
El proceso de abstención se formalizará cuando la magistrada María Belén López, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, comunique a las partes su decisión y ordene que la investigación pase a manos de la jueza Clara Hernández, titular del Juzgado de Instrucción número 2. De esta manera, la investigación administrativa sobre los contratos presuntamente irregulares en la Diputación de Almería continuará bajo la autoridad judicial de Hernández, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Tal como publicó el TSJA y recogió la Sección Segunda de la Audiencia de Almería, la Sala estimó como justificada la abstención de la jueza López, quien argumentó "amistad íntima" con una de las personas implicadas en el caso ‘Mascarillas’. Esta causa analiza presuntos pagos indebidos, conocidos como ‘mordidas’, realizados a través de contratos bajo sospecha en la administración provincial de Almería.
El auto de la Audiencia expone que López deberá emitir una resolución formal separándose del caso e indicando la remisión del expediente a Clara Hernández para garantizar la continuidad de las diligencias. De acuerdo con lo informado, la comunicación de esta abstención a las partes es también parte del procedimiento judicial.
La magistrada López retomó su actividad en el juzgado tras recuperarse de una baja médica, coincidiendo con los avances impulsados en la investigación por el juez de adscripción territorial, Eduardo Martínez Gamero. Martínez Gamero tomó decisiones como el registro de las dependencias de la Diputación de Almería, así como de los domicilios particulares del expresidente Javier Aureliano García y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez. También se practicaron registros en viviendas y empresas, acciones que derivaron en la detención de García, Giménez, el exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez, su hijo y un funcionario de la Diputación, según detalló el TSJA.
El caso alcanzó un punto procesal en el que, tras la inhibición de la jueza López, las diligencias que se han venido realizando tienen como base las órdenes emitidas por Martínez Gamero. A partir del auto fechado el 18 de noviembre, el juez autorizó importantes actuaciones: se requirieron diversas informaciones y se autorizó la extracción de datos de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos electrónicos, lo que permitió continuar con la obtención de material probatorio incluso durante el periodo en que la causa quedó en suspenso a efectos de nuevas decisiones judiciales.
La investigación del caso ‘Mascarillas’, según reportó el TSJA, fue asumida originalmente por el juzgado de Almería tras recibir el traslado desde Barcelona, donde se habían iniciado las pesquisas en 2022. Tras su reincorporación, López declaró su proximidad personal con uno de los investigados, motivo por el que se solicitó la abstención en virtud de los principios de imparcialidad judicial. Fuentes jurídicas aludieron a que la titular del juzgado mantiene vínculos personales con el expresidente provincial y del PP almeriense.
Martínez Gamero, juez de adscripción territorial, intervino en la causa durante la ausencia médica de López y lideró los registros y detenciones clave que marcaron el avance en la obtención de pruebas. Las actividades autorizadas incluyeron inspecciones en las viviendas y lugares de trabajo de los principales investigados, complementadas con la recopilación y ‘volcado’ de datos contenidos en dispositivos electrónicos incautados.
Según recogió la Audiencia de Almería, la continuidad de la investigación administrativa y judicial sobre los contratos señalados quedará bajo la supervisión de la magistrada Hernández, asegurándose con ello la imparcialidad del proceso y la validez de las actuaciones hasta ahora practicadas. De manera orgánica, las diligencias relacionadas con los contratos supuestamente ilícitos permanecerán bajo control judicial mientras se aclaran responsabilidades y se determina el curso definitivo de la causa, conforme a las fuentes oficiales consultadas por el TSJA.


