Las asociaciones de víctimas de la dana exigen a Pérez Llorca que reclame el acta a Mazón como condición para reunirse

Los mensajes de WhatsApp enviados el 29 de octubre de 2024 entre representantes del anterior gobierno valenciano, divulgados recientemente, contienen intercambios sobre la situación crítica durante la dana y han motivado nuevas exigencias de las asociaciones de víctimas hacia las autoridades autonómicas. Las conversaciones, que según las asociaciones aportan pruebas de negligencia y falta de transparencia, han propiciado que los familiares afectados soliciten al actual presidente autonómico, Juanfran Pérez Llorca, que retire el escaño de diputado a Carlos Mazón antes de que pueda producirse cualquier encuentro con el nuevo jefe del Consell. Esta decisión fue comunicada mediante un comunicado conjunto firmado por la Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre 2024 y la Associació de Víctimes Mortals 29-O, un día después de conocer los mensajes entregados por la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, a la jueza encargada de la investigación sobre la gestión de aquel episodio meteorológico.

Según informó el medio, la exconsellera Pradas, investigada en el mismo procedimiento, entregó una relación de mensajes que cruzó con Carlos Mazón, entonces presidente autonómico, y con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Entre los contenidos más destacados figura una advertencia de Pradas a Mazón durante la mañana del 29 de octubre sobre la preocupación por el barranco del Poyo a lo que Mazón respondió: “Cojonudo”. También a media tarde, Pradas avisó a Cuenca de la existencia de una víctima mortal en Utiel (Valencia). Ambas asociaciones subrayan que estos registros debilitan la línea argumental del Consell mantenida durante el último año respecto a la falta de información y la naturaleza de la emergencia.

De acuerdo con el comunicado difundido, las organizaciones han reclamado “medidas políticas y transparencia inmediata”, señalando como primer paso la retirada del acta de diputado de Carlos Mazón. Advirtieron que no consideran posible valorar una reunión con Pérez Llorca mientras no se haya dado ese paso. Las víctimas exigen, además, el cese y la retirada de confianza a los responsables y altos cargos que han defendido públicamente la versión oficial de los hechos, pidiendo de forma explícita la destitución de la vicepresidenta primera, Susana Camarero; el conseller de Hacienda y Economía, José Antonio Rovira; y el de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. Este posicionamiento, publicado por el medio de referencia, implica una ruptura total con la narrativa que, a su juicio, ha sostenido la administración y que, con los nuevos datos disponibles, consideran refutada.

Las asociaciones han solicitado la cooperación plena con la investigación judicial en curso, demandando que todas las personas citadas colaboren sin reservas, pongan a disposición su documentación y permitan el acceso a dispositivos y registros electrónicos que puedan ayudar a reconstruir la cadena de decisiones adoptadas durante la dana. Argumentaron que la colaboración íntegra resulta esencial para esclarecer los hechos. Según consignó el mismo medio, los familiares encuentran inaceptable mantener una versión oficial de los hechos frente a elementos que prueban, según su criterio, que las autoridades disponían de información relevante sobre la emergencia que no fue utilizada para prevenir las muertes.

Las conversaciones aportadas por Pradas, según el relato de las asociaciones, documentan la existencia de avisos sobre el incremento del caudal tanto en el barranco del Poyo como en el río Magro, la declaración de alerta hidrológica y la notificación de fallecidos en Utiel antes de las 17:00 horas del mismo día. Sostienen que estas pruebas contradicen la afirmación oficial sobre la inexistencia de información previa a la catástrofe y desmontan la justificación esgrimida por los responsables políticos implicados.

El medio señala que entre los mensajes atribuidos a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón en ese periodo, se incluyen instrucciones que, según los colectivos, instaron a la calma y evitaron la difusión de avisos masivos que podrían haber alertado a la población con mayor antelación. Esta conducta ha sido calificada por las víctimas como “potencialmente letal”, dado que pudo haber dificultado la toma de precauciones por parte de los ciudadanos expuestos al riesgo.

Las asociaciones han reiterado que, según sus registros, Mazón fue advertido con suficiente antelación sobre la gravedad de la situación, en particular antes de la comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro. De acuerdo con los documentos entregados, el expresidente ya era consciente, al menos dos horas antes del encuentro, de los rescates en curso y la magnitud del peligro, además de haberse notificado la primera víctima mortal.

“Durante un año se nos negó que las autoridades tenían información e ignoraron la alerta hidrológica,” señalan en el comunicado difundido por el medio, “y ahora estos mensajes lo constatan”. La exigencia de transparencia y asunción de responsabilidades se produce después de meses en que familiares y asociaciones afirmaron haber solicitado acceso a estos datos sin éxito. Consideran los hechos como un agravio hacia quienes perdieron la vida y sus allegados, y rechazan cualquier intento de minimizar las responsabilidades o aplicar eufemismos para definir lo sucedido, según publica el medio. Dicen no aceptar que la gestión administrativa del 29 de octubre se normalice mientras no se clarifiquen todas las responsabilidades políticas y técnicas derivadas de la cadena de decisiones identificada en las pruebas documentales.

Finalmente, las asociaciones advierten que la confianza en las instituciones depende de una ruptura definitiva con la versión oficial, la asunción de responsabilidades individuales y la cooperación absoluta de todas las personas y cargos implicados en la instrucción judicial derivada de la tragedia.