La AN interroga el viernes a Koldo sobre las mascarillas de Canarias tras decidir el Supremo si le envía a prisión

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno interrogará como investigado el próximo viernes al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García por los contratos de mascarillas de Canarias, un día después de que el Tribunal Supremo decida si modifica sus medidas cautelares y le envía a prisión provisional, como piden las acusaciones populares que lidera el PP.

Además, el juez instructor del 'caso Koldo' tiene previsto escuchar el jueves al empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, por el mismo asunto, las mascarillas adjudicadas durante la pandemia del coronavirus por el Gobierno canario, entonces presidido por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 acordó estas declaraciones a petición de la Fiscalía y una vez recibido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza los contratos entre Canarias y Soluciones de Gestión, la empresa situada en el epicentro de la presunta trama de corrupción.

Según ese informe, Torres reclamó pagos para la trama de mascarillas por la "influencia" de Koldo y se disculpó con el entonces asesor: "Estoy encima", "he dado el golpe preciso en la mesa".

Tanto Koldo como De Aldama, que figuran como investigados desde que estalló la causa en febrero de 2024, ya han comparecido en ocasiones anteriores ante el juez por los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes a la misma empresa.

PAGOS A CAMBIO DE CONTRATOS

Fue el fiscal de Anticorrupción Luis Pastor quien pidió al juez ambas citaciones al considerarlas pertinentes después de que la UCO apuntara en su informe que los contratos de mascarillas adjudicados en Canarias "constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que De Aldama venía pagando a Koldo, al menos desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que le permitía la petición de favores".

El fiscal entendió que ese pago "recurrente" permitía al empresario "tener acceso al propio ministro" de Transportes en aquellas fechas, José Luis Ábalos, recordando que el propio De Aldama "reconoció" en su primera declaración --la del 21 de noviembre de 2024-- que "en varias ocasiones" observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo, éste se lo repartía con Ábalos.

Una "relación económica" de dinero en efectivo se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022, según el fiscal, que recalcaba que para esa fecha tanto el exministro como su exasesor "llevaban más de ocho meses fuera de la estructura orgánica del Ministerio, tras ser acordado el cese de ambos en el mes de julio de 2021".

Al respecto, el fiscal anticorrupción consideraba que dicho "patrón" supondría que los pagos realizados por De Aldama "no se ceñirían a actuaciones concretas, sino que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal".

Y recalcaba que "las actuaciones concretas solicitadas a Koldo por De Aldama --o parte de su entorno-- se ceñirían a los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración canaria, certificación del propio material" o "cobro" por parte de Soluciones de Gestión, empresa vinculada al empresario investigado.

Para el fiscal, esta "operativa" podría encajar en el delito de tráfico de influencias, del que serían "partícipes", en principio, Koldo y De Aldama.

AVAL A LAS MASCARILLAS A PESAR DE QUE HABÍA "DUDAS"

Los investigadores de la UCO también apuntaron en su informe que el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y unos meses director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, garantizó la adquisición de mascarillas mientras que por parte de los responsables de la tramitación de la compra en la Administración canaria "aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación", expresando "dudas" por el precio y la calidad.

En concreto, los responsables de dicha contratación manifestaron "dudas" sobre la "conveniencia" de este contrato, por un precio que estaría "fuera de mercado" y porque "habría reserva suficiente" para unos meses "con las compras efectuadas hasta el momento".

Del material analizado, los investigadores situaron en el 20 de abril de 2020 la primera conexión de Soluciones de Gestión con la venta de mascarillas a Canarias, en concreto una conversación del director comercial de Iberia y CEO de Vueling, Marco Sansavini, con Koldo e Íñigo Rotaeche, "comunicando la cancelación de varios vuelos".

Fue un día después cuando De Aldama envió a Rotaeche, titular de Soluciones de Gestión, el contacto de Olivera que "previamente le había dado Koldo": "Te cuento, es el vicepresidente de Canarias", a la vez que invitaba a llamarle.

La UCO subrayó que el exviceconsejero canario contactó con Koldo, quien tenía "influencia" para validar mascarillas, para informar que había hablado con Rotaeche "y que solo quedaba cerrar la cantidad del envío". "Es posible que nos quedemos en esta ocasión dos millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo. ¿Te parece bien?", preguntó.

Así las cosas, la Guardia Civil concluyó que Soluciones de Gestión "ya estaría suministrando mascarillas" a la Administración canaria "incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones del contrato" y llamó la atención sobre "el control" que Koldo tenía en estas operaciones, llegando a preguntar al viceconsejero "la cantidad de material que se pueden quedar".

PROCESADOS YA POR LAS MASCARILLAS DE TRANSPORTES

La declaración de Koldo está prevista para un día después de que el magistrado del Supremo que investiga parte de la causa, Leopoldo Puente, decida si el exasesor entra en prisión provisional antes del juicio por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes.

Puente les llamó después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, que actúan bajo la dirección letrada del PP, pidieran en sus respectivos escritos de acusación que se celebrara una vista para revisar las medidas cautelares que tienen vigentes tanto Koldo como Ábalos: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Las acusaciones populares ya adelantaron en su escrito que reclamarán que se ordene el ingreso en prisión provisional de ambos de cara al juicio, ya que sostienen que "existen indicios racionales de criminalidad" y una "elevada petición de pena".

En concreto, la Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros.

Las acusaciones populares, por su parte, solicitan penas de 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo. A ambos les atribuye los mismos delitos que señala la Fiscalía y añade otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.