Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos en el Congreso, manifestó que el rey emérito Juan Carlos I, en sus memorias, reconoce abiertamente su condición de heredero del dictador Francisco Franco, lo que a su juicio demuestra la persistencia de una "maquinaria" que sigue funcionando en la actualidad, reflejada en prácticas de ‘lawfare’ contra la izquierda y sectores sociales, así como en otras desigualdades estructurales del país. Según informó el medio, Sánchez Serna realizó estas declaraciones durante el acto de conmemoración de la Constitución en la Cámara Baja, donde expresó que existen “pocos motivos para celebrar” la efeméride, dada la situación política y social que atraviesa España.
De acuerdo con lo publicado por Podemos, el diputado se refirió a las limitaciones del pacto constitucional desde su origen y acusó al bipartidismo de haber dado, tras décadas de desarrollo, resultados aún más insatisfactorios para la mayoría social. Detalló que tanto el Partido Popular como el actual Gobierno central no han revertido la tendencia a la privatización en servicios públicos, particularmente en la sanidad, y cuestionó la utilidad de los derechos reconocidos en la propia Carta Magna ante la realidad social.
El medio consignó que Sánchez Serna consideró que el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda (artículo 47) resulta nulo para las familias trabajadoras y los jóvenes, pues las políticas implementadas por comunidades autónomas bajo administración del Partido Popular, y también por el Ejecutivo central actual, han permitido que los precios del alquiler crezcan un 15% solo en el último año. El diputado calificó esta situación como una "asfixia" que padecen miles de hogares, ignorando el espíritu de las garantías contenidas en la Constitución.
En el ámbito sanitario, Sánchez Serna sostuvo que tampoco el derecho constitucional a la protección de la salud se cumple, ya que la actividad de empresas como Ribera Salud o Quirón evidencia que se promueve un modelo de negocio en la gestión de hospitales, como el caso reciente del Hospital de Torrejón (Madrid). Tal como publicó el medio, el diputado responsabilizó tanto al PP como al Gobierno central de mantener una actitud permisiva o de “complicidad” con la privatización de la sanidad pública, no mostrando, según sus palabras, voluntad alguna para derogar las legislaciones que lo permiten.
El diputado de Podemos también se refirió al Ministerio del Interior, al que acusó de no responder ante el crecimiento de movimientos de ultraderecha ni tomar medidas suficientes tras episodios como los ocurridos el pasado verano en Torre Pacheco (Murcia), a los que calificó de "cacerías racistas", advirtiendo del avance de la extrema derecha en determinados contextos locales sin un freno institucional efectivo.
Asimismo, reportó el medio, Sánchez Serna señaló que el llamado ‘lawfare’ persiste como una expresión de la “maquinaria” heredada del franquismo, subrayando que, en su opinión, dicha estructura sigue presente y activa mediante mecanismos judiciales usados contra la izquierda y movimientos sociales del país. Estas valoraciones se vieron reforzadas por sus alusiones a fragmentos de las memorias del rey emérito, donde interpreta que el propio Juan Carlos I asumiría el legado de Franco y vendría a sostener que el franquismo “lo dejó todo atado y bien atado”.
En su intervención, Sánchez Serna insistió en que los avances políticos logrados desde la Constitución habrían resultado insuficientes e incluso frustrantes, ya que las desigualdades estructurales y la persistencia de privilegios históricos siguen, a su parecer, sin resolverse. El diputado subrayó que las referencias constitucionales a derechos y garantías pierden sentido práctico cuando las políticas que las desarrollan, tanto a nivel autonómico como nacional, priorizan intereses económicos y no solucionan los problemas reales de las mayorías sociales, haciendo especial énfasis en el acceso a la vivienda y la sanidad pública.
El acto en el Congreso, tal como detalla la información publicada, se desarrolló en un contexto de críticas por parte de Podemos sobre la interpretación y aplicación de la Carta Magna por parte de los principales partidos políticos, insistiendo en la necesidad de transformaciones para garantizar que los derechos reconocidos tengan un reflejo concreto en la vida de la ciudadanía.
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