El magistrado responsable del caso ha solicitado la declaración como testigos tanto del portero del edificio, José Luis, como del arquitecto Pablo García Bachiller, y ha reclamado a la Policía Municipal de Madrid la entrega de todos los informes generados a raíz de sus intervenciones en el inmueble entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025. Según informó Europa Press, además se ha requerido al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid toda la documentación relativa a las obras llevadas a cabo en el edificio desde su comienzo hasta el momento actual. Estas medidas forman parte de la investigación judicial abierta a raíz de la denuncia interpuesta por doce residentes contra los responsables de la gestión del inmueble ubicado en la calle Tribulete, en el barrio de Lavapiés.
El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid tomó la decisión de admitir la querella presentada y ordenó la apertura de diligencias, al considerar que existen elementos que podrían constituir un delito de acoso inmobiliario. Así lo refleja el auto judicial consultado por Europa Press, en el que la jueza María Isabel Garaizabal Ariza expone que los hechos relatados en la denuncia “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de acoso inmobiliario”. De este modo, el proceso penal queda formalmente abierto con la citación de los doce querellados, quienes deberán comparecer para prestar declaración ante el juzgado los días 17 de febrero y 3 de marzo.
La querella apunta a varias personas físicas y jurídicas con responsabilidad en la gestión del edificio. Entre las entidades mencionadas figuran Elix Servicios Inmobiliarios SL, Inmho Gestión de la Propiedad SLU y otros directivos y responsables operativos vinculados al inmueble, según ha consignado Europa Press. El planteamiento de los demandantes establece que estos sujetos estarían implicados en conductas propias del denominado “acoso inmobiliario”, una figura penal cuyo objetivo consiste presuntamente en ejercer presión sobre los residentes para forzar su salida de las viviendas, en ocasiones recurriendo a métodos como obras, molestias reiteradas, presencia policial y actuaciones de las empresas gestoras.
El inicio de diligencias supone que la magistrada instruirá una investigación exhaustiva para determinar tanto la naturaleza exacta de los hechos denunciados como la posible participación de los individuos y sociedades implicadas. De acuerdo con Europa Press, los testimonios requeridos al portero y al arquitecto pretenden arrojar luz sobre las condiciones habitacionales y las modificaciones introducidas en el edificio, así como sobre la actividad de las empresas encargadas de su administración.
También según Europa Press, la orden judicial contempla la recopilación de todos los datos generados por la Policía Municipal de Madrid a raíz de sus intervenciones en el inmueble a lo largo de varios meses, con el propósito de obtener un panorama detallado sobre la dinámica que ha predominado en el edificio y sobre los incidentes reportados por los vecinos. El expediente de obras solicitado al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid permitirá a la jueza revisar las actuaciones de reforma y sus posibles repercusiones en la vida cotidiana de los residentes, así como la posible relación entre estas modificaciones y la estrategia descrita en la querella.
El caso se sitúa en un contexto en el que el acoso inmobiliario ha adquirido relevancia jurídica y social, dada la aparición de denuncias de residentes en diversos puntos de la ciudad frente a procedimientos que pueden entenderse como presiones para abandonar sus domicilios. Europa Press añadió que la investigación penal intenta esclarecer si las medidas denunciadas por los vecinos responden a un intento sistemático de expulsión encubierta, como han manifestado en su escrito.
La intervención de la jueza en este caso implica además un control sobre la actuación de las empresas responsables de la gestión, con especial atención a la legalidad de las obras y de las prácticas desarrolladas en el entorno del inmueble. Europa Press detalló que el fondo de inversión vinculado a las sociedades acusadas deberá afrontar el proceso judicial y atender a los requerimientos que las diligencias previas impongan. La resolución también deja abierta la posibilidad de futuras acciones penales, en función de los resultados de la investigación y de la información recopilada en las próximas semanas. El seguimiento del caso marcará un precedente en la respuesta judicial a situaciones de tensión entre residentes y empresas gestoras de inmuebles en entornos urbanos sujetos a procesos de transformación y presión inmobiliaria.
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