativa y presión social en Estepona, a la espera de nuevos acontecimientos que puedan marcar un punto de inflexión en la gestión de la crisis.