Las organizaciones internacionales Congreso Mundial Uigur (World Uyghur Congress, WUC) y Don't Fund Russian Army (DFRA) han presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra las compañías Huawei Technologies, Hikvision y Dahua Technology, así como contra sus filiales en España, por su presunta colaboración en el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la minoría uigur en la región autónoma china de Xinjiang.
La acción judicial se apoya en el principio de jurisdicción universal previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar que los hechos denunciados afectan a bienes jurídicos esenciales reconocidos por la comunidad internacional y que las empresas implicadas habrían contribuido de manera decisiva al sostenimiento tecnológico del "aparato represivo del Estado chino".
El Congreso Mundial Uigur (WUC), con sede en Múnich, representa a la diáspora uigur y actúa ante tribunales y organismos internacionales para la persecución de los crímenes cometidos en Xinjiang. Por su parte, la ONG ucraniana Don't Fund Russian Army (DFRA) centra su labor en la investigación y denuncia de redes de financiación o colaboración empresarial con regímenes responsables de violaciones graves de derechos humanos.
Ambas entidades actúan en España en calidad de acusación popular, con la finalidad de promover una investigación penal exhaustiva sobre la participación de las empresas tecnológicas chinas en las políticas de represión y control poblacional que, según denuncian, desde 2014 han derivado en internamientos masivos, trabajos forzados y vigilancia digital intensiva sobre el pueblo uigur.
REQUERIMIENTOS AL CNI Y LA AGENCIA TRIBUTARIA
La querella, firmada por el abogado Víctor Manuel Soriano i Piqueras, imputa a las citadas empresas un presunto delito de colaboración con organización terrorista y de lesa humanidad, por haber suministrado tecnología de videovigilancia y reconocimiento facial utilizada por las autoridades chinas para la identificación, seguimiento y represión sistemática de la población uigur.
Según la documentación aportada, las empresas querelladas habrían participado en contratos de colaboración público-privada con el Gobierno chino por valor de más de mil millones de dólares, destinados a la instalación de redes de cámaras, algoritmos de detección étnica y sistemas de control biométrico en los denominados "centros de reeducación" y en áreas urbanas de Xinjiang.
La querella detalla además la relación de estas corporaciones con filiales operativas en España, que podrían haber intervenido en la canalización comercial y financiera de los sistemas tecnológicos empleados en la represión. Entre las diligencias solicitadas figuran informes periciales de organismos públicos españoles, requerimientos de documentación al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Agencia Tributaria, y la declaración de las sociedades y de sus representantes legales en calidad de investigados.
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