
El Tribunal Supremo (TS) juzgará a partir del lunes por presunta revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo hará en la Sala de lo Penal, que a lo largo de su historia ha acogido desde el juicio a la Mesa Nacional de Herri Batasuna a vistas teatralizadas para niños. Está previsto que 50 personas acudan de público cada día y que más de 200 periodistas den cobertura informativa a las sesiones pero, a diferencia del juicio del 'procés', no se retransmitirá en directo.
El juicio comenzará a las 10:00 horas y se extenderá, previsiblemente, durante seis sesiones de mañana y tarde hasta el 13 de noviembre. Además de García Ortiz, comparecerá como querellante Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y a la lista se sumarán unos 40 testigos, entre fiscales, responsables de prensa del Ministerio Público, políticos, abogados, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y periodistas.
García Ortiz llega al juicio acusado de haber cometido un delito de revelación de secretos por, presuntamente, facilitar a la 'Cadena SER' el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía, en el que ofrecía que la pareja de Díaz Ayuso reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar su ingreso en prisión.
EN COCHE OFICIAL DESDE LA FISCALÍA GENERAL
El jefe del Ministerio Público acudirá al Supremo con escoltas y en coche oficial desde la sede de la Fiscalía General, en la calle Fortuny de Madrid, tal y como hizo el día que declaró como investigado ante el magistrado instructor, Ángel Hurtado. Al igual que en aquella ocasión, entrará por la puerta principal, reservada a las autoridades.
Por su parte, sus letrados --los abogados del Estado José Ignacio Ocio y Consuelo Castro-- llegarán por su cuenta y entrarán por el acceso de la calle de Marqués de la Ensenada para luego encontrarse con García Ortiz en el interior del alto tribunal.
Durante el juicio, su defensa tiene previsto solicitar que el fiscal general siga las sesiones desde los estrados, sentado con toga al lado de sus abogados, incluso el día que le toque declarar, según han indicado las fuentes consultadas.
El tribunal tendrá que decidir si accede a la petición o si obliga a García Ortiz a sentarse en el banquillo de los acusados. Ya en su declaración como investigado en la Sala de Aforados el pasado enero, el magistrado instructor permitió que el jefe del Ministerio Público declarase desde los estrados, junto a su abogado.
LA SALA DE PAREDES ROJAS: DE BATASUNA A PUIGDEMONT
Esta vez, su declaración tendrá lugar una planta más arriba, en la Sala de lo Penal. Así lo adelantó la propia presidenta del Supremo, Isabel Perelló, a los alumnos de primaria que inauguraron la jornada de puertas abiertas del tribunal el pasado octubre.
"¿Qué os parece? Deciros que esta es la Sala Segunda, donde se hacen juicios de verdad...", explicó Perelló a los alumnos justo antes de que celebraran un juicio teatralizado. "¿Juicios de verdad?", preguntó uno de los alumnos, a lo que la presidenta contestó: "Sí, sí, se va a hacer uno próximo que es muy famoso, que es el del fiscal general del Estado".
La Sala de lo Penal está presidida por los estrados tallados de madera de caoba pura de Cuba ante los que se sentarán los siete magistrados que juzgarán a García Ortiz. Y, sobre sus cabezas, una inscripción: 'JUSTITIA'. En los laterales, destaca el rojo de la seda de Damasco con la que están forradas las paredes, varios candelabros y cinco ventanales. En el otro extremo de la estancia, justo frente al tribunal, el cuadro 'Cristo crucificado', del artista barroco Alonso Cano. Y todo bajo los techos, también de madera tallada, que se colocaron en la reconstrucción del Supremo tras el incendio de 1915.
A la derecha de los magistrados se extienden los asientos que ocuparán las acusaciones. El más cercano al tribunal será el abogado del novio de Díaz Ayuso --que ejerce la acusación particular--, junto al que se sentarán, por este orden, las acusaciones populares que ejercen el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Foro Libertad y Alternativa --unificada con Vox y Hazte Oír--, Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). A la izquierda de sus señorías, por su parte, estarán la Fiscalía y la Abogacía del Estado, esta última en defensa de García Ortiz. Tres escalones por debajo, se sentará el público en grandes bancos de madera oscura.
Se trata de la misma sala que albergó en 1997 el juicio a la Mesa Nacional de Herri Batusuna, en el que finalmente se condenó a 23 personas por un delito de colaboración con la banda terrorista ETA. En ella, también se juzgó al entonces juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, que acabó condenado por un delito continuado de prevaricación judicial y expulsado de la carrera por 15 años.
Esta sala también acogió el juicio por el que en 2017 se condenó al dirigente del PDeCat Fracesc Homs por un delito de desobediencia por la consulta del 9N, lo que conllevó que perdiera el escaño que tenía en el Congreso. En 2021, se juzgó a Alberto Rodríguez (Podemos), que perdió el acta de diputado tras ser condenado por darle una patada a un policía. Y, en 2022, se juzgó a la exdiputada de la CUP en el Parlament Eulalia Reguant por no contestar a Vox en el juicio del 'procés'.
A principios de este año, consta el juicio contra el senador del PP José Manuel Baltar por conducir a más de 200 kilómetros por hora en la autovía A-52 en abril de 2023. En marzo, por su parte, tuvo lugar la vista pública por los recursos de apelación presentados por la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig contra la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicarles la amnistía al delito de malversación que se les atribuye por el 1-O.
HACER COLA PARA VER EL JUICIO
En esta ocasión, está previsto que más de 200 periodistas de 59 medios de comunicación den cobertura al juicio del fiscal general. Fuentes del alto tribunal consultadas por Europa Press, precisan que están acreditados dos medios internacionales --AFP y Reuters-- y 57 medios nacionales, entre ellos, 19 digitales, 16 cadenas de televisión, 10 emisoras de radios, ocho periódicos y cuatro agencias de noticias.
A la sala solo podrán entrar 20 redactores y las primeras 50 personas que se acerquen a hacer cola para presenciar el juicio como público; el resto de los periodistas tendrán que seguir las sesiones desde los espacios habilitados en la biblioteca y en el salón de actos del tribunal a través de una señal interna.
A diferencia del juicio del 'procés', en el que durante 52 sesiones repartidas en cuatro meses se emitió por 'streaming', esta vez no habrá señal en directo en la web del Poder Judicial. Los medios tampoco podrán emitir la vista en tiempo real ni en diferido, por orden expresa de la Sala de lo Penal.
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