Agentes dicen que se llevaron más información de la autorizada en el registro al fiscal porque era imposible filtrar

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han declarado este miércoles en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en los registros de su despacho y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se llevaron más información de la autorizada por el juez porque técnicamente era imposible filtrar antes de copiar.

Así se han pronunciado en la quinta jornada de la vista oral que se celebra en el Tribunal Supremo (TS) contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Se trata de ocho agentes de la UCO que participaron en los registros que se llevaron a cabo de forma simultánea, durante más de diez horas, en los despachos de García Ortiz y Rodríguez el 30 de octubre de 2024 por órdenes del magistrado instructor, Ángel Hurtado.

Los uniformados han explicado que copiaron toda la información contenida en los teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y cuentas de correo electrónico que encontraron, a pesar de que el auto que autorizaba los registros fijaba el límite temporal entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024. Posteriormente, el propio magistrado acotó dicho periodo hasta el 14 de marzo de ese año.

A preguntas de las acusaciones, los agentes han expuesto que copiaron todo el contenido porque técnicamente era imposible volcar solo la información contenida en ese límite temporal, si bien alguno ha aclarado que ese cribado se hizo posteriormente, a la hora de seleccionar la información.

En concreto, han indicado que en el despacho de García Ortiz copiaron el contenido de dos teléfonos móviles --el personal y el de trabajo, que desde Fiscalía General del Estado (FGE) se avisó de que se acababa de cambiar--; un disco duro con copia de seguridad del ordenador de sobremesa, que también se advirtió de que se había cambiado recientemente; y tres cuentas de correo electrónico, dos oficiales y una personal.

Sobre este registro, han puntualizado que el ordenador de sobremesa también se revisó y en esa búsqueda sí se seleccionaron archivos, aunque no han sabido concretar si limitados a ese marco temporal.

Interrogados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado --en defensa del fiscal general-- acerca de la actitud que mantuvieron tanto éste como el personal de la FGE, los agentes han confirmado que adoptó una "actitud colaboradora", facilitando incluso contraseñas.

Del despacho de Rodríguez, han especificado que recabaron la información de dos teléfonos móviles --el personal y el de trabajo--, del ordenador de sobremesa y de cuatro cuentas de correo electrónico.

"HABRÍA LLEVADO SEMANAS"

El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha puesto de relieve que, al no acotar los volcados de los dispositivos electrónicos encontrados a las fechas indicadas, los agentes se llevaron "7 meses y 22 días" de información. Y, en el caso de Rodríguez, que estuvo procesada pero finalmente fue exonerada por la Sala de Apelación, ha subrayado que su móvil personal guardaba datos desde 2018.

"Entonces, ¿no acataron el límite temporal?", ha cuestionado Ocio. "En la medida de lo posible había que hacer eso, pero si técnicamente no se puede, se hace lo que hicimos", ha contestado un agente.

Otro uniformado ha precisado que, en lo tocante a los correos electrónicos se podría haber hecho el cribado exigido "imprimiendo correo a correo", si bien ha advertido de que "eso habría llevado semanas".

Según ha recordado Ocio, esto provocó que él mismo se quejara al final del registro del "carácter desproporcionado de la documentación que se estaban llevando" del despacho del fiscal general.

"NO HACEMOS INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS"

Tras las declaraciones de los agentes que participaron en las entradas y registros y en las actuaciones de volcado, han comparecido los autores de los informes que la UCO aportó al procedimiento, incluido el que sostiene que el fiscal general tuvo una "participación preeminente" en la filtración sobre el novio de Díaz Ayuso.

En esta parte del interrogatorio es en la que se han producido más choques, en particular con la defensa, toda vez que los agentes han ratificado las conclusiones de sus informes, en los que sostienen que García Ortiz filtró la información relativa a González Amador, y la Abogacía del Estado ha asegurado que se basan en "meras inferencias".

La defensa ha afeado que la Benemérita no tuviera en consideración que más de 500 personas tuvieron acceso a la documentación relativa a González Amador y no indagara en más sospechosos que el fiscal general. Uno de los agentes ha contestado de forma tajante: "Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas (...) Esto se centra en las personas sobre las que hay indicios".

Al hilo, el agente ha recalcado que si la Fiscalía no abrió una investigación interna para indagar en la filtración ni le transmitió a la UCO ninguna sospecha es porque estaría "todo normal". "Lo que usted marca es una investigación prospectiva imposible de abarcar", ha añadido, para luego incidir en que llevaba investigando en el Cuerpo desde 1999.

COPIA COMPLETA Y LUEGO "EXPURGO"

Cuando han terminado de declarar los agentes, el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha intervenido para pedirles que aclararan una cuestión relativa a los volcados que ha ocupado gran parte de los interrogatorios: si cuando se hacen volcados de dispositivos móviles es necesario copiar "todo" mientras que en el caso de los ordenadores se puede "segmentar".

Los uniformados han explicado que algunas "herramientas forenses" permiten segmentar o seleccionar los datos que se van a volcar, "pero no todas". "Y no siempre se puede hacer eso", han precisado.

En esta línea, han indicado que lo que suelen hacer en la UCO es realizar una "copia completa" por si hubiese cualquier duda y luego se realiza un "expurgo", es decir, se deja fuera todo el material que no interese en la causa o que no haya sido señalado por el magistrado instructor.