La Fiscalía respalda que Sánchez siga como acusación en el caso de la lona que Hazte Oír colocó frente al Congreso

La Fiscalía se ha mostrado partidaria de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúe como acusación particular en la causa abierta por la causa judicial abierta por la lona que Hazte Oír colocó en la fachada de un edificio frente al Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo llamándole "corrupto".

Así lo hace en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y en el que se opone al recurso presentado por esa asociación después de que el Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid admitiera en julio la personación del jefe del Ejecutivo.

La Fiscalía Provincial de Madrid ve "evidente" que Sánchez "ostenta legitimación en la presente causa como acusación particular, al tener la consideración de víctima directa".

Asimismo, en otro escrito, el Ministerio Fiscal apunta que, "sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica más depurada, serían constitutivos de un delito contra la integridad moral del artículo y/o un delito de coacciones o acoso".

"Puesto que con los mismos", añade, "se ha pretendido humillar y deshonrar a la víctima, mostrando su más absoluto desprecio, lesionándose de esta forma su dignidad humana y en consecuencia su integridad".

RETIRADA POR ORDEN DE UN JUEZ

La jueza instructora, María Dolores Baeza, indicó en un auto que el caso comenzó en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid --que estaba de guardia-- después de recibir un oficio policial con una denuncia del PSOE por presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad contra el presidente del Gobierno.

En la lona aparecía una imagen de Sánchez acompañada del término 'corrupto' en letras grandes, así como de imágenes de carpetas presididas por textos que rezan 'caso Begoña', 'caso Ábalos/Koldo' o 'caso fiscal general de Pedro Sánchez', entre otros. Fue retirada horas después por orden del Juzgado de Instrucción Número 9, que accedió a la medida cautelar solicitada por los socialistas.

"El uso de la expresión 'corrupto' en una lona de grandes dimensiones, acompañando a la imagen del presidente del Gobierno, la creación de una página web denominada 'elcapo.org', así como la utilización de la nomenclatura bajo la que son conocidos popularmente distintos procedimientos judiciales (...) forman un conjunto de carácter claramente lesivo para la reputación de Pedro Sánchez, que podría suponer un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión", argumentó el juez que acordó que fuera retirada.

El juez consideró que el hecho de que la lona fuera colocada en frente del Congreso lograba "dar una mayor repercusión al mensaje difundido". "La ubicación también refuerza el contenido atentatorio contra el prestigio del sujeto pasivo, en tanto es éste el lugar donde ejerce su función de diputado y es sometido al control" por parte de los demás, añadió en un auto.

SÁNCHEZ AMPLÍA SU DENUNCIA

Además, Sánchez ha presentado una ampliación de su denuncia inicial contra Hazte Oír en la que advierte a la jueza de que la asociación "ha venido desarrollando a través de diversos medios y escenarios idéntica campaña de difamación y desprestigio en los últimos meses", dándole así "mayor visibilidad".

"Pese a conocer la retirada de su anterior lona por la utilización de las imágenes y palabras utilizadas, con absoluto desprecio a la resolución judicial, coloca ahora con idéntico contenido toda clase de medios publicitarios a su alcance: globos, motos acuáticas, entrega personalizada en distintos eventos de balconeras con los carteles difamatorios, y de forma pública en Internet crea una página web, que difunde por sus redes sociales", recalca en su escrito, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

El presidente del Gobierno reclama "protección" a la jueza y que tome "las medidas que el juzgado considere para que cese la conducta" de Hazte Oír, al entender que pueden "ser considerados como un delito continuado de injurias graves con publicidad al igual que los anteriores".

Al mismo tiempo, Sánchez pide que se ordene a la Policía averiguar la identidad de las personas que aparecen repartiendo elementos con los carteles "difamatorios e injuriosos", así como la de los responsables de la web y redes sociales empleadas para difundir esa campaña.