La defensa del extesorero del Ayuntamiento de Móstoles ha solicitado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta en el marco del 'caso ITV'. Considera que no existe delito alguno y que su actuación se ajustó en todo momento al ejercicio legítimo de sus funciones como funcionario habilitado nacional.
En un escrito de defensa, al que tuvo acceso Europa Press y presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, el abogado solicita la libre absolución y la práctica de diversas pruebas documentales y testificales para el juicio oral.
NOELIA POSSE
El caso ITV de Móstoles se encuentra en fase intermedia, tras la presentación de los escritos de acusación y de defensa por las partes personadas. Se acusa a la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse y varios concejales socialistas. La Fiscalía pide que Noelia Posse sea inhabilitada durante 12 años por presunta prevaricación.
El documento expone que el extesorero Francisco Javier T. ha desarrollado su carrera como interventor-tesorero desde 1983, sin sanciones disciplinarias ni reproches profesionales, y recuerda que ejerció como tesorero municipal desde 2002 hasta su jubilación.
La defensa contextualiza que el origen del procedimiento está vinculado a la grave deuda que la concesionaria mantenía con el Ayuntamiento desde 2013 -más de 1,17 millones de euros- y a la solicitud de preconcurso presentada por la empresa ante el Juzgado de lo Mercantil.
Según el escrito, las decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno Local en septiembre y octubre de 2020 -incluida la aceptación del preconcurso y la adecuación del canon concesional- contaron con informes jurídicos favorables y se enmarcaban en la normativa de contratación y en la legislación concursal vigente.
La defensa sostiene además que el acuerdo cuestionado "no generó perjuicio económico alguno", citando el auto de archivo inicial y un pronunciamiento posterior del Tribunal de Cuentas, que habría considerado que la decisión evitó mayores daños a las arcas municipales.
Asimismo, el escrito subraya que los informes emitidos por el tesorero se realizaron en cumplimiento de sus competencias y siguiendo las directrices marcadas por las directivas europeas y la Ley de Contratos del Sector Público, orientadas al mantenimiento del equilibrio económico de las concesiones públicas.
La defensa niega que exista dolo alguno en la actuación del tesorero y rechaza cualquier desviación de poder, insistiendo en que no se produjo daño a los fondos públicos y que la valoración técnica se ajustó a la normativa aplicable.
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