Peramato pide aprobar la nueva LECrim pero reclama más autonomía y plazas: "Aspiramos a más"

Teresa Peramato señaló como relevante la reciente reconversión que transformó 219 plazas de abogado fiscal en cargos de fiscal de segunda categoría durante el actual ejercicio, acontecimiento que, según sus declaraciones ante la Comisión de Justicia del Congreso, ha permitido avanzar en el reequilibrio entre categorías dentro del Ministerio Público. La fiscal recordó que, aunque la medida refleja un esfuerzo por parte del Ministerio de Justicia, no representa una solución definitiva para el problema persistente de déficit en la plantilla de fiscales. En ese contexto, Peramato enfatizó que las necesidades de recursos humanos siguen estando desatendidas y reiteró la petición de ampliar la plantilla de fiscales y su personal auxiliar con el objetivo de adaptar el organismo a las crecientes demandas de la actividad judicial.

Según informó el medio, Peramato compareció en la Cámara Baja en calidad de candidata del Gobierno para liderar la Fiscalía General del Estado, cargo vacante tras la salida de Álvaro García Ortiz, quien fue inhabilitado durante dos años como consecuencia de una condena por revelación de secretos en el caso relacionado con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La candidata, en sus intervenciones durante la sesión parlamentaria, solicitó la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), todavía en fase de tramitación, que contempla la transferencia de la instrucción penal a los fiscales, función hasta ahora a cargo de los jueces de instrucción.

Durante su discurso, la candidata instó a los grupos parlamentarios a lograr un consenso para sacar adelante una reforma que definió como “hito histórico” y “norma transformadora” para el sistema judicial penal. A juicio de Peramato, la futura entrada en vigor del nuevo modelo procesal exige no solo una actualización de la plantilla, sino también un replanteamiento profundo del marco regulador del Ministerio Fiscal, dotando al órgano de mayores cuotas de autonomía e independencia en todos los aspectos operativos, funcionales, presupuestarios, formativos y tecnológicos.

De acuerdo con lo publicado, Peramato subrayó que el cambio propuesto en la LECrim desplazaría hacia el Ministerio Público unas competencias que hasta el momento recaían en la judicatura, lo que requeriría un blindaje institucional que asegure la independencia del organismo. Entre las medidas planteadas para reforzar la autonomía de la Fiscalía, la candidata propuso ajustes en la normativa interna, especialmente en cuanto a la transparencia en la toma de decisiones, la clarificación de los criterios de rendición de cuentas, la homologación en la gestión de discrepancias y el acceso a la formación.

El medio también detalló que la aspirante resaltó la importancia de la tramitación paralela de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), incluyendo aspectos clave para la independencia institucional, como la adecuación del mandato del fiscal general para que no coincida con la legislatura del Gobierno que le designe, el fortalecimiento de la transparencia en la comunicación con el Ejecutivo y la desvinculación del régimen sancionador del Ministerio de Justicia. Según Peramato, estas medidas están encaminadas a consolidar la autonomía funcional y organizativa de la institución.

Durante el examen de idoneidad en el Congreso, Peramato hizo un llamamiento público para que la aprobación de la reforma se produzca sobre la base del diálogo y el acuerdo entre los partidos. Insistió en que la adaptación de las plantillas y los recursos de la Fiscalía debe realizarse de forma progresiva para afrontar el incremento de competencias introducido por las sucesivas reformas legislativas. “Reconocemos al Ministerio de Justicia este esfuerzo, pero --sin duda-- sigue siendo insuficiente para paliar el déficit estructural con el que nos encontramos”, afirmó Peramato, según consignó el medio.

La Comisión de Justicia valoró los méritos y la idoneidad de Teresa Peramato para asumir la jefatura del Ministerio Público en un momento de transición institucional y cambios legislativos. En reiteradas ocasiones, la candidata mantuvo la idea de que, aunque se han registrado avances relevantes, las expectativas de autonomía organizativa y suficiencia de recursos se sitúan más allá de lo alcanzado hasta la fecha: “Aspiramos a más”, concluyó.