La Eurocámara apoya crear registros que arrojen luz al 'lobby' de países terceros en la UE

Estrasburgo (Francia), 27 nov (EFECOM).- El Parlamento Europeo se mostró este jueves favorable a crear registros nacionales para reforzar la transparencia sobre las actividades de países terceros para influenciar procesos legislativos en la UE, en forma de bases de datos en cada país que incluirían información sobre qué intereses persiguen estas actividades de 'lobby'.

Por 392 votos a favor, 88 en contra y 133 abstenciones, los eurodiputados ajustaron la propuesta inicial de Bruselas, presentada inicialmente en diciembre de 2023, con definiciones "más claras" y salvaguardas contra el estigma que puede suponer la lista para actividades de influencia o apoyo financiero "legítimo".

"No impone culpa alguna, solo hace información pública. Se ha adoptado con el apoyo de diferentes grupos políticos, lo que demuestra que hemos abordado una amplia gama de cuestiones técnicas, preocupaciones ideológicas y temores legítimos de consecuencias no deseadas", aseguró la jefa negociadora del dossier, la popular rumana Adina Valean.

La propuesta de Bruselas prevé que toda entidad de un país fuera de la UE que quiera llevar a cabo "actividades de representación de intereses" tendrá que registrarse en una base de datos donde se hará pública información como los objetivos de ese 'lobby', en nombre de qué países se hace o cuánto dinero se dedica a ello.

Además de los propios países terceros, las entidades cubiertas por la iniciativa pueden ser también firmas de relaciones públicas, institutos de relaciones públicas, centros de pensamiento o consultores que ofrezcan este tipo de servicios.

Ante un 81 % de la ciudadanía europea que cree que las injerencias extranjeras en la democracia son un problema grave, la Comisión Europea quiere armonizar la cacofonía de sistemas nacionales actuales, donde dieciséis Estados miembros tienen registros de transparencia con requisitos heterogéneos pero los otros once no cuentan con ningún tipo de base de datos para recopilar esta información.

En este registro quedan excluidas expresamente las actividades diplomáticas y consulares y, en general, las de asesoramiento legal; tampoco se cubriría la financiación a organizaciones de la sociedad civil que, aunque venga de países terceros, no esté relacionada con actividades de "lobby".

Algunas ONG de transparencia habían expresado preocupación por el uso que gobiernos como el de Viktor Orbán en Hungría podían dar a este tipo de registros, ya que muchas ONG centradas en derechos humanos o democracia reciben financiación de fundaciones británicas o estadounidenses.

Violar las normas conllevaría para las entidades, en cualquier caso, tan sólo sanciones administrativas y nunca criminales. EFECOM