JJpD afirma que el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal es "imprescindible" y es una demanda histórica

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Edmundo Rodríguez Achútegui, ha afirmado que el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros es "imprescindible", responde a un demanda histórica y pondría el proceso penal en España "a nivel europeo".

Además, ha destacado que el anteproyecto lo elaboró Alberto Ruiz Gallardón (PP) cuando era ministro de Justicia, y que el proyecto incorpora muchas aportaciones de juristas, Fiscalía, Abogacía, Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial (CGJP).

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Rodríguez Achútegui ha señalado que la reforma de la Ley era "imprescindible". "Llevamos casi 50 años con la Constitución aprobada, seguimos con un procedimiento penal en el que existen muchos resabios inquisitivos de la anterior forma de entender las cosas", ha precisado.

En este sentido, ha recordado que "se han ido produciendo avances para abandonar esa forma de entender el proceso penal en la Ley de Menores, se ha avanzado con la Ley del Jurado y se ha avanzado con la Fiscalía Europea", mientras que, "hoy en día, el proceso penal sigue siendo como antes de que se aprobara la Constitución".

"Tenemos un juez de Instrucción que decide cómo, dónde, hasta dónde y a qué personas se investiga. Eso ahora mismo solo lo puede controlar el sistema de recursos y se quiere cambiar eso, y pasar de un sistema en el que el juez de Instrucción es prácticamente omnipotente, a otro en el que va a haber un juez de garantía", ha indicado.

En este sentido, ha defendido que sea la Fiscalía la que investigue con el auxilio de la Policía Judicial, como prevé el proyecto de Ley. "Las ventajas que aporta son la garantía de los derechos fundamentales de las partes en el proceso, es decir, si la Fiscalía tiene que recabar los indicios de que se ha cometido un delito, con el auxilio de la Policía, y entiende que una determinada persona o varias han cometido uno o varios delitos, tiene que recabar los indicios suficientes para que, una vez que se muestran al juez de garantías, este decida si hay fundamento o no para esa acusación", ha explicado.

De esta manera, ha dicho que, "si no hay fundamento, va a rechazar la acusación y la investigación no va a seguir adelante", y si lo hay, el juez, "que no ha intervenido en la Instrucción, que no viene determinado por sus propias convicciones que le han llevado en la investigación en una línea u otra, y que, por lo tanto, es absolutamente imparcial, determinará que se abra o no el proceso". "El avance es sustancial", ha aseverado.

La modificación legal, tal como ha puntualizado, permite "abandonar la figura del juez inquisitivo, que puede investigarlo todo, a todos y en cualquier momento".

Edmundo Rodríguez Achútegui ha asegurado que "había mucho consenso en la comunidad jurídica sobre que había que cambiar la forma de entender el proceso penal". "Lo que pasa es que hoy en día todo se pasa inmediatamente por el matiz de la política", ha señalado.

Tras subrayar que es una "demanda antigua", ha manifestado que "algunos" entienden que esta reforma responde a "un impulso político para no se sabe qué", cuando "el anteproyecto que dio lugar al actual proyecto que se ha aprobado el Consejo de Ministros, lo elaboró Ruiz Gallardón, un ministro del PP, y ha tenido aportaciones de muchas juristas, de la Fiscalía, de la Abogacía, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, que se han asumido".

"A NIVEL EUROPEO"

Por ello, ha dicho que, si sale adelante, pondría el proceso penal en España "a nivel europeo, y modernizaría e incrementaría las garantías de las partes, que es lo fundamental: tener un proceso garantista, que en la actualidad se trata de sacar adelante con los instrumentos legales que se tienen, que son los de una ley del siglo XIX".

Según ha explicado, este proyecto de Ley dota de "armas semejantes a la parte acusadora, que es la Fiscalía Investigadora, y a la defensa", para que un juez, que "no ha estado encima del proceso y no viene mediatizado por su propia convicción", adopte una decisión.

"Es un espectador imparcial, es un juez de garantías, que va a tratar de preservar los derechos, no solo de la parte acusadora, sino también de la defensa. Mejoramos en calidad procesal, indudablemente, porque tenemos a un juez absolutamente independiente", ha reiterado.

GARANTÍAS DE INDEPENDENCIA

El magistrado ha recordado que, en la actualidad, la Fiscalía "se rige por el principio de jerarquía, pero existen mecanismos para garantizar su independencia y, además, se han ampliado con la presentación de este proyecto de Ley".

"En primer lugar, porque como pedía la Comisión de Venecia, el Fiscal General, una vez que lo nombre el Gobierno, no va a tener la misma duración en su mandato que la del Gobierno de turno, porque se han modificado para que no coincidan, de manera que va a haber gobiernos que se encuentren un Fiscal General nombrado por otro anterior", ha apuntado.

Asimismo, ha dicho que lo que establece la reforma del proyecto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que acompaña a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es que "en ningún caso" el Ejecutivo "puede dar instrucciones sobre asuntos concretos a la Fiscalía General".

"Por otro laso, los fiscales, cuando no están de acuerdo con una orden que le ha dado el superior, pueden plantear la cuestión ante la Junta de Fiscales, y esta puede desautorizar lo que haya dicho el Superior", ha añadido.

También ha explicado que, además de la Fiscalía, "las víctimas siguen teniendo el derecho de acusar", y se sigue manteniendo la figura de la acusación popular, mientras se dan garantías "para que no se pueda utilizar de forma interesada el proceso penal".

En cuanto a la acusación popular en concreto, ha resaltado que el proyecto de Ley incorpora una petición del Consejo de Estado de que esta tenga "algún vínculo legítimo con lo que se está investigando". "Eso permitirá atajar algunos abusos por parte de algunos grupúsculos profesionales del ejercicio de la acción popular, que lo que pretenden es utilizar el proceso penal como un fin distinto de aquel para el que es. El proceso penal lo que pretende es perseguir delitos, no ser utilizado como arma de arrojadiza en el debate partidista", ha incidido.

Edmundo Rodríguez Achútegi ha recordado que el proyecto de Ley, tal como está previsto, no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2028. De aprobarse, ha considerado que la Fiscalía "va a necesitar que se incremente el número de efectivos que se dediquen a la persecución de los delitos, que se habilite mayor colaboración con la Policía Judicial, vamos a tener que tener fiscales en las comisarías, como pasa en el resto de los países de Europa".