
Esquerra Republicana y Bildu defienden que los ex altos del Gobierno y los exdiputados y exsenadores no puedan actuar en representación de grupos de interés en el Congreso hasta que hayan cumplido cuatro años fuera de esos puestos y plantean esta medida como un modo de evitar las llamadas "puertas giratorias" entre el sector público y el privado.
Este es uno de los objetivos que persiguen los dos partidos socios del Gobierno de coalición con el paquete de enmiendas que han presentado juntos a la proposición de ley de Reforma del Reglamento del Congreso que se tramita en la Cámara para regular la actividad de los 'lobbies' en sede parlamentaria.
La iniciativa, impulsada por el PSOE, recoge que quien haya sido miembro de las Cortes o haya tenido un alto cargo gubernamental tendrá vetada esta actividad durante los dos primeros años de su salida de ese puesto. Pero ERC y Bildu consideran insuficiente ese lapso temporal y apuestan por doblarlo.
Según explican en su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, de esta forma se refozarán "las garantías de integridad y se prevén posibles conflictos de interés", se asegura un "marco más ético y transparente en la relación entre el sector público y los grupos de interés", se da respuesta a la demanda ciudadana para evitar las "puertas giratorias" y se avanza en las recomendaciones internacionales en materia de buen gobierno y lucha contra la corrupción.
TODOS LAS PERSONAS INFLUENCIABLES
Por su parte, el PNV no cuestiona los dos años que figuran en la iniciativa del PSOE pero sí quiere ampliar el espectro de quienes no podrán hacer lobby en el Congreso a todo el "personal público subceptible de influencia" según el proyecto de ley que regula la actuación de los grupos de interés que el Congreso tramita en paralelo a la reforma de su reglamento.
En concreto, el artículo 3 de la Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, considera influenciables a miembros de los gabinetes que prestan funciones de confianza o asesoramiento especial al Gobierno así como al personal directivo público y el resto del personal de la Administración General del Estado y de su sector público institucional que participe en la toma de decisiones públicas, en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y en la ejecución de las políticas públicas.
Es decir, los nacionalistas vascos quieren vetar la actividad lobista en el Congreso a todos los citados además a los exdiputados y exsenadores durante los dos años siguientes a su salida de esos cargos.
Por su parte, el PP ha registrado una enmienda dedicada a los exdiputados que realicen actividades de representación de intereses o de representación de carácter general directamente relacionadas con el proceso de decisión del Congreso.
Lo que reclaman es que tengan que informar de esta actividad a la Cámara y que no se puedan beneficiar, "a los exclusivos efectos de la actividad de influencia" y durante el periodo en el que la ejerzan, de "las prerrogativas concedidas a los antiguos diputados de conformidad con la normativa establecida al efecto por la Mesa y sin perjuicio de lo establecido en el periodo de incompatibilidad".
DEJAR FUERA AL TEJIDO ASOCIATIVO SIN ÁNIMO DE LUCRO
De su lado, Junts ha enmendado esta reforma del reglamento para, entre otras cosas, dejar claro que la actividad de influencia que pretende regular en el ámbito parlamentario debe realizarse "de manera profesional".
También PNV, ERC, Bildu y BNG buscan afinar la proposición de ley para dejar a las entidades del tejido social y asociativo sin ánimo de lucro fuera de esta regulación, de manera que puedan mantener contactos con grupos parlamentarios sin necesidad de inscribirse en el Registro de lobbies que se quiere crear.
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