El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto de competencias entre órganos planteado por el Senado por la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma legal que permitió reducir penas a etarras.
Así lo ha comunicado el TC en una nota de prensa, en la que se detalla que la Cámara Alta argumenta que el Congreso, "en la medida que no ha considerado" que el rechazo del texto en la votación final del proyecto de ley en el Senado "equivale al veto", ha vulnerado la autonomía de esta cámara.
El Senado llevó al TC su choque institucional con el Congreso por el acuerdo alcanzado por la Mesa de la Cámara Baja el 15 de octubre de 2024 en relación con la reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE, para su adecuación a la normativa sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
El Senado ataca la decisión del Congreso de haber enviado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero.
En concreto, el acuerdo desestimó el rechazo del Senado "a la ley Txapote", dio por terminado el procedimiento y envió el texto legislativo al Gobierno para su publicación en el BOE.
"El objetivo del Senado es defender su plena soberanía frente a quienes lo ven como una Cámara sometida al Congreso y adormecida", indicaron a Europa Press fuentes de la Cámara Alta.
EL VETO DEL SENADO
El Congreso aprobó inicialmente por unanimidad esta ley pero la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) alertó después de que la convalidación de penas también beneficiaba a presos etarras. Fue entonces cuando la norma perdió el apoyo de PP y Vox, que la rechazaron durante su última fase parlamentaria en el Senado.
La mayoría 'popular' en la Cámara Alta y un informe de la Secretaría General interpretaron que ese rechazo a la norma debía entenderse como un veto, a pesar de que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda a la totalidad.
El grupo del PP en el Senado solicitó varias veces a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que sometiera de nuevo a votación la ley en la cámara Baja y amenazó, si no lo hacía, con presentar el conflicto ante el TC, algo que hizo finalmente en diciembre de 2024.
Desde la Mesa del Congreso, en respuesta, la mayoría que conforman el PSOE y Sumar se reafirmaron en dar por aprobada la ley, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado los plazos para vetar la ley.
A juicio del Senado, la Mesa del Congreso es un órgano de gobierno no representativo del Congreso que no tiene competencias para calificar el veto del Senado y tomó un acuerdo "soberano" del Pleno de la otra Cámara, "como si se tratase de un mero escrito parlamentario de un diputado", según señalaron las mismas fuentes parlamentarias.
"Y suplanta, finalmente, al Tribunal Constitucional, atribuyéndose una posición juzgadora de la conformidad constitucional, de los acuerdos del Pleno del Senado, que no está reconocida por ninguna jurisprudencia habida hasta ahora de este tribunal", añadieron.
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