El fiscal general reitera que borra sistemáticamente su móvil por seguridad: "No son datos míos, solo soy custodio"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado este miércoles en el juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo (TS) que hace un "borrado sistemático" de los mensajes de WhatsApp de su teléfono móvil por razones de seguridad, porque no es el dueño de esos datos, sino solo su "custodio", dado que afectan a terceras personas.

Así se ha manifestado en su declaración como acusado, que ha durado aproximadamente una hora y media, sobre lo que, a ojos del magistrado instructor, constituye uno de los principales indicios que le han llevado a ser juzgado por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, por la que podría ser condenado a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.

A preguntas de su defensa, ha explicado que es "muy consciente" de la importancia de la protección de datos, aunque ha reconocido que en la Fiscalía aún "cuesta", sobre todo en su caso porque los fiscales tienen la obligación de informarle sobre los asuntos más importantes --"secretos y no secretos"--, por lo que alberga "información muy relevante y muy copiosa", además de su "intimidad digital".

Al hilo, ha defendido que "esta eliminación de datos es preceptiva" porque, si su teléfono móvil "acaba en manos de terceras personas" --"si me lo dejo encima de una mesa, me lo roban o me lo 'hackean'"--, estaría "poniendo en peligro a terceras personas de este país".

En consecuencia, ha razonado que hace "borrados sistemáticos" de su teléfono móvil. "Yo no dejo que permanezca más de un mes en mi WhastApp la información", ha concretado.

En este contexto, ha aclarado que el borrado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura que hizo el 16 de octubre de 2024, cuando le encausó el Supremo, seguramente ya no afectó a los mensajes de los días clave de la presunta filtración --del 8 al 14 de marzo de ese año-- porque no estaban en su teléfono desde hacía meses.

"Lo primero, es que yo no estoy seguro de que sea ese borrado (...) De lo que estoy seguro es de que (ni) en ese momento, ni el mes anterior, ni el anterior, existían los 'whatsapp' que se supone que son objeto de esta causa", ha sostenido. Para añadir: "Por tanto (...), eso que dicen que tengo y debería haber enseñado para exculparme no pude usarlo".

UN CAMBIO DE MÓVIL AL AÑO

También ha expuesto por qué cambió de teléfono móvil justo una semana después de que el TS le abriera causa, el 23 de octubre de 2024. Ha contado que lo hace "más o menos una vez al año" desde que, cuando llegó a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, le dieron un móvil que había pertenecido a otro alto cargo y le dijeron que los móviles antiguos que no recogía nadie se quedaban "en una caja" hasta que se reciclan, dándoselos a otra persona. "Entonces, desde ese momento (digo) se ha terminado. Yo gestiono mis propios dispositivos. Y, desde ese momento, no devuelvo ninguno", ha relatado.

Según él, sigue las recomendaciones de "cualquier persona con un mínimo manejo de ciberseguridad", esto es, asegurarse de que los datos que alberga el teléfono antiguo son eliminados. Para ello, ha precisado que necesita ayuda técnica porque hay que introducir una serie de "valores de fábrica", "certificados de seguridad". "No es algo que pueda hacer a mi libre albedrío", ha apostillado.

En esa ocasión, ha recordado que tenía pendiente desde hacía meses --al menos mayo-- cambiar el teléfono porque tenía "una rotura" en la pantalla "algo incómoda", a lo que ha sumado que en general le cuesta "mucho" abandonar un terminal por otro. Lo fue "dejando" y, al regresar de un viaje a Brasil, entre ese 23 de octubre y el día siguiente, lo hizo con "los técnicos delante", ha afirmado.

"UN SINVERGÜENZA AL SERVICIO DEL GOBIERNO"

Respecto a la cuenta personal de Gmail en la que la noche de la presunta filtración, el 13 de marzo de 2024, recibió la cadena completa de 'emails' entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, incluido el que supuestamente habría filtrado --de 2 de febrero de ese año--, ha justificado que la usó para eso porque, para él, era el "medio más sencillo". "Es el que tengo en casa", ha ilustrado.

García Ortiz ha narrado que cuando la UCO registró su despacho el 30 de octubre de 2024 estaba abierta pero que, de todas formas, dio las contraseñas. La conservó hasta que trascendió a la luz pública, como parte de un informe de la Guardia Civil que se conoció ese 27 de noviembre. Entonces "empiezo a tener problemas", a recibir "mensajes amenazantes", ha denunciado.

El tribunal ha accedido a exhibir algunos de esos 'emails' que la defensa ha definido como "hostiles", tales como "eres un sinvergüenza al servicio del Gobierno" o "delincuente".

El fiscal general ha manifestado que la cerró a raíz de esos mensajes "feos". De acuerdo con su versión, lo hizo ese mismo diciembre, "dos meses después" de que registraran su despacho. "No hay ningún ánimo de ocultación", ha declarado. "Puse a disposición de la UCO lo que tenía en el momento en el que me fue requerido", ha remarcado.