Los indicios que ve el TS para querer juzgar a Ábalos por las mascarillas: comisiones, favores a mujeres o Air Europa

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha propuesto llevar a juicio al exministro José Luis Ábalos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia, apuntado como indicios a presuntas comisiones que habría cobrado por esos contratos, la contratación de mujeres de su entorno en empresas públicas o gestiones para empresas como Air Europa.

A través de un auto de este lunes, recogido por Europa Press, el instructor pide a las partes que presenten sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación contra Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Les atribuye presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación en la pieza principal de los contratos de mascarillas, mientras continúa investigando la pieza separada relativa a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas.

CONCIERTO DE VOLUNTADES

Entre los indicios que aprecia, el magistrado señala que hubo un "pacto", un "concierto de voluntades" entre los tres investigados para "la comisión de sucesivos hechos delictivos".

Puente relata que, al "poco tiempo" de ser Ábalos nombrado ministro, De Aldama conoció a Koldo a través de un hermano del empresario que ejercía como escolta del ministro de Transportes, al que conoció posteriormente y con el que empezó su relación con "diversas gestiones de mayor o menor entidad", como un viaje a México que compartieron.

Y añade que "pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un beneficio económico" de esas relaciones, indica, para agregar que los tres convinieron que "podrían favorecer la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería De Aldama".

Sobre la compra de material sanitario, apunta que Ábalos, en connivencia con ellos, podría haber determinado la adquisición, durante la pandemia y a través de entidades dependientes de Transportes como Puertos del Estado y Adif, de partidas de mascarillas a cambio de recibir una "indebida compensación económica" del empresario.

El juez señala que, con el propósito de garantizar a Ábalos el pago de "comisiones ilícitas", entre otras cosas se concertó en abril de 2019 un contrato de arrendamiento con opción de compra para el entonces ministro de un piso, propiedad de De Aldama y ubicado en el Paseo de la Castellana, que no llegó a pagar ni a ocupar, con un precio de compra --750.000 euros-- "muy inferior al real de mercado".

EL PISO Y LA CONTRATACIÓN DE JÉSICA RODRÍGUEZ

Puente refiere que De Aldama, con el objetivo de obtener del entonces ministro un trato preferente, se habría hecho cargo de ciertos gastos, como el pago del alquiler de un piso ubicado en la madrileña Plaza de España para Jésica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos.

"Dichas rentas resultaron abonadas desde el principio por un socio de De Aldama por orden de éste (hasta un total de 82.248,40 euros) y, tras decidir que se pusiera fin a dichos pagos, en el último período del alquiler las rentas se abonaron por García, a través de cuentas bancarias pertenecientes a personas de su círculo familiar", añade.

A ello añade que Ábalos promovió la contratación de la joven en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, "sin que la misma hubiera de superar ninguna clase de proceso de selección relevante y sin que, con pleno conocimiento de aquéllos, acudiera ni un solo día a sus respectivos centros de trabajo ni prestara tampoco en ellos actividad profesional de ninguna naturaleza" pero sí cobrara.

Y menciona que Ábalos y García también promovieron la "arbitraria contratación" de Claudia Montes en la empresa pública Logirail y que "sí acudió regularmente a su puesto de trabajo".

GESTIONES PARA AIR EUROPA Y OTRAS EMPRESAS

Igualmente, el magistrado señala que De Aldama asesoraba a Air Europa cuando Ábalos, "sirviéndose de su asesor, pudo promover por encargo" del empresario "la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio, emitida el día 8 de agosto de 2020, mostrándose partidario y expresando el progreso de las gestiones para que dicha mercantil obtuviera" el rescate público en pandemia.

A cambio, Ábalos "podría haber obtenido el gratuito disfrute de un chalet vacacional en Marbella para sí mismo y para su familia durante varios días" de aquel verano y el dinero empleado para pagarlo procedería de Aldama "o de la empresa cuyos intereses éste representaba y habría sido entregado como gratificación", expone.

Esas no son las únicas "gestiones" que el juez atribuye a Ábalos, ya que enumera otras en favor de la empresa de hidrocarburos Villafuel por las que disfrutó del chalet de 'La Alcaidesa', en la costa de Cádiz; para el fraccionamiento de una deuda con Hacienda que mantenía una empresa de De Aldama, y para certificados de movilidad a conocidos para eludir las restricciones de la pandemia.

PAGOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

Puente hace hincapié en que De Aldama comenzó, "al menos desde octubre de 2019", a abonar en metálico a García 10.000 euros mensuales, "pagos que se habrían prolongado, al menos, hasta 2021" y que realizaba "personalmente" el empresario al entonces asesor ministerial, "en algunas ocasiones en presencia de Ábalos, repartiendo después su importe entre ellos estos dos últimos".

En este sentido, el instructor apunta que, en alguna ocasión, De Aldama no tenía efectivo para poder efectuarlos en España y "se convino que los pagos se realizaran en la República Dominicana", donde "sí disponía de dinero metálico bastante para afrontarlos".

"A cuyo fin se desplazaba a dicho país para recoger el dinero en nombre de García una tercera persona" en "al menos dos ocasiones" en 2021, expresa.

LAS DECLARACIONES DE ALDAMA NO SON "AUTOEXCULPATORIAS"

El magistrado aprovecha el auto para recalcar que las declaraciones prestadas a lo largo del caso por De Aldama son "relevantes en muchos casos para el esclarecimiento de lo que pudo haber sucedido", pero "en absoluto resultan autoexculpatorias".

"Muy al contrario, De Aldama acepta de forma inequívoca que él mismo entregaba el dinero, tanto las cantidades periódicas como los premios relativos a concretas contrataciones, a García para su posterior reparto con Ábalos, asumiendo su propia responsabilidad en los hechos y en el desarrollo de un acuerdo general con aquellos dos", indica.

El magistrado concluye que las "declaraciones incriminatorias" del empresario "aparecen, en cada uno de sus aspectos esenciales, indiciariamente corroboradas por otros resultados de la investigación".