Exdirectivos de Acciona niegan irregularidades en las obras logradas en UTE con la empresa vinculada a Cerdán

Los exdirectivos de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte han negado este miércoles, en sus declaraciones como imputados ante el juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), cualquier irregularidad en las obras conseguidas en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar, la compañía vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, asegurando que el 2% que recibía esta última por virtud de dicha alianza era una cantidad habitual.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, tanto Pelegrini --exdirector de Construcción de Acciona para España-- como Olarte --exdirector de la zona norte que continúa en la constructora pero suspendido en sus funciones-- han sostenido que los servicios se prestaron por parte de ambas empresas, así como que hay facturas de todo.

También han defendido que el 2% que se llevaba Servinabar de cada una de las obras conseguidas era una cantidad habitual para los servicios de prevención de riesgos laborales que se encargaba de prestar. No obstante, han precisado que no era una cantidad fija, sino un límite a los beneficios que podía obtener esta pequeña empresa de su UTE con el gigante de la construcción.

En el caso de Pelegrini, se le ha preguntado por sus reuniones con el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, y Cerdán, que aparecen documentadas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las relaciones entre ambas empresas y con el ex dirigente socialista, que sería socio al 45% de la mercantil navarra.

Pelegrini las ha enmarcado en el proyecto de 'Mina Muga' (Navarra), de 2015, donde la UCO sitúa el origen de la relación empresarial y de la presunta trama de amaño de obra pública a cambio de mordidas. Según las fuentes consultadas, ha expuesto que Cerdán acudía en calidad de "amigo" de Alonso pero también de "agente social" para "intercambiar impresiones" sobre el impacto de este proyecto en la región.

Sin embargo, al ser interrogado sobre si se había reunido con otros agentes sociales, concretamente representantes de otros partidos políticos, el exdirectivo de Acciona ha contestado que no.

En cuanto a Olarte, ha aseverado que solo conoce a Alonso por cuestiones profesionales, afirmando que no tiene relación alguna con Cerdán, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García, también investigados por este asunto.

FISCALÍA PIDE PROHIBIRLES SALIR DEL PAÍS

Después de sus respectivas comparecencias se han celebrado sendas vistillas para decidir sobre la imposición de medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor que les prohíba salir del país con retirada del pasaporte y firma quincenal en sede judicial, solicitud a la que se han adherido las acusaciones populares lideradas por el PP.

El magistrado citó a Pelegrini, Olarte y un tercer exdirectivo Manuel García Alconchel --el responsable de la zona sur de Acciona Construcción, que también ha sido suspendido en sus funciones y que está citado para el día 15-- al considerar que podrían estar implicados en los presuntos amaños de obra pública.

Puente dio este paso tras recibir el citado informe, donde la UCO llama la atención sobre el acuerdo marco suscrito por Acciona y Servinabar en 2015, a los pocos días de constituirse esta última, para "explorar futuras oportunidades de negocio" y por el que la segunda mercantil se llevaría un 2%.

Ese acuerdo fue suscrito por Pelegrini, por parte de Acciona, y Alonso, en nombre de Servinabar. La UCO relata que la relación empresarial se canalizó a través de ambos pero también de Cerdán, Olarte y García Alconchel.

La Guardia Civil indica que Pelegrini "mantenía asidua comunicación con Alonso, habiéndose reunido en persona en determinadas ocasiones, tanto solos como con Santos", en unos encuentros que "habrían sido revestidos de medidas de seguridad, como comunicarse mediante anotaciones manuscritas" mostradas en pantalla durante videoconferencias.

Los investigadores también aluden a otras obras desarrolladas por la UTE --una autovía en Logroño, un puente en Sevilla y el tren de Sant Feliú--, cuyas adjudicaciones sumaron más de 245 millones de euros.

La UCO explica que tanto Olarte como García Alconchel figuran como firmantes de los Memorándum de Entendimiento (MoE) que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar al hilo de dichas adjudicaciones.

MÁS DE 6 MILLONES DE EUROS DESDE ACCIONA

Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden "al menos" a 6.707.294,67 euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8.903.903,18 euros.

Respecto a los ingresos ajenos a Acciona, que cuantifican en 2.196.608,51 euros --el 24,67% restante--, exponen que proceden principalmente de transferencias o recibos de otras sociedades, servicios de "confirming" de los que no ha sido posible identificar la sociedad o proyecto de origen y suscripción de préstamos.

En cuanto a la salida de fondos en estos diez años, la UCO estima que fueron 9.701.121,96 euros, especificando que la mayoría de los adeudos --4.058.588,05 euros y el 48,79% del total-- son transferencias a personas físicas y jurídicas, pagos de otros gastos o recibos, operaciones bancarias y de tarjetas y otros gastos, cheques y comisiones, por encima del pago de nóminas (20,98%), de impuestos (28,42%) y transferencias a Acciona (1,80%).

La Benemérita identifica como claros beneficiarios de la presunta trama a Cerdán y su familia, mediante el cobro de nóminas, el pago de alquileres --incluida la hasta hace poco vivienda familiar en Madrid--, y una tarjeta de crédito de la que gastaron más de 33.000 euros. "La Paqui, le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", llegó a decir Alonso a su mujer sobre la esposa del exdirigente socialista.

Acciona Construcción ha negado el pago de comisiones a ninguna de las personas señaladas en la causa judicial, indicando que se reserva el derecho a ejercer las acciones legales oportunas si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo para la compañía como consecuencia de la actuación de los investigados o de cualquier otro.