El Tribunal Constitucional (TC) celebrará la próxima semana un Pleno en el que tiene previsto rechazar las medidas cautelares solicitadas por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa para que suspenda cautelarmente la pena de inhabilitación a la que fueron condenados por el reférendum ilegal del 1-O, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El Pleno resolverá en base a una serie de ponencias que han recaído en distintos magistrados --tanto conservadores como progresistas-- que abogan por rechazar la petición cautelar, mismo sentido en el que se prevé que se pronuncie la sede de Domenico Scarlatti.
Los políticos de ERC y el líder de Junts solicitaron su rehabilitación cautelar en los recursos de amparo que presentaron ante el TC contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiarles la malversación del 1-O.
Los cuatro fueron condenados por delitos de malversación y sedición a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación. El Gobierno de Pedro Sánchez les indultó las penas de cárcel en 2021 pero mantuvo las de inhabilitación, que el Supremo rechazó amnistiar al considerar que la malversación del 'procés' recae en las excepciones que contempla la propia ley para no aplicarla.
Los magistrados de la Sala Segunda razonaron que el dinero malversado implicó "un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial", por cuanto los líderes independentistas no tuvieron que pagarlo de sus bolsillos, sino que hicieron uso de las arcas públicas para costear un fin partidista; y que con ello afectaron a los intereses económicos y financieros de la UE, porque una eventual secesión de Cataluña habría mermado los ingresos comunitarios procedentes de España.
El Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo pero aún está pendiente que los resuelva, algo que está previsto que haga ya el próximo año. Los líderes independentistas solicitaron que, en el ínterin, se les levantara la pena de inhabilitación, que en el caso de Junqueras llega hasta 2031, y que será lo que los magistrados decidan en este Pleno.
FISCALÍA NO APRECIA "DAÑO IRREPARABLE"
La Fiscalía del TC ya se opuso a que se les rehabilitara cautelarmente no solo porque entiende que supondría anticipar el fallo sobre los recursos de amparo en sí mismos, sino porque además tampoco veía que al mantenerlos inhabilitados se les causara un "daño irreparable".
Las fuentes consultadas por Europa Press explican que es doctrina constitucional rechazar la suspensión de las penas vigentes cuando el tiempo que queda por cumplir es superior al que tarda el TC en resolver los recursos de amparo, como es el caso.
A ello se suma un último factor, no vinculante pero sí influyente, que son las conclusiones que el abogado general de la UE, el luxemburgués Dean Spielmann, dio a conocer el pasado 13 de noviembre en cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la amnistía.
El letrado comunitario señaló que "no es conforme con el Derecho de la UE obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado en una fase anterior del procedimiento en el plazo máximo de dos meses, aún cuando el Tribunal de Justicia de la UE no haya adoptado todavía resolución" sobre las cuestiones planteadas.
En la misma línea, el expresidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comin y Lluís Puig recurrieron en amparo al TC la decisión del Supremo de no amnistiarles la malversación del 1-O, solicitando cautelarmente que levantara las órdenes de detención nacional que pesan contra ellos.
Al igual que con Junqueras y los demás exconsejeros, sus recursos de amparo fueron admitidos a trámite, si bien se espera que sus peticiones cautelares --aún pendientes de llegar a Pleno-- sean rechazadas, de acuerdo con las citadas fuentes.
Además, en el cónclave de esta semana el TC resolverá el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la amnistía, que será rechazado en aplicación de la doctrina fijada con la primera sentencia sobre la ley, con la que el Constitucional avaló el pasado junio el núcleo de la norma jurídica.
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