El Supremo decidirá el futuro del fiscal general: absolución, cárcel, inhabilitación o multa

El juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha quedado visto para sentencia esta semana y ahora siete magistrados del Tribunal Supremo deberán establecer si procede su absolución o si hay elementos suficientes para condenarle. En caso de que sí, tendrán que determinar si la actuación encaja en el delito de revelación de secretos, el de violación de secretos, el de prevaricación o el de infidelidad en la custodia de documentos; y fijar la pena: cárcel, inhabilitación o multa.

Los magistrados deberán regirse por las peticiones que han efectuado las partes. Por un lado, figuran la acusación particular --que ejerce Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- y las seis acusaciones populares: la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias y la acusación popular unificada que lidera la Fundación Foro Libertad y Alternativa --que incluye a Vox y Hazte Oír--. Todas piden una sentencia condenatoria.

Por otro lado, están la Fiscalía y la defensa de García Ortiz --a cargo de la Abogacía del Estado--, que reclaman la absolución del jefe del Ministerio Público al considerar que no hay pruebas que permitan condenarle. "El señor fiscal general de Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí", manifestó el abogado del Estado José Ignacio Ocio.

García Ortiz ha sido juzgado por, presuntamente, filtrar a la 'Cadena SER' la noche del 13 de marzo de 2024 el 'email' que el abogado de González Amador --Carlos Neira-- envió el 2 de febrero de ese año a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que se le estaba investigando y pagara un multa a cambio de llegar a un acuerdo para evitar la cárcel.

Por estos hechos el fiscal general se enfrenta a una condena que podría alcanzar los 6 años de cárcel, 12 años de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros, entre multa e indemnización.

EL NOVIO DE DÍAZ AYUSO RECLAMA 4 AÑOS DE PRISIÓN Y 3 DE INHABILITACIÓN

Después de que el propio García Ortiz declarara en el juicio a preguntas de la Fiscalía y de su defensa, el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, pidió a las acusaciones que elevasen a definitivas sus conclusiones.

En este punto, el abogado de González Amador trasladó al tribunal que se limitaba a realizar modificaciones puntuales en el contenido de sus conclusiones, pero que mantenía sus peticiones originales: 4 años de cárcel y de 3 años de inhabilitación y suspensión de empleo por un presunto delito de revelación de secretos.

También le reclama una multa de 108.000 euros y otros 300.000 euros en concepto de daños morales, por los "padecimientos" familiares y profesionales que asegura que le ha provocado la difusión de las negociaciones de su defensa para pactar con Fiscalía.

La acusación particular no ha pedido responsabilidad civil subsidiaria del Estado, para que respondiera económicamente si el fiscal general no lo hiciera tras una eventual condena. Según explicó en un escrito, lo hizo "bajo la convicción" de que "el conjunto de los españoles" no deben "responder patrimonialmente de ninguna forma (...) de las actuaciones delictivas protagonizadas por García Ortiz".

En el último día del juicio, el abogado de González Amador, el letrado Gabriel Rodríguez Ramos, aseguró que hay indicios suficientes y "prueba directa" de que el fiscal general fue quien filtró el 'email' de 2 de febrero.

Según su razonamiento, lo facilitó a la prensa esa noche buscando una "cobertura legal" para al día siguiente poder emitir la nota de prensa donde se plasmara que el empresario estaba dispuesto a reconocer la autoría del fraude a Hacienda para "sellar" un "relato institucional de confesión y culpabilidad".

UNA ASOCIACIÓN DE FISCALES PROPONE UNA PENA DE 6 AÑOS DE CÁRCEL

En el marco del juicio, cinco de las seis acusaciones populares decidieron mantener sus peticiones. La APIF es la acusación que propuso la condena más alta para García Ortiz.

Reclamó para él una pena de 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación por delitos que van más allá de la revelación de secretos, apuntando en concreto a prevaricación. En su caso no pidió responsabilidad civil "al entender que corresponde en exclusiva a la víctima".

Por su parte, el ICAM reclamó al Supremo que condenase al fiscal general por un delito de revelación de secretos a 4 años de cárcel, 3 años de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación, y que le imponga una multa de 81.000 euros.

En cuanto a la acusación popular unificada, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír plantearon una condena de 4 años de cárcel y 3 años de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación por un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación.

MANOS LIMPIAS PLANTEA LA ALTERNATIVA DE SOLO INHABILITACIÓN Y MULTA

La única que modificó sus conclusiones fue Manos Limpias, que rebajó de 4 a 3 años su petición de pena de prisión al aplicar una atenuante por "vulneración del secreto sumarial", al tener en cuenta que se han filtrado a los medios "hechos relativos al proceso" y "datos personales" del fiscal general.

Manos Limpias pidió al tribunal que, en caso de que no vea pertinente condenar a García Ortiz a 3 años de cárcel e inhabilitación por violación de secretos, le condene por el mismo delito a 2 años de prisión e inhabilitación. Como tercera opción, propuso que se le imponga la pena de 2 años de inhabilitación y multa de 108.000 euros.