El Acuerdo Tripartito de Madrid, por el que España cedió el Sáhara hace ahora medio siglo

El 14 de noviembre de 1975, cinco días después de que el rey Hassán II de Marruecos diera por concluida la Marcha Verde, se rubricó en Madrid el llamado Acuerdo Tripartito, por el que España cedió la gestión del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania y se comprometió a abandonar la que era entonces su provincia 53 antes del 28 de febrero de 1976.

Con la firma de la 'Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental', el Gobierno español abandonó su compromiso con la ONU de proceder a la celebración de un referéndum de autodeterminación en este territorio, que debía de haberse celebrado en el primer semestre de 1975 y que el recurso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) promovido por Marruecos había paralizado.

En el documento, rubricado por el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, España ratificaba su "resolución de descolonizar el territorio del Sáhara Occidental poniendo término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio como potencia administradora".

Asimismo, España se comprometía a proceder "de inmediato a instituir una Administración temporal en el territorio en la que participarán Marruecos y Mauritania, en colaboración con la Yemáa", la Asamblea creada en 1967 por las autoridades españolas para ayudar en la administración", a la que serían transmitidas todas las "responsabilidades y poderes".

Como resultado de ello, se previó la designación de "dos gobernadores adjuntos, a propuesta de Marruecos y Mauritania, a fin de que auxilien en sus funciones al gobernador general del territorio" y se estipuló que "la terminación de la presencia española en el territorio se llevará a efecto definitivamente antes del 28 de febrero de 1976", es decir, apenas tres meses y medio después.

El punto más controvertido de la declaración conjunta es el tercero: "será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemáa". Aquí, los expertos coinciden en denunciar que en ningún momento se preguntó a los saharauis qué querían, algo que se mantiene a día de hoy, ya que pese a que posteriormente se comprometió la celebración de un referéndum de autodeterminación, este sigue sin haberse producido.

MALESTAR EN ALGUNOS SECTORES

El acuerdo con Marruecos y Mauritania no era del agrado de todos en el Gobierno español, en un momento en que el Príncipe Juan Carlos había tenido que asumir como jefe de Estado en funciones ante la convalecencia de Franco --que terminaría falleciendo el 20 de noviembre-- y el país se preparaba para la transición tras casi 40 años de régimen franquista.

Así lo recoge la CIA en un informe de inteligencia del 15 de noviembre de 1975, al día siguiente de la cita en Madrid. Un alto cargo que había participado en la negociación trasladó a la Embajada estadounidense que era "un mal acuerdo" pero que había sido "necesario por la demostrada incapacidad de la ONU para evitar que la situación degenerara en una guerra".

Según dicho documento, consultado por Europa Press, en el Gobierno español preocupaba la reacción de Argelia, ya que era su principal suministrador de gas natural --sigue siéndolo a día de hoy-- y Argel había dejado claro en todo momento que era partidario de la autodeterminación del Sáhara Occidental. Sin embargo, "Madrid aparentemente prefirió arriesgar su suministro energético en lugar de verse inmerso en hostilidades" en su colonia, subraya el informe.

Por otra parte, Washington tenía claro quién había salido más beneficiado de lo acordado: "El acuerdo es una victoria para el rey Hassán II, que desde hace tiempo ha buscado anexionarse al menos una parte del Sáhara español". Además, el informe ya auguraba lo que finalmente ocurrió, que Marruecos y Mauritania se repartirían la antigua colonia española una vez que salieran las autoridades españolas.

Así, vaticinaba que como coadministradores, y teniendo en cuenta que el presidente de la Yemáa ya había desertado a Marruecos --donde llegó el 5 de noviembre a rendir pleitesía al monarca alauí--, el resultado de las consultas terminaría siendo "una decisión para partir el territorio, dando a Marruecos la región norte, rica en depósitos de fosfato, y a Mauritania el sur, con mineral de hierro".

ANEXOS SECRETOS

Por otra parte, también generó malestar y dudas el hecho de que la declaración fuera acompañada por cuatro anexos cuyo contenido no se hizo público inicialmente y que hacían referencia principalmente a cuestiones económicas relacionadas con el Sáhara Occidental. Finalmente, parte de su contenido trascendió al ser publicado por la revista 'Interviú' a principios de 1978.

Entre otras cosas, Marruecos y Mauritania reconocían "derechos de pesca en las aguas del Sáhara a favor de 800 barcos españoles, por una duración de 20 años y en las mismas condiciones actuales, salvo el canon a ser abonado a partir del sexto año", ya que durante los cinco primeros los barcos españoles estarían exentos.

"Para los quince años siguientes abonarán un canon que será el más favorable posible concedido a cualquier país tercero con una rebaja convenida", y que debía fijar una comisión mixta integrada por los tres países antes de que comenzara el sexto año, según constaba en el primer anexo.

En sendos anexos firmados por separado con Marruecos y Mauritania, se concretaba sendos acuerdos pesqueros en sus aguas territoriales. En el caso marroquí, se autorizaba a faenar a un máximo de 600 barcos en sus aguas en "la costa atlántica actual" y a otros 200 en sus aguas en el Mediterráneo, suministrando anualmente el listado. En el caso de Mauritania, autorizaba a faenar en sus aguas territoriales a 200 barcos españoles, igualmente mediante la entrega de una lista previa.

En el caso concreto de Marruecos, también se acordó la creación de 'joint venture' para la exploración mieralógica y la participación de España con el 35% en las eventuales sociedades que pudieran surgir de la misma. Además, el cuarto anexo recogía la adquisición por parte del reino alauí del 65% de Fos Bucraa, la minera encargada de la extracción de los fosfatos en el Sáhara, pagando por las acciones en función a su valor a fecha del 31 de diciembre de 1975.

LEY PARA LA DESCOLONIZACIÓN DEL SÁHARA

Tras la firma del Acuerdo Tripartito, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley para la Descolonización del Sáhara, que se publicó en el BOE el 20 de noviembre de 1975, el día que falleció Franco. De artículo único, el texto "autoriza al Gobierno para que realice los actos y adopte las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sahara, salvaguardando los intereses españoles".

Durante su defensa de la misma, el ministro de la Presidencia, Antonio Carro Martínez, dejó claro que "el Sáhara es de España pero el Sáhara no es España". La calificación formal de provincia "no fue en ningún momento un empeño asimilacionista" sino que "Franco siempre manifestó el deseo de respetar la libertad y el señorío de los saharauis".

Fue "un magnánimo intento de situar a los saharauis en un plano de estricta igualdad jurídica, con todos los ciudadanos españoles", abundó el ministro que quiso dejar claro que la ley --que salió adelante por 345 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones-- "no atañe ni a la soberanía ni a la integridad del territorio nacional" de España puesto que "el Sahara ni está sujeto a soberanía ni forma parte integrante del territorio nacional".