El juez admite a García Castellón y Aldama como acusaciones contra Leire Díez al considerarlos "víctimas o perjudicados"

El juez que investiga el 'caso Leire Díez' ha aceptado que el magistrado jubilado Manuel García Castellón y el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', ejerzan como acusaciones particulares contra la exmilitante socialista, ya que entiende que pudieron ser "víctimas o perjudicados".

A través de un auto de este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor Arturo Zamarriego da el visto bueno "al justificarse su condición de víctimas o perjudicados de los hechos objeto de investigación en las presentes, en particular, la búsqueda de información y difusión de la misma respecto a ambos perjudicados".

Tanto Aldama como García Castellón pidieron al juez a finales de octubre que les tuviera como personados en el caso que dirige en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid contra Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

En esta causa, el juez considera que Díez "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

García Castellón indicó en su escrito que la exmilitante socialista, citada a declarar el próximo 11 de noviembre, "buscaba información en su contra" e hizo "afirmaciones falsas para dañarle".

El que fue magistrado instructor de la Audiencia Nacional indicaba que ha tenido conocimiento por noticias de prensa que Díez "presuntamente buscaba información en contra" suya, "difundiendo afirmaciones falsas para dañarle".

"Se desprende por tanto que la investigada presuntamente difundió informaciones presuntamente falsas y todo con la finalidad de menoscabar el honor y la buena e intachable imagen del magistrado", señalaba García Castellón.

EN LA DENUNCIA DEL FISCAL STAMPA

El nombre del juez jubilado aparece en la denuncia que el fiscal Ignacio Stampa presentó ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid después de la reunión que mantuvo el pasado 7 de mayo con la exmilitante del PSOE y el empresario Pérez Dolset.

Según Stampa, no le propusieron "ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa", pero sí le preguntaron "en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades" que pudiera conocer "de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García Castellón".

El fiscal expuso en la denuncia que también aludieron al 'caso Villarejo' y que Pérez Dolset manifestó que García Castellón, que fue el juez instructor de esa causa, "le entregó dispositivos intervenidos al excomisario José Manuel Villarejo en el marco del asunto con el fin de que los desencriptara". Según el fiscal, el empresario afirmó "haberlo conseguido".

ESCUCHAS ILEGALES

Por su parte, De Aldama solicitó al juez que investiga que le permitiera personarse al entender que pudo ser víctima de una interceptación ilegal de las comunicaciones entre él y su abogado, José Antonio Choclán, mientras estuvo en prisión provisional por el 'caso hidrocarburos'.

De Aldama se apoyó en unos documentos que constan en la causa y que habría elaborado el agente de la Guardia Civil Rubén Villalba --investigado en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo'-- como acta de su reunión con Díez. En concreto, resaltaba unos extractos donde reflejaba el "interés" de ella en él "para que hable de Aldama".

"Confirma una preocupación importante con Aldama, ya que está contando tantas cosas que eso podría crear un problema sumamente grave y que se llegue a donde nadie quiere que se llegue, ni a nadie le interese que se llegue", señalaba Villalba, según recogía el escrito del empresario.

Además, el agente hacía alusión a que Díez aseguraba tener conversaciones grabadas de De Aldama con sus abogados sobre sus negocios en el sector de los hidrocarburos. "También que tienen una conversación de Aldama con un moro diciendo que traiga petróleo a España", indicaba Villalba.

Y el escrito exponía que "Aldama recibió durante su estancia en prisión una sospechosa visita de quienes se hicieron pasar por miembros de la UCO (Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil), coincidiendo con el momento en el que se preparaba en los locutorios de la prisión la estrategia defensiva a seguir (...), tras su decisión de colaborar con la Justicia".

El abogado del empresario señalaba que "la investigación debe aclarar si se han producido escuchas ilegales, sus circunstancias, y determinar quiénes fueron las personas que accedieron a la prisión de Soto del Real para entrevistarse con el señor Aldama, en una sala aislada y sin dejar constancia en los registros internos de la prisión".

A su entender, "Díez debe aclarar cómo, según lo referido a Villalba, pudo escuchar y acceder a una o varias conversaciones confidenciales entre Aldama y su abogado y si esa escucha ilegal determinó la sospechosa visita a que se ha hecho referencia".