
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa, y Hazte Oír --cinco de las acusaciones populares del caso contra el fiscal general-- han celebrado la decisión del Tribunal Supremo de condenar a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y multa de 7.200 euros. "Nadie está por encima de la ley", ha remarcado el colegio profesional.
El alto tribunal ha dado a conocer este jueves el fallo por el que condena al jefe del Ministerio Público por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien tendrá que indemnizar con 10.000 euros por daños morales. La sentencia, que aún no está redactada, se conocerá en los próximos días.
Desde el ICAM han recalcado que el hecho de que un fiscal general en ejercicio haya sido condenado penalmente "evidencia que la ley se aplica a todos por igual y que nuestras instituciones democráticas cuentan con mecanismos eficaces para hacer valer la responsabilidad jurídica, incluso en los niveles más altos del poder público".
Asimismo, el Colegio ha destacado que la decisión del Supremo "confirma la relevancia jurídica de los hechos denunciados, en los que se vio comprometido el contenido de una comunicación entre un abogado y un fiscal protegido por el secreto profesional".
En este sentido, ha subrayado que el fallo "refuerza la protección de los principios esenciales del Estado de Derecho, como la inviolabilidad del derecho de defensa, el respeto al secreto profesional y la lealtad procesal".
Con todo, ha incidido en que "este caso no pone en tela de juicio a la Fiscalía como institución, ni afecta en absoluto a la excelente profesionalidad de quienes la integran". "Se ha condenado una actuación concreta excepcional que en nada empaña el trabajo riguroso y comprometido de los cientos de fiscales con los que los abogados compartimos a diario la labor jurisdiccional", ha añadido.
El ICAM reclamó al Supremo que condenase al fiscal general por un delito de revelación de secretos a 4 años de cárcel, 3 años de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación, y que le impusiese una multa de 81.000 euros.
"BUENA NOTICIA" PARA "EL ESTADO DE DERECHO"
Por su parte, el abogado Juan Antonio Frago, letrado de la APIF, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que, aunque aún hay que esperar al contenido de la sentencia, "la condena es un reconocimiento del trabajo de APIF por velar por la integridad del Ministerio Fiscal".
Cabe recordar que esta asociación de fiscales propuso la condena más alta para García Ortiz: 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación por delitos que iban más allá de la revelación de secretos, apuntando en concreto a prevaricación.
De igual forma, el abogado Víctor Soriano, letrado de la acusación que ejerce Manos Limpias, ha manifestado que está "muy satisfecho" con el fallo y que lo considera "una buena noticia" para "el Estado de Derecho". "Se ha acogido la principal tesis acusatoria y la pena es razonable para los hechos", ha apuntado para luego remachar que "se ha demostrado que no hay nadie impune a la ley".
En el juicio, Manos Limpias rebajó su petición de prisión de 4 a 3 años por un presunto delito de violación de secretos, al tener en cuenta que se filtraron a los medios "hechos relativos al proceso" y "datos personales" del fiscal general.
INSTAN A LA "REGENERACIÓN" DE LA FISCALÍA
Desde Foro Libertad y Alternativa --que lidera la acusación unificada que integran también Hazte Oír y Vox-- han recalcado que en este caso que "la prueba de cargo era abrumadora" y que, "a pesar de las presiones", el Supremo ha condenado al fiscal general, lo que a su juicio es "la consecuencia lógica de la prueba practicada".
Esta acusación popular unificada pidió una condena de 4 años de cárcel y 3 años de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación por un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación.
Este jueves, Foro Libertad y Alternativa ha incidido en que el "daño" que ha generado García Ortiz a la institución es "incalculable" y ha asegurado que espera que esta condena "sirva para que se inicie un movimiento de recuperación de la neutralidad y prestigio de las Instituciones en España". "Ése es uno de los principales retos del próximo Gobierno que haya", ha aducido.
Al hilo, Hazte Oír --que ejerce la acusación popular junto a Vox y bajo la dirección letrada Foro Libertad y Alternativa-- ha asegurado que la inhabilitación al fiscal general "no es solo un castigo penal", sino que "confirma un ataque frontal del propio García Ortiz contra la institución que debía proteger".
"La Fiscalía General del Estado no debe estar al servicio de nadie y su degradación ha tenido consecuencias graves para el conjunto de los ciudadanos", ha afirmado la acusación, al tiempo que ha subrayado que el fallo del Supremo "respalda" la "necesidad" de "regeneración profunda" en la institución.
En esta línea, desde Hazte Oír han destacado que "ahora" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y todos sus cómplices deben pedir perdón". "Sabemos que intentarán decir que una cosa no tiene que ver con la otra, pero la realidad es clara: el fiscal general del Estado ha sido condenado", ha agregado.
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