El informe elaborado por la Asociación de Abogados del Estado apunta que la imposición de requisitos uniformes a nivel estatal para la firma y validación de documentos universitarios solo resultaría posible si se modificara o aprobara una nueva ley por parte del Estado. Hasta que ocurra algún cambio legislativo de esta naturaleza, la regulación sobre la validación de documentación oficial seguirá situada en el ámbito de cada universidad pública, que puede decidir y ajustar libremente los procedimientos conforme a sus propias necesidades y características, siempre ateniéndose al marco legal existente y a la normativa interna del centro. Así lo reveló Europa Press tras el análisis del dictamen presentado ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Según publica Europa Press, este informe considera que la plena competencia para regular la validación documental universitaria corresponde a cada institución académica, mientras no exista una regulación estatal que establezca criterios comunes en toda España. El documento indica que las universidades públicas conservan la capacidad de autogobierno reconocida tanto por la Constitución como por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y la normativa universitaria en vigor. Este marco legal permite a las instituciones adaptar, modificar o suprimir los requisitos de gestión documental en función de sus necesidades organizativas, dentro de los límites que marca el ordenamiento estatal y sus estatutos internos.
El dictamen, compartido con el juzgado madrileño, enfatiza que, a falta de una norma general en todo el Estado, la regulación y exigencias sobre la firma de documentos universitarios dependen en exclusiva de las resoluciones que adopten los órganos académicos de cada universidad. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el informe subraya que solo cuando los estatutos o los reglamentos internos de una universidad contemplan requisitos profesionales o titulación concreta para la persona que valida documentos, esos requisitos se hacen obligatorios para ese centro, pero no se extienden al resto de universidades públicas.
En el texto presentado, la Asociación de Abogados del Estado sostiene que la legislación nacional actualmente en vigor no recoge ninguna exigencia de titulación profesional precisa para quienes asumen la validación de documentación en las universidades públicas españolas. Según destaca Europa Press, salvo que el propio reglamento interno de la institución imponga tales condiciones, la designación y atribución de la responsabilidad de la firma corresponde enteramente a los órganos de gobierno de la universidad correspondiente.
Europa Press puntualiza que el dictamen presentado no se refiere a ningún caso particular y, por tanto, no entra a valorar situaciones específicas como la controversia reciente sobre la validación de documentos realizada por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. En cambio, el documento aporta un criterio de interpretación general de la legislación aplicable, con el objetivo de reforzar la autonomía en la gestión de la documentación oficial universitaria y delimitar este modelo respecto al resto del sector público.
En relación con la gestión de documentos universitarios, Europa Press recoge que la Asociación de Abogados del Estado considera que los procedimientos para refrendar o firmar documentación interna deben fijarse mediante los estatutos y decisiones propias de cada universidad, salvo cuando existan normas internas que especifiquen claramente condiciones profesionales. En ausencia de esa normativa, explica el informe, la autoridad responsable de determinar estos requisitos es exclusiva de los órganos de gobierno del centro.
La capacidad de decidir sobre la validación de documentación, argumenta el dictamen citado por Europa Press, forma parte de la autonomía universitaria y se enmarca dentro del respeto al marco jurídico general. Asimismo, señala que cualquier modificación para imponer condiciones únicas y uniformes a nivel nacional solo podrá aplicarse si se lleva a cabo mediante la correspondiente reforma legal estatal.
La Asociación de Abogados del Estado, según informa Europa Press, aclara en su texto que la misión de este informe es guiar a las universidades y a las autoridades judiciales sobre los principios legales vigentes y el alcance de la autonomía universitaria en estas competencias, distinguiendo el funcionamiento del ámbito académico en materia documental del resto del sector público.
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