La Audiencia Nacional (AN) ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares a tres detenidos por el presunto fraude de la empresa de hidrocarburos Biomar Oil, estimado en 280 millones de euros.
Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, después de que tres de los ocho detenidos en la operación hayan pasado este miércoles a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña.
Piña ha tomado esa decisión después de que la Fiscalía haya pedido que los tres quedasen en libertad pero con las medidas cautelares de prohibición de salida del país y firma periódica en sede judicial.
En esta causa, el juez investiga presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Fue el martes cuando el instructor autorizó una serie de entradas y registros, que llevó a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en una operación conjunta con la Agencia Tributaria.
Las mismas fuentes han precisado que, de los ocho detenidos, tres pasaron a disposición judicial y a los otros cinco los puso en libertad la propia Policía.
LA EMPRESA, EN CONCURSO DE ACREEDORES
Biomar Oil fue inhabilitada en 2024 por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para ejercer de operador de productos petrolíferos por haber incumplido las obligaciones para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
Según la lista de morosos difundida por la Agencia Tributaria en junio de este año, la compañía acumula una deuda de 119,1 millones de euros con Hacienda.
Fuentes de Biomar Oil explicaron a esta agencia de noticias que la compañía está intervenida desde julio de 2024 por el Juzgado Mercantil Número 10 de Barcelona por estar en concurso de acreedores, de modo que cualquier decisión interna está en manos del juez.
La Audiencia Nacional investiga varios casos de presuntos fraudes que habrían cometido empresas de hidrocarburos, como el de la empresa Villafuel, por el que está imputado el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.
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