La AN pide opinión a Fiscalía antes de decidir si reclama al PSOE todos los pagos en metálico o solo los investigados

El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN) ha pedido opinión a la Fiscalía Anticorrupción sobre si reclamar al PSOE todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, o solo los relativos al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, de cara a tomar una decisión.

Según una providencia de este lunes a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno da cuenta de la solicitud de "aclaración" realizada por el PSOE y da traslado al Ministerio Público para que dé su opinión al respecto, en el marco de la pieza separada donde investiga los pagos en efectivo que realizó a Ábalos y al que fuera su asesor.

Fue la semana pasada cuando el PSOE pidió al juez instructor que aclarara si debe entregarle el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados durante esos siete años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, algo que para los socialistas sería excesivo, ya que advierten de que podrían acabar en manos de sus adversarios políticos. O solo los realizados a las personas investigadas en la causa, lo que entienden más razonable.

El juez sospecha que, como apuntó el Tribunal Supremo cuando le instó a investigar los pagos, Ábalos y Koldo pudieron aprovechar la falta de controles a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales. Y Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre "otras irregularidades".

Moreno reclamó "relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos" de 2017 a 2024, sin hacer mayores precisiones.

Ante ello, el PSOE le remitió un escrito señalando que considera necesario puntualizar si se refiere a "todos los pagos realizados en metálico a todas las personas durante todo el periodo de tiempo" o solo los "vinculados, directa o indirectamente, a las personas investigadas" tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, y "al equipo de la Secretaría de Organización del PSOE".

Y aseguraba al juez que colaborará con la Justicia en cualquier caso, pero alerta de que, si fuera el primer escenario, habría "graves derivaciones --jurídicas, procesales, personales y de protección de datos"-- porque implicaría aportar "todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios".

INFORMACIÓN SENSIBLE PARA PP Y VOX

El partido avisaba de que "una diligencia de tal carácter genérico vulneraría la propia contención de la causa, limitada a investigar unos hechos concretos cometidos por unas personas también concretas", de modo que avisa de que "reclamar todos los pagos --y, con ello, todos los gastos adelantados-- podría entenderse (como) prospectiva".

A la vez, subrayaba que supondría revelar datos personales de "innumerables" cargos, trabajadores, afiliados, simpatizantes o "simplemente voluntarios" que indica que "han colaborado adelantando al partido gastos que luego les fueron compensados", lo que cree que vulneraría el "deber de confidencialidad y custodia de datos a los que le obliga" la normativa europea.

El PSOE añadía a ello una derivada política, incidiendo en que no veía razonable "reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del PP, de Vox y de Hazte Oír, nada menos". "Tampoco hay derecho", se quejaba.

Al hilo, apostillaba que "no se escapa a nadie la gravísima afectación que resultaría de la entrega a otros partidos políticos --incluyendo entidades de extrema derecha-- de datos legítimamente reservados que afectan irremisiblemente a la gestión, organización y estrategia política" del PSOE.

Desde Ferraz hacían hincapié en que "entregar a partidos de la oposición los justificantes de gastos de viajes, traslados, alojamientos y actividades en general de los dirigentes y afiliados del partido durante ocho años no tiene justificación alguna".

"No ayudará al esclarecimiento de los hechos y sí, por el contrario, convertirá este procedimiento en un instrumento en manos de estos partidos para obtener documentación interna del oponente, información reservada y, con ello, hacer una posible utilización política de tal información", enfatizaban.

"La preocupación de mi mandante estriba en el inevitable uso externo y partidista que el Partido Popular, Vox o alguno de sus adláteres harán de toda esta información", reiteraban.

En consecuencia, planteaban que, si finalmente el instructor solicita todos los pagos en metálico en esos años, la información se guarde en una pieza secreta, a la que solo acceden los propios investigadores, el juzgado y la Fiscalía.

"El interés de esta parte en colaborar con la Administración de Justicia, que no admite cuestión ni reserva alguna, es compatible con la honda preocupación de mi representado de que información sensible de su funcionamiento interno y los datos de las personas afectadas llegue a trascender a terceros", recalcó el PSOE.